Haití: violencia de bandas, atisbo electoral y una infancia rehén
En un centro de salud de Puerto Príncipe, Haití, se realizan pruebas de desnutrición a niños.
© WFP/María Gallar
Por Selodi Gasan Adie
Mientras los grupos armados buscan controlar la economía y las instituciones, la ONU reporta avances de seguridad y un intento por celebrar elecciones, en medio de una crisis humanitaria que golpea con especial dureza a la niñez.
El país caribeño vive un momento crítico donde la oscuridad de la violencia de las bandas armadas se enfrenta a una tenue y cautelosa esperanza de recuperación. Mientras las calles de Puerto Príncipe y otras regiones son escenario de una guerra por el control territorial y económico, las autoridades y la comunidad internacional intentan establecer las bases para un futuro estable.
Las bandas buscan controlar el Estado y su economía
En una escalada preocupante, las pandillas haitianas han trascendido la conquista de territorios para intentar controlar las arterias económicas y las instituciones del país. Según advirtieron altos oficiales de la ONU ante el Consejo de Seguridad, los grupos criminales compiten por dominar las rutas de transporte, el suministro de combustible y la distribución de alimentos, imponiendo peajes y extorsiones que refuerzan su autoridad sobre las comunidades.
La expansión de estas redes no se limita a la capital; se ha extendido hacia departamentos como Artibonite y el Centro, donde comunidades que antes sufrían menos violencia ahora enfrentan secuestros y reclutamiento forzado.
Esta crisis tiene una dimensión regional crítica. El flujo de armas de fuego de uso militar y el narcotráfico utilizan a Haití como centro de almacenamiento y logística para transportar cocaína por el Caribe. Para desmantelar este ecosistema, la ONU ha pedido reforzar los controles fronterizos, las investigaciones financieras y la cooperación regional, advirtiendo que «cada pandilla desmantelada hoy será reemplazada mañana si permanecen intactos los mercados ilícitos».
Elecciones bajo el fuego: un calendario incierto
En medio de esta vorágine de violencia, Haití busca restablecer sus instituciones democráticas, sumidas en el vacío de poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Se han dado pasos clave, como la aprobación de un decreto electoral revisado y el inicio del registro de votantes, con la esperanza de celebrar una primera vuelta antes de que termine 2026 y que un nuevo presidente asuma en febrero de 2027.
Sin embargo, el proceso electoral está profundamente condicionado por la seguridad. Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de la ONU, subrayó que, aunque la seguridad es indispensable, «los problemas de seguridad no deben convertirse en una razón para retrasar el proceso político». Los preparativos electorales y las mejoras en la seguridad deben avanzar en paralelo.
En este contexto, el inicio de las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) marca un punto de inflexión. Esta fuerza internacional, respaldada por la ONU, ha comenzado a patrullar Puerto Príncipe y a expulsar a grupos criminales de puntos estratégicos, reabriendo algunas carreteras clave. No obstante, las pandillas aún conservan una amplia capacidad para aterrorizar a la población, como lo demuestran los recientes ataques en Cité Soleil y otras zonas.
El drama de la niñez haitiana
El rostro más desgarrador de esta crisis lo protagonizan los niños, quienes no son meras víctimas colaterales, sino objetivos directos y herramientas de los grupos armados. La ONU estima que los niños podrían representar más de la mitad de los integrantes de las pandillas.
Durante 2025, la organización verificó 2,088 violaciones graves contra 1,661 niños, incluyendo reclutamiento, asesinatos, mutilaciones y secuestros. Vanessa Frazier, representante especial para los niños y los conflictos armados de la ONU, alertó sobre la situación en los centros de detención de Puerto Príncipe, donde encontró a menores que llevaban años recluidos, algunos sin cargos y sin haber visto a un juez.
La ONU ha instado a revisar estos casos y a aplicar protocolos para entregar a los niños a organismos civiles de protección. Más de 570 menores ya han sido transferidos mediante este mecanismo. Sin embargo, Frazier advirtió que separarlos de las pandillas no es suficiente si no existen programas de acogida, rehabilitación y reintegración, de lo contrario, «el resultado probable será un nuevo reclutamiento».
La crisis multidimensional de Haití (política, de seguridad y humanitaria) se refuerza mutuamente. Será difícil celebrar elecciones creíbles sin una mejora significativa de la seguridad, y los avances en este ámbito serán insostenibles sin instituciones más sólidas y una respuesta a la emergencia humanitaria que afecta a más de la mitad de la población. La comunidad internacional observa con cautela, consciente de que el progreso es posible pero frágil, y que el futuro del país depende de un compromiso sostenido y coordinado para romper este ciclo de violencia y desesperanza.
* Con información de Noticias ONU
⇒ Haití en LoQueSomos
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