HOY! once activistas de Greenpeace se enfrentan a hasta cinco años de cárcel por una protesta
Por Agencia LQS
El juicio, que se celebra hoy miércoles en Valencia, ha sido calificado por la organización como la petición más dura contra el ecologismo en Europa. Amnistía Internacional observará el proceso.
Once activistas de Greenpeace, de diversas nacionalidades, se sientan hoy miércoles 23 de septiembre en el banquillo de un juzgado de lo Penal de Valencia. La Fiscalía solicita para ellos penas de hasta cinco años de prisión por un delito de desórdenes públicos agravados, a raíz de una protesta pacífica contra los combustibles fósiles celebrada en octubre de 2021 en el puerto de Sagunto.
Los activistas bloquearon el ancla del buque Esperanza para impedir el atraque del metanero Merchant, cargado con 138.000 metros cúbicos de gas fósil procedente de Estados Unidos. Una de las participantes permaneció suspendida durante doce horas hasta que la Guardia Civil abordó la embarcación y la retiró. No hubo violencia, ni heridos, ni daños materiales denunciados.
Greenpeace subraya que se trata de la petición de condena más severa jamás formulada en Europa contra activistas climáticos y recuerda que, en 2013, Rusia detuvo a treinta activistas de la organización en un caso que provocó la indignación de las cancillerías occidentales. La organización denuncia además que, desde 2020, más de treinta activistas con base en España han pasado por procedimientos judiciales por participar en protestas.
El derecho a la protesta, en el centro del debate
El caso ha trascendido el ámbito judicial y ha situado el derecho a la protesta pacífica en el centro del debate público. Amnistía Internacional ha decidido observar directamente el juicio, mientras Greenpeace ha lanzado una campaña de recogida de firmas bajo el lema «5 años de cárcel por protestar. No dejemos que nos silencien».
En su petición, la organización advierte de que «castigar la protesta no es justicia, es intimidación» y sostiene que «la persecución y los ataques contra los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos se están incrementando». Los once activistas, cuyos nombres son Paco, Vic, Ernesto, David, Hans, Waya, Quentin, Diego, Felipe, Ylenia y el capitán, se enfrentan a una condena que, según Greenpeace, «cambiaría sus vidas para siempre».
El proceso llega además en un contexto de cuestionamiento de la llamada Ley Mordaza, vigente ocho años después de que se prometiera su derogación, y con el delito de desórdenes públicos señalado por diversas organizaciones como una herramienta para convertir una protesta en un antecedente penal.
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