Condicionantes, límites y manipulación del conocimiento en la sociedad Argentina
Por Mónica Oporto*
El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y la desaparición de personas
Abordamos el trabajo de Emilio Crenzel: Pensar los 30.000 (1). Es un trabajo que pone en debate el tema del conocimiento que tuvieron las personas y las distintas instituciones de la sociedad argentina sobre el golpe del 24 de marzo de 1976 y la posterior aplicación del sistema de desaparición de personas, teniendo en cuenta el acceso a una información restringida por la dictadura, plagado de información falsa o escasa, tardía, y evaluando su evolución con el transcurso de los años hasta hoy. Esto hizo que las personas afectadas por la desaparición de algún familiar/amigo, pivoteara desde responsabilizar al Estado o a bandas de derecha a las que no se vinculaba con el Estado -esta representación fue evolucionando conforme se fue difundiendo mas información-. El autor señala que con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza se produjo un avance en la negación de la violación de los derechos humanos.
¿Qué significa saber? Ante esta pregunta que se formula Crenzel, señala que existe una visión puesta en un punto, enmarcada por distintas variables (ideología, condición social, etc.). El autor las llama “perspectivas contrapuestas”, visiones heterogéneas de parte de los denunciantes -en un arco que va desde la quema de libros a festejar que el golpe pondría fin a la acción de la Triple A-, en muchos casos enmarcados en la incredulidad ante los alcances del horror que en un principio no alcanzaban a mensurar. En cuanto al Estado, la respuesta fue negar las desapariciones. Este trabajo busca analizar la evolución del conocimiento de los hechos que involucraron a la población argentina en el período mencionado.
Analiza la respuesta de las diferentes dirigencias (política, empresaria, religiosa, sindical, además de analizar el papel del Poder Judicial y de la prensa) que, en casos fueron corresponsables o justificaron. Examina, el uso de las palabras (que no es ingenuo) por parte de los sectores de poder implicados en el plan sistemático pergeñado por quienes estuvieron involucrados en éste. Por ejemplo, eufemismos respecto a los traslados, los artilugios para cuestionar la cantidad de desapariciones, desinformar -mediante la censura, que también se practicaba por fragmentación de información-; la Ley de Presunción de Fallecimiento (1979) que declaraba muertas a las personas denunciadas como desaparecidas en los cinco años previos, de este modo facilitaban a los familiares certificar una muerte, solicitar beneficios de pensiones y jubilaciones pero constituían una forma de hacer “desaparecer” la búsqueda el consiguiente reclamo de justicia, enterrando el pasado, y proponiendo el olvido.
Además, se pone en debate cómo surge el número de 30.000 detenidos-desaparecidos, cifra que utilizaron desde referentes políticos de esa época a publicaciones partidarias e instituciones diversas, además de producciones culturales, tomando en cuenta las condiciones para sistematizar la información en un contexto que, conforme señalamos en el inicio de esta reseña- era limitada, a lo que se sumó la persecución política y el terror que se fue sembrando en la sociedad.
EL detalle sobre cómo actuaron las organizaciones que buscaron sistematizar la información sobre cantidad de desaparecidos con el armado de formularios, tomar en cuenta las negativas de hábeas corpus, siempre buscando mecanismos que evitaran los datos falseados. Fue una “Guerra de cifras, que expresaba la disputa por el sentido las responsabilidades en la violencia”. El número definido incluye los casos de menores apropiados. Pero, con la llegada de Milei al gobierno -y contando con algunos periodistas que acompañan sus dichos- salieron a afirmar que la cifra de desaparecidos constituye un mensaje de propaganda para ganar adeptos en la sociedad. Ya Mauricio Macri había retomado (2015) la calificación de “guerra sucia” y objetado el número de 30.000 como algunos de sus funcionarios.
En cuanto a lo legislativo, las iniciativas por dar forma de ley a proyectos para penar el negacionismo no prosperaron. El autor concluye que, desde el punto de vista de la sociología, es de gran importancia contar con la dimensión cuantitativa de los procesos sociales. Por el momento las investigaciones académicas son escasas, por los obstáculos ya mencionados.
Una cuestión de importancia es analizar la inclusión y desarrollo de palabras para nombrar los hechos, que se fueron instalando tales como: genocidio, centros clandestinos de detención (CCD), campos de concentración y las formas de lenguaje cruel de los captores que tiran por tierra el hecho -defendido desde algunos lugares- de que éstos obraron por obediencia y sin compartir ideología. En ese sentido, desenmascarar el eufemismo de los “traslados” que los represores utilizaron para ocultar el destino de personas, como las “monjas voladoras” para aludir a las monjas que, junto con tantas otras personas en situación de detención-desaparición fueron tiradas desde aviones al Río de la Plata o al mar; hablar de “asados” para referirse a la quema de cadáveres.
Los medios de comunicación cubrieron de forma disímil los hechos de violencia. En principio mostraban los muertos como parte de enfrentamientoa e incluyeron notas sobre las supuestas cárceles especiales o “granjas de recuperación”. El quiebre lo produjo la aparición de cadáveres en las costas uruguayas y en las propias de Argentina. Estudios forenses certificaron que estas muertes se habían producido por caída de altura, que llevó a conocer que se utilizaban aviones para terminar con los “trasladados”.
Crenzel también pone en cuestión cuáles fueron los cambios de hábitos en la población por el impacto que tuvo la parte concreta de los controles de ciudadanos y ciudadanas en los transportes y en las calles por parte de las fuerzas armadas, la presencia de civiles armados en procesos de captura/secuestros de personas -cuyos habeas corpus significaron la desaparición de abogados que los presentaban ante un poder judicial que no les daba curso-. La violencia estatal incluyó desde la desaparición forzada al exilio (se calcular entre 30.000 y 50.000 exiliados), los presos políticos (casi 9.000), cesanteados, asesinados, quienes sufrieron un aislamiento emocional en el propio país.
No quedan afuera las formas de resistencia. Inicialmente -y vinculado al tema que pone en debate el autor- destaca que Rodolfo Walsh comprendió el “nuevo escenario” que denunció a través de ANCLA, responsabilizando al Estado argentino. La aparición de instituciones en Argentina, en América latina y en Europa, que se pusieron a examinar hechos y dieron respuesta jurídica internacional (CIDH, Amnistía internacional, APDH, Cadhu, etc). La cultura no quedó afuera de este análisis, desde allí escritores, músicos, cantantes, pintores, actores realizaron su aporte para seguir pensando lo que ocurría.
La legislación, ya en democracia, dio también una respuesta que en casos tuvo la reprobación de sectores importantes de la población como, por ejemplo, la autoamnistía que la propia dictadura dictó poco antes de dejar el gobierno. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín la creación de la Conadep que recibió denuncias y pruebas sobre desapariciones y constituyó el primer registro estatal y público. Luego la edición del libro Nunca Mas, pero volviendo al tema legislativo, la aprobación de dos leyes como las de Punto Final y Obediencia Debida.
Menem dispuso (1998) la demolición de los edificios de la ESMA para “jerarquizar el predio y erigir un monumento a la unidad nacional” que reconciliara a la dictadura con la sociedad argentina. Pero, además, Menem dictó (1990) el indulto de las Juntas Militares, para terminar con la búsqueda de verdad y justicia desde el Estado, posteriormente estableció un resarcimiento económico para los familiares de desaparecidos y asesinados.
Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, tras anular estas dos leyes, la ampliación de la denominación de dictadura como cívico-miliar que también abarcó lo económico, judicial, religioso (empresarios, jueces, sacerdotes y médicos responsables y/o cómplices de las desapariciones).
Conjuntamente con estos avances en el conocimiento de hechos, se conocieron lugares de detención y tortura, y se contabilizaron 61 “campos de concentración” (Mansión Seré, ESMA, La Escuelita, el Banco, automotores Orletti…) que pudieron ser constatados por el aporte de testimonios de ex detenidos. Posteriormente erigidos como sitios de memoria son “claves en la pedagogía de la memoria” pues propician “la reflexión política y ética sobre la historia que conjugan, interrogarla, dar cuenta de los compromisos de las víctimas, de los valores e intereses de los perpetradores y de las responsabilidades sociales que los hicieron posibles” constituyendo un proceso urgente por la acción del tiempo sobre las sucesivas generaciones y políticas negacionistas.
Paradójico resultó la toma de posición en defensa de derechos humanos por parte de un presidente de los Estados Unidos, país que había colaborado económica e ideológicamente a que en la región proliferaran las dictaduras que apoyaba…
Destaca el autor que Argentina se transformó en protagonista global en lo referido a la promoción y defensa de los derechos humanos con los juicios a las Juntas en que la justicia penal tramitó las responsabilidades de crímenes masivos y sistemáticos; la incorporación del nuevo status legal de “ausente por desaparición forzada”. También la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos que permitió identificar a menores apropiados; la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) -para localizarlos-. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) resulta una referencia mundial en lo que se refiere a búsqueda a identificación de restos de personas desaparecidas, y ante la ONU, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas. También se incluyó el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el currículo educativo, en los libros de texto escolares y se estableció el día 24 de marzo como jornada de reflexión y memoria.
La falta de certezas sembró el desconcierto sobre el destino de los detenidos-desaparecidos, sobre el sistema clandestino que no se circunscribió a los CCD sino que incluyó prácticas que van desde extorsiones por dinero para supuestas liberaciones a la mentira difundida por medios que se prestaron a mostrar supuestos lugares de recuperación (como si tener una ideología fuera algo de lo que se pudiera “recuperar”). Versiones disímiles que sembraron expectativas. Lo que no cejó nunca fue la resistencia.
El proceso de elaboración del conocimiento arrancó de manera disímil pero se fue produciendo gradualmente logrando mayor precisión, a pesar del rechazo por parte del Estado de su participación y de dónde estaban recluidas las personas víctimas de desaparición forzosa y los menores apropiados que, para Abuelas, podrían ser 437 casos de los cuales recuperaron la identidad 138. Aún existe mucho sobre lo cual se ignora sobre los desaparecidos y es materia de investigación y estudio. La responsabilidad abarcó un universo que incluye médicos, enfermeras, empresarios, sacerdotes, jueces, integrantes de instituciones religiosas, militantes universitarios y personal civil de inteligencia que ejercieron violencia sobre la sociedad civil. La cuestión común es la deshumanización del otro.
Crenzel se pregunta por qué ignoramos lo que ignoramos e introduce la noción de obstáculo epistemológico que propone Bachelard haciendo referencia a aquello que limita o impide que sean observables problemas u objetos de conocimiento, porque los desplazan. A esto se suma el “pacto de silencio” que -siguiendo palabras del autor- perpetúa la relación asimétrica con la sociedad.
Finalmente, un tema que no se puede soslayar, es el referido a las formas jurídicas que constituyeron un dispositivo de conocimiento específico. Los juicios dieron la palabra a los sujetos de derecho, víctimas que, al declarar, contribuyeron a construir conocimiento de responsabilidad para que los acusados pagaran por sus delitos cuando los había. Además, pusieron de manifiesto la existencia de prácticas vinculadas a las desapariciones, las características y funcionamiento de los CCD, en muchos casos aportaron sobre la identidad de los responsables, los grupos de tareas y sobre la identidad de los encargados de los “vuelos de la muerte”. Quedó probado el cautiverio de personas en centros clandestinos, la apropiación de menores, la violencia sexual y la responsabilidad civil (empresarial) con la perversidad que conlleva la desaparición forzada de trabajadores, además de las vinculaciones entre dictaduras de la región.
La verdad jurídica determina castigos a absoluciones, no elabora conclusiones sobre un proceso histórico, ni estudia el conflicto político u otras variables que se vinculen con compromisos políticos o ideológicos y sociales. Juzga y determina aquello que es de naturaleza ilegal.
La idea que se transmite es que el conocimiento aún está en construcción por el constante aporte de nuevos hechos. Esta investigación implica que continúe la tarea de la reconstrucción sobre los hechos contando con el testimonio como fuente, hay aún mucho conocimiento por construir. Las contribuciones académicas recién cobraron fuerza a fines de la década de 1990, pues en las dos décadas previas se intentó evitarlas mediante el desguace de las carreras humanísticas entre otros mecanismos aplicados.
Concluye Crenzel que llegar a conocer -con las limitaciones que se señalaron- el sistema de desaparición de personas, configuró un desafío único por la calidad de las prácticas que incluían secuestros, cautiverio y ejercicio de torturas, asesinatos, robos de bienes, falseamiento de identidades, apropiación de menores nacidos en cautiverio y la negación de todo dato y de responsabilidad estatal, en un contexto de censura y terror. En tanto, el poder político de entonces desarrollaba una estrategia de discursos, prácticas y normativas destinadas a encubrir, negar, relativizar o justificar los hechos perversos de los cuales negaba toda responsabilidad, era un Estado sin interés por las personas. Los “obstáculos epistemológicos” se manifestaron a través de elaboraciones discursivas, jurídicas y políticas que combinaron información falsa y contradictoria que se tradujo en una relación asimétrica con la sociedad, con campañas que buscaron instalar la culpa en la sociedad (“algo habrán hecho”). Por su parte, familiares y militantes debieron redoblar la tarea de reconstrucción del recorrido que habían realizado sus parientes o amigos.
Finalmente, el conocimiento al que se ha accedido, es el fruto de la lucha de los denunciantes, de los grupos que se organizaron como el movimiento de derechos humanos, con tenacidad y valentía. Hay cuestiones de gran importancia sobre las que investigar, y constituyen un desafío pendiente mas allá del mero saber.
“No se trata de una cuestión de interés intelectual. El conocimiento es una premisa insoslayable para elaborar la verdad y transmitir la memoria histórica.
Las nuevas generaciones que ignoran aspectos sustanciales pueden sentirlo ajeno a sus preocupaciones e intereses y las voces que relativizan o reivindican el crimen han alcanzado la conducción del Estado. Hace cincuenta años, en las peores condiciones, un universo heterogéneo de denunciantes alzó, como parte de su lucha, la voluntad de conocimiento. Esa lucha continúa” (2).
Notas:
1.- CRENZEL, Emilio. Pensar los 30.000. Buenos Aires, S. XXI, 2025.
2.- Crenzel E. p. 239.
*.- Desde Buenos Aires. Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos
Comparte, tus amig@s lo agradecerán…
Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es; Friendica: Loquesomos;
UpScrolled: @LQSomos; Telegram: LoQueSomosWeb;
Bluesky: LQSomos; Twitter: @LQSomos;
Facebook: LoQueSomos; Instagram: LoQueSomos;
WhatsApp: LoQueSomos;
