España, ante el espejo del CPT: un informe que alerta sobre violencia en prisiones y exige una ‘tolerancia cero’ efectiva
Por Iñaki Alrui*
Acaba de publicarse el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura sobre el Estado español, tras la visita efectuada en abril/mayo de 2025. El informe recoge diversas alegaciones de agresiones y malos tratos en centros policiales (Madrid, Cádiz y Huelva), penitenciarios (Algeciras -Cádiz-, Puerto III -Cádiz-, Huelva y Estremera -Madrid) y menores (Marcelo Nessi, Badajoz). El Consejo de Europa urge al Gobierno a aplicar «tolerancia cero» y a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. El Ejecutivo defiende sus avances, pero abre investigaciones internas sobre los casos más graves.
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha publicado un informe demoledor sobre la situación en los centros de detención de España, tras una visita realizada del 28 de abril al 9 de mayo de 2025. El documento, hecho público este 28 de julio, retrata un panorama de «violencia alarmante» en tres prisiones de Andalucía, un uso excesivo de la fuerza generalizado por parte de la policía y una crisis sistémica en la asistencia sanitaria penitenciaria, con más de un centenar de plazas de médico sin cubrir.
Tres prisiones andaluzas, en el punto de mira
El CPT reconoce avances notables en las cárceles de Madrid VII y Sevilla II, con una disminución significativa de las denuncias por malos tratos desde sus anteriores visitas. Sin embargo, la situación en los centros penitenciarios de Algeciras, Huelva y Puerto III es «sumamente preocupante». El Comité documenta un patrón reiterado donde los internos denuncian haber sido víctimas de bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras por parte de los funcionarios, casi siempre en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia, como los cuartos de registro o los pasillos de seguridad.
52.- Al inicio de la visita, se proporcionaron a la delegación datos estadísticos sobre el número de quejas relativas a malos tratos que se han registrado e investigado en los últimos años.
Los datos demuestran una marcada tendencia al alza: 247 en 2022, 262 en 2023, 281 en 2024 y 81 en el primer trimestre de 2025.
Nota al pie: Desde enero de 2024 hasta marzo de 2025 se presentaron 17 denuncias por malos tratos en la prisión de Algeciras, 16 en la prisión de Puerto III y 20 en la prisión de Huelva
Además, el número de procesos penales concluidos durante el mismo período contra funcionarios de prisiones relacionados con presuntos malos tratos a los reclusos ascendió a cinco en 2022, seis en 2023 y doce en 2024.
Esto dio como resultado un total de once condenas penales y/o disciplinarias de personal penitenciario.
El informe describe casos de «un nivel de violencia alarmante» sobre personas especialmente vulnerables. Entre los testimonios recogidos por la delegación del CPT, se encuentra el de un interno con esclerosis múltiple en silla de ruedas que fue reducido por cinco funcionarios y agredido en la enfermería de Algeciras, o el de una interna que, en estado de agitación por no recibir su medicación, fue golpeada con porras en las piernas por seis funcionarios dentro de su celda. En la prisión de Puerto III, un preso fue inmovilizado boca abajo, esposado y golpeado con porras en las plantas de los pies (falaka), además de recibir puñetazos y patadas. En Huelva, un interno esposado fue agredido con porras en la espalda y, posteriormente, un funcionario le estrelló la cabeza contra la pared en tres ocasiones, mientras otro le golpeó la zona lumbar con una raqueta de detección de metales.
El CPT critica severamente la calidad de los exámenes médicos que se practican tras estos incidentes. Según el informe, los reconocimientos se llevan a cabo casi siempre «a través de barrotes y en presencia de los funcionarios», una práctica que, según el Comité, invalida la confidencialidad, socava la relación médico-paciente y dificulta la investigación efectiva de las denuncias. «El personal sanitario examina a los internos a través de las rejas y con los guardias presentes, lo que impide cualquier garantía de imparcialidad», señala el texto.
Sanidad penitenciaria: «Escasez aguda» y medicación sin control
Uno de los puntos más críticos del informe es la situación de la sanidad en las prisiones. El CPT subraya la «grave escasez de médicos», con 138 facultativos en activo y 106 puestos vacantes a nivel nacional, lo que provoca «retrasos constantes» en la atención a los internos. Esta falta de personal tiene un impacto directo en la salud mental, con una elevada tasa de prescripción de psicofármacos –que afecta a entre el 50% y el 60% de los reclusos– cuyas dosis no son revisadas durante meses por la falta de psiquiatras. Como ejemplo de esta situación, el CPT cita la prisión de Puerto III, donde un psiquiatra visitante tenía programadas consultas para 87 internos en una sola mañana.
El Comité insta al Gobierno a transferir «sin más demora» la competencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, tal y como prevé la ley desde 2003, para poner fin a una situación que califica de «deficiencia estructural de larga data».
Centro de menores de Badajoz y comisarías
La visita del CPT también se extendió al centro de internamiento de menores «Vicente Marcelo Nessi» en Badajoz, donde detectó casos de uso excesivo de la fuerza por parte de personal de seguridad privada, incluyendo golpes con porras y la inmovilización de un menor atándolo a la cama por una extremidad, una práctica prohibida por la ley. El Comité describe un ambiente «austero y carcelario» para los jóvenes y pide la abolición del aislamiento disciplinario para menores de 18 años, así como la instalación de timbres de llamada en las celdas.
En el ámbito policial, el informe recoge denuncias de uso excesivo de la fuerza durante los arrestos, incluyendo golpes y esposado excesivamente apretado, corroborados en algunos casos por la presencia de hematomas. Asimismo, critica las «deficiencias estructurales persistentes» en las comisarías, como la falta de luz natural, la mala ventilación y la ausencia de timbres de alarma en los calabozos de Madrid, como los de Leganitos, Tetuán y la Plaza de Castilla.
La respuesta del Gobierno: «Tolerancia cero» e investigaciones abiertas
El Gobierno español ha respondido al informe con un extenso documento donde defiende sus políticas y anuncia medidas correctoras. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que el Ejecutivo «reitera su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier abuso físico o verbal contra las personas privadas de libertad» y que estos hechos «no son admitidos y son perseguidos por las vías disciplinarias y penales correspondientes».
En su respuesta, el Gobierno detalla que se han abierto «investigaciones internas» sobre los casos concretos de malos tratos señalados por el CPT en las prisiones andaluzas. Se han reforzado las medidas de supervisión y se han realizado cambios en los equipos directivos de los centros implicados. También se ha emitido una orden que prohíbe el uso de un tipo de sujeción mecánica de siete puntos que el CPT había denunciado como peligroso. El Ejecutivo defiende, asimismo, la existencia de programas de formación en derechos humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la labor de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH), creada en 2022.
Defensa y desacuerdos
El Ejecutivo, sin embargo, mantiene su postura en varios puntos donde discrepa con el Comité. Defiende la legalidad de la detención incomunicada, calificándola de medida excepcional y sujeta a estricto control judicial. También justifica las rejas y mallas metálicas en los módulos de régimen cerrado como una necesidad de seguridad, y no comparte la recomendación de abolir la sanción de separación del grupo para menores de 18 años.
En el ámbito sanitario, el Gobierno admite la grave escasez de médicos, pero argumenta que se han hecho «numerosas convocatorias» para cubrir las plazas y que se sigue trabajando en la compleja transferencia de competencias a las comunidades autónomas, un proceso que, hasta la fecha, solo se ha concretado en el País Vasco y Navarra. El Ministerio del Interior defiende que los partes médicos ya cuentan con sistemas de registro que permiten documentar las lesiones, aunque el CPT insiste en que la falta de confidencialidad invalida su eficacia.
⇒ Consultar informe del
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
sobre el Estado español,
clic aquí
* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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