Un varón de 35 años ha fallecido en su celda en la cárcel de Zaballa
Por Salhaketa*
En la madrugada del 5 de febrero, F.P.V., una persona de 35 años, ha fallecido en su celda en la cárcel de Zaballa. Según la información facilitada por su familia, residía habitualmente en Bizkaia y deja viuda y cuatro hijos. La familia ha recibido informaciones de que el fallecido estuvo llamando por el interfono dos o tres horas antes de la muerte, pero le negaron atención médica, diciendo que esperara hasta la apertura de celdas. Oficialmente, hasta la recepción de la autopsia definitiva, lo han catalogado como un posible infarto.
No es un caso aislado ni una excepcionalidad
Desde la asunción de competencias por parte del Gobierno Vasco en 2021, hemos tenido conocimiento de al menos 10 muertes por causas no naturales en las prisiones de la CAV.
Lo que vuelve a repetirse, una vez más, no es solo la muerte en prisión, sino el silencio institucional que la rodea.
Por un lado, la asistencia médica en prisión es insuficiente, superficial, tardía y de difícil acceso. La atención a la salud física y mental de las personas presas es claramente deficitaria, especialmente en los casos de patología dual, sufrimiento psíquico, consumo problemático o enfermedades crónicas. La prisión, lejos de cuidar, agrava de forma directa el deterioro de la salud.
Por otro lado, la falta de comunicación oficial y la opacidad sistemática hacia las familias, la sociedad y los medios de comunicación en relación con estas muertes es inaceptable. Las familias se enteran tarde, con información parcial o confusa, y sin canales claros para conocer qué ha sucedido realmente.
Además de las situaciones de vulnerabilidad individuales, no podemos olvidar las condiciones estructurales de la pena privativa de libertad, que daña profundamente los cuerpos y las mentes de quien habita la prisión: el aislamiento, las difíciles dinámicas relacionales, la mala alimentación, la falta de intimidad, la subordinación constante y la ausencia de cuidados adecuados.
Exigimos que la Administración penitenciaria vasca establezca y haga público protocolos oficiales, claros y obligatorios de comunicación que se activen de manera inmediata cuando una persona fallece en prisión.
Reivindicamos el derecho de la sociedad y de los medios de comunicación a recibir información veraz, completa y transparente sobre las muertes que ocurren en el interior de las cárceles.
Denunciamos que personas sin red familiar puedan morir en prisión en el más absoluto silencio, y exigimos mecanismos que garanticen que ninguna muerte quede oculta ni sin registro público.
Exigimos que el Ministerio Fiscal investigue y haga públicas las causas reales y estructurales que están detrás de estas muertes, asumiendo las responsabilidades que correspondan a la gestión penitenciaria.
Instamos al Gobierno Vasco y, concretamente, a su Dirección de Justicia, a tomar medidas urgentes para prevenir estas muertes y garantizar condiciones dignas de atención sanitaria.
Rogamos la excarcelación inmediata de las personas presas con problemas graves de salud física, mental y patología dual, cuyo estado empeora de forma alarmante en prisión y que, en demasiados casos, termina en autolesiones o suicidio. Estas personas necesitan cuidados que la prisión no puede ni sabe proporcionar.
Resulta urgente una reforma de la legislación penal y penitenciaria que actualmente prolonga innecesariamente las condenas y limita el acceso a permisos, tercer grado y libertad condicional, impidiendo salidas que podrían prevenir estas muertes.
⇒ CONCENTRACIÓN EN GASTEIZ EL VIERNES 13 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA A LAS 12:30 ⇐
No más muertes en prisión.
No más silencio institucional.
No más negligencia médica.
Que los muros de las cárceles dejen de esconder a sus víctimas.
Que tu muerte en prisión sea la última y que la Justicia repare tu abandono.
⇒ Notas relacionadas:
– Enfermar y morir en prisión
– El déficit sanitario en cárceles españolas es TORTURA
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Más de cuarenta juristas y profesionales del derecho de distintos países han suscrito una denuncia pública por la “vulneración grave, continuada y estructural” de los derechos humanos de la presa política comunista María José Baños Andújar.
La presa, de 61 años, cumple condena en una prisión española padeciendo múltiples enfermedades graves. Como se informa en la carta difundida por presos.org.es, a María José Baños Andújar se le ha denegado reiteradamente la libertad condicional y la progresión de grado, basándose “exclusivamente en la ausencia de arrepentimiento ideológico”, una condición que los firmantes califican de “no prevista legalmente” y que constituye una “injerencia ilegítima en la libertad ideológica”.
Este es el documento con el que se hace un llamamiento a la comunidad jurídica internacional para la solidaridad con la mencionada presa política antifascista:
Carta abierta a la comunidad jurídica internacional
Juristas, profesionales del Derecho y médicos de distintos países denunciamos la vulneración grave, continuada y estructural de los derechos fundamentales de la presa política María José Baños Andújar, actualmente encarcelada en el Estado español pese a padecer una enfermedad grave e incurable, acreditada por informes médicos oficiales.
María José Baños, de 61 años, ha cumplido ya más de las tres cuartas partes de su condena y presenta un deterioro físico severo, con múltiples patologías crónicas, desnutrición grave, pérdida de movilidad y necesidad de cuidados médicos que el entorno penitenciario no puede garantizar. La propia administración ha reconocido un grado de discapacidad del 69%.
A pesar de ello, se le han denegado el tercer grado y la libertad condicional por enfermedad, no por razones de peligrosidad, riesgo de reincidencia o criterios médicos, sino exclusivamente por la ausencia de arrepentimiento ideológico. Esta exigencia, no prevista legalmente, constituye una injerencia ilegítima en la libertad de pensamiento y desnaturaliza el carácter humanitario de estas medidas.
El mantenimiento de su encarcelamiento vulnera de forma directa varios preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos:
Artículo 3, al someterla a un trato inhumano y degradante;
Artículo 2, al generar un riesgo real y previsible para su vida;
Artículo 8, al impedirle afrontar el deterioro de su salud en condiciones de dignidad y acompañamiento;
Y los artículos 9 y 10, al condicionar derechos fundamentales a la renuncia a convicciones políticas.
Asimismo, esta situación incumple las Reglas Penitenciarias Europeas, el principio de dignidad humana y el principio de legalidad, convirtiendo la pena en un castigo puramente aflictivo y carente de finalidad resocializadora.
Por todo ello, instamos al Estado español a adoptar de inmediato medidas de excarcelación por razones humanitarias, solicitamos la supervisión de los mecanismos europeos e internacionales de derechos humanos y llamamos a la comunidad jurídica internacional a denunciar y difundir este caso. La privación de libertad no puede convertirse en una pena de muerte encubierta, ni el arrepentimiento ideológico puede ser requisito para el respeto de los derechos fundamentales.
Firman la carta:
https://insurgente.org/mas-de-40-juristas-de-varios-paises-denuncian-la-vulneracion-de-derechos-de-la-presa-politica-maria-jose-banos/