28 de abril, 1965: Estados Unidos invade a la República Dominicana
Por Daniel Alberto Chiarenza
General Antonio Imbert, “el carnicero de Santo Domingo”
En 1962 Juan Bosch –fundador del Partido Revolucionario Dominicano- regresaba del exilio. El 27 de febrero de 1963 asumía la presidencia. El 23 de septiembre un golpe militar depone a Bosch. El presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy retiró al embajador yanqui en Santo Domingo y suspendió la ayuda económica como medio de presión en favor de un retorno a la constitucionalidad. Pero a los pocos días del asesinato de Kennedy (22 de noviembre de 1963) las relaciones fueron restablecidas y Estados Unidos adoptó una política de apoyo al régimen militar. Lyndon B. Johnson y su equipo no podían –aunque debían en función de la institucionalidad y la no injerencia en países extranjeros- abandonarlos y el dinosáurico sucesor de Kennedy se justificaba en que era necesaria la intervención para evitar “otra Cuba” comunista en el Caribe.
El 24 de abril de 1965 se produce una rebelión popular que depuso al gobierno de facto de Donald Reid Cabral –responsable de derrocar a Bosch en 1963- y se manifestó en defensa de la legalidad constitucional, reclamando la restauración del presidente democrático Juan Bosch al gobierno. La capital estaba totalmente en manos de milicias populares, organizadas por oficiales constitucionalistas y se esperaba la llegada de Bosch; el gobierno imperial estadounidense decidió la intervención.
La reacción yanqui no se hizo esperar; la noche del 28 de abril se produjo una nueva invasión estadounidense a Santo Domingo a la que denominó “Operación Power Pack” que inicialmente fueron quinientos marines y luego desembarcó otros cuarenta mil infantes de marina. Muchas tropas para una ciudad de sólo seiscientos mil habitantes.
Las radioemisoras, controladas por el “general Ad Vitam” (nombrado por los trujillistas) Antonio Imbert, también sería conocido como “el carnicero de Santo Domingo”, transmitían incesantemente marchas militares estadounidenses, mientras las tropas invasoras se desplegaban con gran aparatosidad, dejando separados entre sí a los dos reductos constitucionalistas: la Base 16 de Agosto y el Barrio de Villa Consuelo, el que comenzó a ser bombardeado ni bien desembarcaron las tropas yanquis, las que prestaron al inicio sólo apoyo logístico, informando a Imbert sobre la posición de los defensores y trasladando a las tropas de éste sobre la posición de los defensores en helicópteros a los lugares donde eran más necesarios. Como a pesar del cañoneo y la destrucción, los milicianos siguieron atacando, las tropas yanquis comenzaron a participar directamente.
La justificación fue banal. Washington argumentó la protección de ciudadanos estadounidenses y el peligro de la toma del poder de los “comunistas”, aunque la revolución tenía un carácter popular y democrático.
Si los yanquis habían desembarcado tantos hombres para intimidar a la población, no pudieron elegir peor método; los combatientes de Villa Consuelo, encerrados entre las tropas yanquis y las de Imbert, que estaban asesinando a los prisioneros y heridos, lucharon con heroísmo desesperado y soportaron durante seis días los tanques de Imbert y la artillería yanqui.
El 4 de mayo de 1965 cesa la resistencia de los defensores de Villa Consuelo; habían sido exterminados.
Era evidente que Bosch no podía regresar y la Asamblea eligió al militar constitucionalista Francisco Alberto Caamaño como nuevo presidente.
Con las espaldas despejadas, las tropas de Imbert con la cobertura de la artillería estadounidense, se aprestaban a dar el segundo paso; el asalto al reducto de Caamaño. Pero la resistencia de Villa Consuelo duró mucho más de lo esperado y la intervención de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) salvó al otro reducto constitucionalista.
La situación cayó en un punto muerto y, en definitiva, la intervención de la parafernalia norteamericana interrumpió la guerra civil; y la imposición yanqui a través de la OEA (Organización de Estados Americanos) llevó a la formación de un gobierno provisional presidido por Héctor García Godoy.
El triunfo militar de la burguesía dominicana debió ser afianzado mediante una serie de medidas que guardan cierto paralelo con las de 1916 durante la primera ocupación estadounidense:
Una violenta represión contra los sectores populares (partidos, gremios). Inmediatamente después del desarme de las fuerzas constitucionalistas comenzó la disolución de sus organizaciones y la eliminación física de sus componentes, lo que se mantuvo con intermitencia hasta 1970/71, mediante la formación de bandas armadas organizadas por el gobierno de Joaquín Balaguer (enigmático trujillista), a quien había favorecido Estados Unidos su elección en 1966. En el plano laboral la represión se llevó a cabo mediante una alianza entre los empresarios y las fuerzas de ocupación primero, y luego con el gobierno “constitucional”, siempre con el apoyo del programa de seguridad pública que destinó al gobierno dominicano la suma de tres millones de dólares para la represión.
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