Gustavo Petro presenta demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para anular las elecciones presidenciales
Por Agencia LQS
El presidente saliente de Colombia denuncia una «manipulación algorítmica» del voto y una «inverificabilidad estructural» del proceso, apoyándose en 70.000 «testigos digitales». La acción busca anular la victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella.
A menos de tres semanas para el 7 de agosto, el mandatario saliente, Gustavo Petro, ha escalado la crisis poselectoral al presentar formalmente una demanda de nulidad contra los comicios del pasado 21 de junio. El recurso, radicado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, busca dejar sin efecto la Resolución E-3181 del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró ganador al candidato de la ultraderecha.
La demanda, impulsada por lo que Petro denomina «70.000 testigos digitales», se fundamenta en el análisis de metadatos y trazabilidad digital del software de escrutinio. Según el mandatario, este grupo de ciudadanos logró descubrir una presunta «manipulación algorítmica» que habría alterado el voto real de los colombianos. Sin embargo, aunque Petro ha hablado abiertamente de fraude en sus discursos, el texto legal de la demanda se centra en un argumento de «inverificabilidad estructural». Los demandantes sostienen que las autoridades electorales, sin justificación técnica, degradaron los controles de identificación, autenticidad e integridad digital de los formularios E-14 (actas de escrutinio) en comparación con el modelo de 2022, impidiendo así que la ciudadanía y los jueces puedan reconstruir la correspondencia entre las actas físicas y los resultados publicados.
El abogado y exmagistrado Luis Guillermo Pérez, quien ya había visto inadmitida una demanda previa por el Consejo de Estado, ha manifestado que este recurso se sustenta en cuatro cargos principales. Entre ellos, la presunta vulneración del principio de publicidad y falsa motivación, y la inverificabilidad de los resultados. La demanda solicita como medida principal la nulidad total de la elección y, de forma subsidiaria, un nuevo escrutinio o una auditoría judicial sobre las mesas afectadas. Exigen además que la Registraduría y el CNE exhiban los registros de actividad (logs) y documentos técnicos que soporten la integridad de los archivos publicados.
Este movimiento judicial se da en un contexto de máxima tensión política. Petro, en su último discurso público en el sur de Bogotá, insistió en que «el pueblo de Colombia eligió a Iván Cepeda» y amenazó con convocar a una huelga general indefinida si el gobierno entrante deroga sus reformas. La postura del presidente saliente ha sido respaldada por el Pacto Histórico, que pasará a la oposición, pero contrasta con el resultado oficial y la proclamación de De la Espriella, quien ganó por un margen de apenas 251.854 votos (menos del 1% de diferencia) sobre el candidato oficialista.
Expertos en derecho electoral, como la exmagistrada del Consejo de Estado Susana Buitrago, ya han advertido que los argumentos presentados, al no demostrar una alteración real de votos mesa por mesa, podrían enfrentar serios obstáculos para prosperar. La Sección Quinta del Consejo de Estado, que inadmitió una demanda similar hace semanas por no cumplir con los requisitos procesales, será ahora la encargada de decidir el futuro de esta acción. La decisión del tribunal es clave, pues una medida cautelar podría incluso suspender la posesión presidencial, aunque, según especialistas, esto requeriría un nivel de prueba muy elevado desde el inicio del proceso.
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