La gestión opaca de la Universidad Popular de Valencia acaba en el Sindic de Greuges

Por Agencia LQS

Un trabajador jubilado denuncia irregularidades en el proceso de matriculación y falta de transparencia administrativa, lo que ha llevado al organismo a abrir una investigación, según informa uno de los afectados y demandante.

La gestión de la Universidad Popular (UP) del Ayuntamiento de Valencia ha sido puesta en tela de juicio tras la presentación de una queja formal ante el Sindic de Greuges. La denuncia, impulsada por un ex trabajador del organismo y funcionario municipal jubilado, señala supuestas irregularidades en el proceso de admisión para el curso 26/27, que habrían dejado fuera del sorteo de plazas a numerosos participantes, así como una alarmante falta de transparencia en los procedimientos administrativos de la entidad.

La queja, registrada ante el defensor del pueblo valenciano, ha sido presentada por Juanjo Llorente, quien acumula más de 30 años de servicio en la propia Universidad Popular. Según relata la denuncia, Llorente fue excluido del proceso de selección para actividades de larga duración sin que se le ofreciera la oportunidad de subsanar un error formal en su solicitud: la acreditación del empadronamiento. Este hecho, que el denunciante considera un «descarto arbitrario», vulneraría los principios básicos del Procedimiento Administrativo Común.

Llorente asegura haber intentado resolver la situación por la vía administrativa ordinaria sin éxito. «Hablé con la nueva dirección de la UP y fui desatendido sin razones de peso. Presenté una queja al Ayuntamiento y la respuesta fue un mero acuse de recibo», explica el jubilado. Ante la falta de respuesta, la decisión de recurrir al Sindic de Greuges responde a lo que considera «un claro deterioro de mis derechos y del debido funcionamiento de un organismo público».

Un pliego de cargos contra la gestión de la UP

La denuncia presentada ante el Sindic de Greuges no se limita al caso particular de Llorente, sino que apunta a una serie de disfunciones estructurales en la administración actual de la Universidad Popular. Entre los puntos clave de la queja se señalan:

• Violación del procedimiento administrativo: La denuncia sostiene que la exclusión sin previo aviso para subsanar deficiencias en la solicitud (en este caso, la falta de un documento de empadronamiento que la propia UP podría haber verificado) vulnera la Ley 39/2015, dejando al interesado en una situación de indefensión.

• Incumplimiento del reglamento interno: Se argumenta que el propio reglamento de participación de la UP establece que la acreditación del empadronamiento solo es necesaria «si así se le solicitara», algo que no ocurrió en este caso.

• Recorte de la transparencia: El denunciante, gracias a su conocimiento interno de la institución, alerta de que la nueva administración ha eliminado el registro de entrada en la sede central y ha suprimido los canales online para presentar sugerencias o reclamaciones, dificultando el control ciudadano.

• Ausencia de recurso: Tampoco se contempla, según la queja, la posibilidad de que los admitidos en el sorteo puedan reclamar el resultado si lo consideran injusto, lo que deja la puerta a nuevas arbitrariedades.

Hacia una asociación de usuarios

Más allá de la reclamación individual, el ex trabajador ha manifestado su intención de organizar a otros afectados. «Estamos empezando a organizar una futura asociación de usuarios y defensores del proyecto de la Universidad Popular tal como debería ser y marcan sus estatutos», señala Llorente, consciente de que su caso podría ser solo la punta del iceberg de un malestar más extendido entre los participantes.

Desde el Sindic de Greuges han confirmado la recepción de la queja, que se encuentra en fase de estudio. Este organismo tiene ahora la potestad de requerir información al Ayuntamiento de Valencia y a la dirección de la Universidad Popular para esclarecer los hechos y determinar si, efectivamente, se han producido las irregularidades denunciadas. La resolución de este conflicto sentará, sin duda, un precedente sobre la gestión y la obligación de transparencia de las instituciones culturales y educativas municipales.

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