País Valenciá: la educación en lucha, una huelga que va más allá de las aulas
Por Vicent Maurí Genovés
La situación de la educación valenciana ha llegado a un punto límite. El conjunto del profesorado y sus organizaciones sindicales no pueden seguir esperando ante una degradación sostenida de sus condiciones laborales y, sobre todo, de la calidad del servicio público que ofrecen.
No se trata únicamente de la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años —cuestión ya de por sí inaplazable—, sino del conjunto de reivindicaciones que conforman una plataforma unitaria ampliamente compartida: la reducción de ratios, el incremento de plantillas, la disminución de la carga burocrática, la mejora de las infraestructuras educativas y la defensa efectiva.
Estos elementos no sólo generan un malestar creciente entre el profesorado, sino que impactan directamente en la atención educativa que recibe el alumnado. Aquí está el núcleo del conflicto: no estamos frente a una demanda corporativa, sino ante una exigencia colectiva para garantizar un sistema educativo público, digno, equitativo y de calidad.
En este contexto, resulta difícilmente comprensible -y políticamente injustificable- la incapacidad de la Conselleria de Educación para iniciar una negociación real y efectiva. La inacción institucional, lejos de desactivar el conflicto, está alimentándolo: son cada vez más las docentes que se suman a las movilizaciones, conscientes de que sólo desde la presión sostenida se podrán conseguir avances reales.
Como maestro jubilado, exsindicalista y antiguo delegado de la Junta de Personal Docente de Valencia -que presidí durante ocho años-, así como padre y ciudadano comprometido con mi país, manifieste mi apoyo decidido a la convocatoria de huelga educativa indefinida a partir del 11 de mayo. Es una respuesta legítima, necesaria y proporcional ante la carencia de voluntad política por parte de la administración.
Cabe señalar, igualmente, la responsabilidad directa de la consejera de Educación, marcada por una actitud de cierre y una negativa sistemática a negociar con el conjunto de la comunidad educativa. El argumento recurrente de la falta de recursos derivada de la infrafinanciación valenciana no puede seguir utilizándose como coartada. Sin negar esta realidad estructural, es evidente que se ha convertido en una excusa para evitar afrontar unas reivindicaciones perfectamente asumibles si existiera una voluntad política real de priorizar la educación pública.
En contraposición a esta parálisis institucional, es necesario poner en valor la fuerza del movimiento asambleario que ha emergido desde los centros educativos. La huelga del 31 de marzo evidenció una notable capacidad de autoorganización del profesorado y una implicación activa de toda la comunidad educativa. Familias, alumnado y trabajadoras y trabajadores de la enseñanza han configurado una auténtica marea verde que, con determinación, está haciendo frente a unas políticas educativas de carácter neoliberal y profundamente lesivas para nuestro modelo lingüístico y pedagógico.
Pero ésta no es sólo una huelga sectorial. Es, sobre todo, una huelga de clase. Porque lo que está en juego no es únicamente la situación laboral del profesorado, sino el derecho de las clases populares a una educación pública de calidad, accesible y arraigada en el territorio. Por eso, esta huelga interpela al conjunto de la sociedad valenciana y conecta con una lucha más amplia por la justicia social.
En este sentido, debería ser un ejemplo a seguir por otros sectores de las administraciones públicas y del mundo laboral. Sólo desde la lucha, la movilización y la confrontación se pueden mejorar las condiciones laborales y defender los servicios públicos frente a las políticas de recortes.
La negativa de la Conselleria a una negociación real no sólo desacredita su gestión, sino que también pone en evidencia al presidente Juanfran Pérez Llorca y al conjunto de su gobierno, así como las consecuencias del pacto del Partido Popular con la extrema derecha. Estas políticas no son un hecho aislado, sino que se inscriben en una ofensiva más amplia que estamos viendo en otros territorios del Estado y también a nivel internacional, con gobiernos, como el de Milei en Argentina, que impulsan recortes, desregulación y desmantelamiento de los servicios públicos.
Ante esta realidad, la respuesta debe ser clara y contundente. La educación no se negocia a la baja. La dignidad del profesorado y el derecho del alumnado a una educación de calidad no pueden quedar subordinados a excusas presupuestarias ni intereses ideológicos. La huelga indefinida que se inicia el 11 de mayo no es sólo una herramienta de presión; es sobre todo una expresión de dignidad colectiva y un grito compartido en defensa de la educación pública valenciana.
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