País Valenciá: Presidente, ya es suficiente
Por Vicent Maurí Genovés
La prepotencia no es una estrategia política sino un error. Y la respuesta del profesorado lo está demostrando. La actitud de la consejera y del secretario autonómico no hace sino agravar el conflicto y bloquear cualquier salida dialogada
El derecho a la huelga es un derecho constitucional que no puede ser cuestionado por ningún presidente del Consejo, como usted, Juanfran Pérez Llorca, ni por ningún partido que, pese a definirse a menudo como constitucionalista, ignora a la Constitución española cuando le conviene. Y esto es exactamente lo que está pasando con la huelga educativa indefinida en la Comunidad Valenciana: una movilización legal, legítima y necesaria que reclama mejoras en las condiciones laborales del profesorado y, sobre todo, en la calidad de la escuela pública.
No se trata de un conflicto menor ni coyuntural. Esta huelga pone el foco en un malestar profundo, acumulado durante años y agravado por unas políticas sectarias y partidistas que pretenden controlar política e ideológicamente la educación valenciana. Ante esto, la respuesta del gobierno no ha sido el diálogo, sino la confrontación.
Presidente, en lugar de asumir su responsabilidad institucional, ha optado por una estrategia equivocada: permitir -cuando no fomentar- que desde canales oficiales y afines se desacredite al profesorado con argumentos miserables sobre las bajas, los salarios o su profesionalidad. Lejos de desautorizar botes, trolls y medios afines cuando alimentan esta campaña, su gobierno la consiente y la amplifica. El resultado está claro: cada ataque genera más indignación, más seguimiento de la huelga y más distancia entre la comunidad educativa y el Consejo.
Pero existe una realidad incontestable que desmiente cualquier intento de deslegitimación: 43.868 voces que legitiman un proceso colectivo y que marcan un camino claro. El resultado es contundente: el 78% rechaza el acuerdo de la Conselleria de Educación. Esto no es sólo un “no”; es una enmienda a la totalidad a una política educativa que menosprecia al profesorado y degrada la educación pública. Además, los sindicatos que impulsan y sostienen esta movilización tienen una legitimidad indiscutible, otorgada en las elecciones sindicales con elevada participación del conjunto del profesorado.
Esta estrategia no sólo es perjudicial para el interés general de la sociedad valenciana, sino que representa también un grave error político. Ninguno de sus antecesores había recurrido a ese nivel de confrontación con el profesorado. Y lo más significativo es que ha logrado lo que parecía difícil: unir todo el movimiento sindical en una huelga educativa indefinida inédita, con el apoyo de los cinco sindicatos representativos de la mesa sectorial, de otras organizaciones sindicales que no están, del movimiento estudiantil, de la comunidad educativa y de una sociedad valenciana que es mucho más que cuatro hooligans en las redes sociales.
Esto se ha visto todos los días de huelga, en cada centro, en cada pueblo y en cada movilización. El conflicto no es artificial ni minoritario: es amplio, transversal y sostenido.
Las reivindicaciones son claras y ampliamente compartidas: recuperación del poder adquisitivo perdido, reducción de ratios, incremento de plantillas, disminución de la carga burocrática, mejora de las infraestructuras educativas y defensa efectiva de la lengua. En definitiva, se trata de garantizar una educación pública de calidad.
Después de muchos años de trayectoria sindical, habiendo participado en numerosas negociaciones y firmado acuerdos con gobiernos de diferentes opciones políticas —también con su partido—, nunca había visto un nivel de virulencia y desprecio como el que están mostrando la Conselleria de Educación, encabezada por María del Carmen Ortí, el propio secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, su partido y. Así no se resuelven los conflictos: así se enquistan.
La prepotencia no es una estrategia política sino un error. Y la respuesta del profesorado lo está demostrando. La actitud de la consellera y del secretario autonómico no hace más que agravar el conflicto y bloquear cualquier salida dialogada. Cuando los interlocutores pierden toda credibilidad, la solución pasa necesariamente por relevarlos y abrir una nueva etapa de negociación real.
Presidente, usted debería gobernar para todas las valencianas y valencianos, no sólo para los intereses de su partido ni bajo los dictados de Madrid. Está a tiempo de rectificar: desautorice los ataques al profesorado, cambie el rumbo comunicativo de su gobierno y, sobre todo, negocie con el comité de huelga para dar respuesta real a una movilización legítima y justa.
El profesorado está organizado centro a centro, pueblo a pueblo, en todo el País Valenciano. Es un colectivo comprometido, dinámico y reivindicativo que, gobierne quien gobierne, defiende el derecho a la educación, la escuela pública y unas condiciones laborales dignas. Ignorarlo no hará desaparecer el conflicto; sólo le hará mayor, como se está demostrando cada día de huelga.
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