¡A la puta calle! (La historia se repite)
Por Javier Díez Moro*
El reciente deshaucio de Maricarmen, anciana de 87 años, enferma, con dependencia severa, vecina del distrito de Retiro, ha sido la gota que ha colmado el vaso de los desheredados de nuestra sociedad, un colectivo cada vez mayor y sumido en la desesperación.
Como ocurrió hace 15 años, después de una manifestación ciudadana, entonces bajo el grito “¡No nos representan!”, en la que se exigía “Democracia real ¡YA!” y se denunciaba cómo la ciudadania se había convertido en mercancía en manos de políticos y banqueros, y la posterior acampada de miles de indignados en la Puerta del Sol de Madrid, ahora, la historia se repite.
Aquel 15 de mayo de 2011, surgió el Movimiento del 15-M, conocido también como el Movimiento de los Indignados. Entonces la sociedad estaba harta del bipartidismo PP-PSOE, de la corrupción, de la precariedad, de la gestión de la crisis económica en la que se rescató a la banca y no a las personas, de los recortes sociales, de la carestia y falta de vivienda pública y, icomo no!, de los deshaucios.
En aquella ocasión, entre otras reivindicaciones se pedía:
Derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de la Ley Hipotecaria para que la entrega de la vivienda en caso de impago cancelase la deuda.
Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
Libre circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica.
En efecto, la historia se repite.
Si en 2011 gobernaba el PSOE, con José Luis Rodriguez Zapatero de Presidente, y el PP estaba en la oposición, bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, enzarzado en una operación de acoso y derribo al gobierno, y prometiendo medidas milagrosas para cuando llegará a gobernar, que luego no ejecutó una vez llegó a la Moncloa, al implementar políticas que incrementaron la precariedad, el paro, los recortes sociales, creando una red de corrupción que se extendió allí donde mandaban los populares y que en 2018 hizo que la Audiencia Nacional condenase al Partido Popular, convirtiéndose en el único partido político español condenado en democracia por corrupción. Hoy, 15 años más tarde, bajo el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y con Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) como opositores-acosadores, una parte importante de la ciudadanía grita “¡Basta ya!”.
El detonante para exigir cambios drásticos, en este caso en materia de vivienda, ha sido ese inhumano e indignante ¡a la puta calle! que ha tenido que padecer Maricarmen el pasado 23 de septiembre, del que son responsables varios actores, la empresa Urbagestión, como propietaria del inmueble, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.
Y el Poder Judicial, incapaz de hacer valer la Constitución e insensible a los dramas de los desheredados. Una vez más hemos asistido al bochornoso espectáculo de echar las culpas al otro, sin hacer nada a cambio, mientras una ciudadana era desalojada de la vivienda en la que llevaba toda una vida por no poder pagar con su pensión de alrededor de 1400 euros el nuevo precio del alquiler, incrementado de golpe en un 250%, es decir, pasando de los 500 a los 2.650 euros mensuales.
Mientras esto ocurría, todavía se sentía en las calles el tufo de la compra a escondidas del ático de lujo, pagado con el dinero de todos, de la señora Díaz Ayuso. Y en paralelo, se continuaban produciendo manifestaciones de todo tipo por el asunto de Ceuta, muchas de ellas, la mayoría, envenenadas por la oposición envenenadora, provocando actos racistas en la sociedad, diatribas, exabruptos y agresiones, al grito de “¡Invasores, a la puta calle!”. El clima de odio fomentado en los despachos no hace otra cosa que alimentar la violencia en las calles (existen varios vídeos, publicados por Eldiario.es, en los que se ve a militares españoles dando palizas a migrantes en Ceuta, así como denuncias de Amnistía Internacional). En fin, que los desheredados de la tierra, españoles o extranjeros, son siempre quienes pagan el pato en este sistema deshumanizado que convierte a las personas en mercancías a las que sacar el máximo de beneficio.
Es en las comunidades autónomas donde recae buena parte de las responsabilidades en cualquier desahucio, ya que tienen transferidas las competencias en materia de vivienda (como también en educación y sanidad). Pero tampoco son inocentes cada vez que se aplica la orden de ia la puta calle!, los ayuntamientos, las agencias sociales de vivienda o el Ministerio de Vivienda. Todos tienen maneras de evitar que estas cosas ocurran. Si el Gobierno de la Nación tuviera el firme propósito de solucionar este problema, debería dejar de escudarse en que las comunidades o ayuntamientos no cumplen la ley. Hay un artículo de la Constitución que podría aplicar, del que ya existe precedente de su aplicación en Cataluña. El artículo 155 de la Constitución Española es un mecanismo de control excepcional que permite al Gobierno de España adoptar medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para proteger el interés general si esta incumple gravemente la ley.
En nuestro país, en una década (2015-2025), se han ejecutado casi medio millón de desahucios (492.621), según datos del Consejo General del Poder Judicial sobre «lanzamientos practicados» y aunque la estadística incluye desahucios por impagos de alquiler, hipotecas u otras causas que no son lanzamientos de viviendas, sino de otros inmuebles, los «lanzamientos practicados» por alquiler representan el 64,1% (315.510), por impago de hipotecas el 30,7% y por otras causas el 5,2%. Desde 2015 hasta 2025, los desahucios por alquiler se han incrementado desde un 18% a un 75% frente al descenso de los impagos de hipotecas, que tuvieron su momento peor a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2014.
Maricarmen fue deshauciada con mucho ruido y muchas hostias. Trescientos policias acudieron al lugar del lanzamiento, armados con porras y fusiles, como si fueran a detener a un peligroso terrorista. Se repartió leña a diestro y siniestro entre los que se habían concentrado allí de manera pacífica. A la anciana deshauciada se la llevaron en camilla al hospital Gregorio Marañón, donde aún continúa ingresada.
Después de la presión popular, Urbagestión, más por vergüenza que por solidaridad, ha decidido que Maricarmen podrá regresar a su vivienda una vez reciba el alta hospitalario. Igualmente, ante la ola de protestas ciudadanas y acampadas, que se extienden por toda España, el Gobierno ha tratado de buscar soluciones, no estructurales, como habría que hacer, sino mediante medidas apaga fuegos, el “decreto ley Maricarmen”, que, en realidad, son dos. El 1º publicado el 30 de septiembre y el 2º el día 1 de octubre, ambos con vigencia máxima de 30 días, salvo que sean aprobados en el Congreso.
Justificaciones, despropósitos y mentiras han sido utilizados estos días por gobierno y oposición. El supuesto gobierno más progresista de la historia echa la culpa del desahucio de Maricarmen a la Presidenta de la Comunidad de Madrid por no haber declarado zonas tensionadas en la capital. Nada que ver con la realidad. Este desahucio, como muchísimos de los que se están produciendo cada vez más, tienen su razón de ser en la extinción de un contrato de renta antigua, algo que la propia Ley de Vivienda permite.
La ley 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que tanto festejaron en el PSOE y Sumar, fue más una operación de maquillaje que una manera de poner los cimientos para que el acceso a la vivienda fuera real. Desde entonces hasta hoy, a la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), como al resto del gobierno de Pedro Sánchez y a la oposición, se les revuelvan las tripas cuando algunos les indicaban el camino real para ir mejorando el drama de la vivienda.
En la crisis de 2008 y años después los sectores verdaderamente progresistas de España criticaron duramente eso que se ha dado en llamar economía de casino, que viene a ser lo mismo que el rentismo. Este tipo de economía no es una economía productiva, como pueda ser una fábrica de zapatos o una cooperativa agrícola, es pura especulación y sirve para que los privilegiados se enriquezcan más, exprimiendo a los más necesitados.
En nuestro sistema muchos han interiorizado como normal que se especule, algo que no crea riqueza social ni valor añadido. Pero que encima se especule con los bienes esenciales es intolerable. No es lo mismo especular con bienes de lujo que con bienes básicos (sanidad, enseñanza y, cómo no, vivienda).
El Sindicato de Inquilinas de Madrid, como el resto de sindicatos equivalentes en toda España, están dispuestos a mantener la lucha mientras no se recojan las reivindicaciones que llevan tiempo en sus agendas. Y los dos decretos ley que el gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros son muy decepcionantes.
– No existe una prohibición real ni efectiva para que los fondos buitre dejen de operar. Además, no hay infracción, ni multa, ni control notarial ni registral, y la medida caduca el 31 de diciembre de 2028. ¿Acaso después de esa fecha un milagro divino resolverá el problema de la vivienda?
– Al rentista que no sea gran tenedor se le hace un bonito regalo fiscal, que ningún asalariado tiene en este país. Basta con que un casero rebaje la renta más de un 5% (por ejemplo, un alquiler de 1.800 € al que se le aplique una rebaja de un 5’1%, convirtiendose el precio en 1.708,20 €) y renueve con el mismo inquilino, al cabo de los cinco años, dejará de tributar por completo por esa renta.
– «El texto amplía la vigencia del “escudo social” hasta el 31 de diciembre del año 2030», dijo la Ministra de Vivienda. De nuevo, lenguaje engañoso y triunfalista. Pues la suspensión de desahucios de personas vulnerables había terminado el 31 de diciembre de 2025.
– Las SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) es una empresa que cotiza en bolsa y se dedica a comprar, promover o rehabilitar inmuebles urbanos para ponerlos en alquiler. Van a continuar tributando al 0%, mientras una PYME tributa al 23%.
– El IVA de los pisos turísticos pasa del 21% al 10%. Otro chollito más para los arrendadores.
– El IVA de las obras de renovación de viviendas destinadas a alquiler baja al 10% «cualquiera que sea la condición del arrendador», fondos buitre incluidos, y si la obra se acredita como rehabilitación permite además subir la renta un 10% extra en zona tensionada, de modo que la rebaja fiscal puede acabar financiando la subida.
– «Habrá bonificaciones fiscales para los inquilinos, la deducción del 10% del alquiler de la vivienda habitual». ¡Oh!, algo positivo. Pero leyendo la letra pequeña, a la inmensa mayoría de quienes alquilan pisos con salarios normales les supondría ahorros ridículos de entre 10 y 100 euros al año. Los más desfavorecidos, quienes soportan mayor sobrecarga del alquiler sobre su renta, recibirán poco o nada.
– «El Gobierno congelará la actualización del precio de los alquileres en un 2%», dijo también la ministra. Un titular bonito, acompañado de letra pequeña, y que de nuevo es gato por liebre. Dicho en román paladino, un ahorro medio de unos 5 euros en un alquiler de 1000 euros.
– Las fuentes del Ministerio anunciaron el «blindaje del parque estatal de vivienda», y la exposición de motivos afirma que la norma «fija la protección permanente de todos estos inmuebles estatales de forma indefinida», en una medida «para impedir su enajenación con carácter indefinido». Más titulares propagandísticos. Hay letra pequeña y hay trampa. El art. 11 de esta ley no prohíbe vender.
– Existe una novedad procesal en el decreto, la enervación extraordinaria: si el inquilino demandado por impago es vulnerable, la comunidad autónoma tiene dos meses para ofrecerle una alternativa habitacional o pagar la deuda, y si no hace ninguna de las dos cosas queda subrogada automáticamente en la posición deudora. Para quien se queda en su casa sí es un avance real. Y al tiempo es una garantía pública de cobro para el arrendador: cobran los grandes tenedores, las SOCIMI, los bancos y sus inmobiliarias —todos salvo los fondos buitre— y cobran la renta atrasada íntegra, a precio de contrato, mientras el contrato sigue con la misma cuantía que el inquilino no podía pagar. En suma, entregar dinero público a propietarios y especuladores.
Resumiendo, ninguna de estas medidas resolverán el problema de la vivienda. Son simples paños calientes. O las administraciones públicas regulan de verdad este mercado o la brecha social acabará en revueltas en las calles.
Gobierno y oposición buscan perpetuarse o llegar al poder. Pero son incapaces de hacer un pacto de Estado por el problema que más inquieta a los españoles, a casi el 50% le preocupa la vivienda. El autoproclamado gobierno más progresista de la historia, formado por PSOE y Sumar (que ya nos tiene acostumbrados a ladrar pero no morder), solo defiende de boquilla a la clase trabajadora. Debería aprender del porqué del éxito de Zohran Mamdani en New York. Su programa electoral recogía los problemas reales de la gente y daba soluciones reales. Combatir el elevado coste de vivir en una de las ciudades más caras del mundo. Vivienda asequible, guarderías gratuitas, transporte gratuito y mercados de alimentación dependientes del ayuntamiento fueron y continúan siendo los pilares de un proyecto con el que el alcalde socialista y musulmán pretende demostrar que las políticas públicas pueden traducirse en mejoras materiales para la clase trabajadora.
Podemos fijarnos en algo mucho más reciente: el partido de izquierdas Die Linke ganó las elecciones en Berlín con la expropiación de viviendas como bandera. En la última década la vivienda se ha convertido en un problema para los alemanes. Este partido, con ciertas semejanzas con lo que representa Podemos en España, es ahora la primera fuerza desde la reunificación en la capital alemana. Ante el imparable ascenso de la extrema derecha, el caso de Mamdani en New York y el de Elif Eralp, candidata de Die Linke, en Berlín, nos muestran que la resistencia a los discursos de odio sustentados por la oligarquía capitalista no está en competencia por alcanzar el «centro», sino en la reivindicación de políticas verdaderas de izquierdas.
La clase trabajadora si no se moviliza solo obtendrá migajas. Gobierno y oposición no están por la labor de tomar el toro por los cuernos en el asunto de la vivienda. Somos el país con menos vivienda pública de la UE, tenemos un 1’5% frente al 7’5% del total de inmuebles residenciales, que es la media del resto de países comunitarios. La mayoría de la gente que vive en alquiler lo hace de manera muy precaria y, cuando salta el problema mediáticamente, como ahora, la reacción del poder político llega tarde y mal, sin profundizar para no tener que buscar soluciones estructurales. ¿Y qué pasa entonces? Que surgen las contrarrevoluciones fascistas, los autoritarismos, los populismo que ofrecen recetas sencillas y falsas (¡la culpa es de los inmigrantes!), dispuestos a ocupar el espacio que deja el fracaso de la democracia y las falsas políticas de izquierdas. Desafección, indiferencia, abstención, hastío… Mientras, ¡la oligarquía y sus esbirros de extrema derecha tan felices!
* Escritor y cineasta. Fotomontajes e ilustraciones del autor.
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