Otro asalto atroz de EEUU a la Justicia internacional
Por Cecilia Remis
La Corte Penal Internacional rechaza «categóricamente» las medidas punitivas de Washington contra sus jueces y fiscales, mientras Guterres y Türk condenan la escalada y los expertos piden a la UE que active su estatuto de bloqueo.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha respondido con firmeza al nuevo paquete de sanciones impuesto por la administración estadounidense contra varios de sus jueces y fiscales adjuntos. En un comunicado difundido le pasado viernes, el tribunal con sede en La Haya calificó las medidas como un «ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial» y advirtió que no se dejará amedrentar.
«La Corte no se dejará intimidar», declaró su presidenta, Tomoko Akane, quien denunció que las sanciones buscan obstaculizar la justicia e intimidar a quienes trabajan con el tribunal. Akane reiteró que la CPI seguirá ejerciendo su mandato «con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales».
La reacción de Naciones Unidas no se hizo esperar. El Secretario General, António Guterres, condenó la decisión estadounidense y advirtió que estas medidas ponen en peligro la capacidad del tribunal para cumplir su mandato y suponen «un duro golpe a la justicia penal internacional». Guterres instó a todos los países a respetar sus compromisos jurídicos y a respaldar la rendición de cuentas por los crímenes más graves. En la misma línea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones de «inaceptables» y pidió su retirada inmediata.
Las sanciones anunciadas en agosto de 2026 se enmarcan en un contexto de creciente tensión por las investigaciones de la CPI, que han incluido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ni Estados Unidos ni Israel son partes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte.
La CPI, integrada por 125 Estados Parte de todas las regiones, funciona como un tribunal de última instancia para juzgar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. A pesar de las presiones, la Corte subrayó que su labor «se lleva a cabo en el interés exclusivo de las víctimas» y que no se dejará disuadir por «restricciones, presiones o amenazas».
Las nuevas medidas se suman a una serie de designaciones previas que, en conjunto, han alcanzado a nueve de los dieciocho jueces de la CPI, a los dos fiscales adjuntos, al exfiscal y a un miembro del personal. Entre los sancionados figuran la propia presidenta Akane (Japón) y el abogado principal de la Fiscalía, Abdoulaye Seye (Senegal). En rondas anteriores, Washington también había sancionado a los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).
La Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma expresó su «profunda preocupación» y se opuso firmemente a lo que describió como «intentos lamentables de impedir que la Corte y su personal ejerzan sus funciones judiciales independientes». Instó a todos los Estados Parte a mantenerse unidos para proteger al tribunal.
Expertos independientes de la ONU fueron aún más lejos y calificaron las sanciones como un «intento descarado de desmantelar el sistema jurídico internacional». «Sancionar a la institución encargada de impartir justicia por los crímenes internacionales más graves es un asalto a los cimientos de la rendición de cuentas internacional», declararon.
Los expertos advirtieron que «el sistema de justicia penal internacional forjado en los fuegos de Núremberg y Tokio está en el filo de una navaja» y que estas medidas «pretenden poner de rodillas a la CPI y garantizar que los aliados de Estados Unidos no rindan cuentas por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad».
Ante este escenario, los expertos pidieron a la Unión Europea que active de inmediato su Estatuto de Bloqueo para impedir que sus operadores —incluidos bancos y proveedores de servicios— cumplan con sanciones de terceros países que violen el derecho internacional. Asimismo, instaron a los Estados cuyos nacionales trabajan en la Corte, que emplea a ciudadanos de unos 100 países, a tomar medidas concretas para protegerlos.
«Es hora de que los Estados se mantengan unidos en defensa de esta Corte y del sistema de justicia internacional que encarna. El silencio y la inacción solo envalentonarán nuevos ataques», concluyeron.
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