Palma del Río: vinieron a trabajar y reclaman algo tan elemental como cobrar
Concentración en Palma del Río en apoyo a los trabajadores impagados de la naranja en el casco urbano
Por Miguel Hernández Bernárdez
26 trabajadores denuncian que siguen sin percibir el salario correspondiente a quince jornadas de trabajo en la recogida de la naranja agria
En demasiadas ocasiones, cuando se habla de inmigración, determinados discursos políticos y sociales presentan a las personas migrantes únicamente como un problema. Se generaliza, se señala y se construyen prejuicios a partir del miedo. Sin embargo, historias como la que está ocurriendo en Palma del Río, Córdoba, muestran una realidad de la que se habla mucho menos, la que quienes emigran buscando trabajo, aceptan los empleos más duros y vulnerables y, después de realizar su jornada, tienen incluso que luchar para conseguir algo tan elemental como cobrar por el trabajo realizado.
Según las denuncias hechas públicas por el sindicato CTA (Coordinadora Trabajadores de Andalucía) y la asociación La Otra Orilla, 26 trabajadores que participaron en la recogida de la naranja agria en el casco urbano de Palma del Río reclaman el pago de quince jornadas trabajadas durante el mes de marzo de 2026. Meses después, el dinero continuaría pendiente de abono.
No estamos hablando de caridad.
Estamos hablando de salarios.
Según la información publicada, el servicio partía de una contratación municipal y posteriormente habría intervenido una empresa subcontratada. Los trabajadores aseguran además que no disponen de contratos ni nóminas en su poder, mientras CTA ha solicitado que se aclare documentalmente su situación y sus posibles altas en la Seguridad Social. La alcaldesa de Palma del Río ha manifestado que el Ayuntamiento había pagado el servicio y que se había requerido documentación a la empresa adjudicataria para estudiar las consecuencias jurídicas del caso.
Son cuestiones suficientemente graves para exigir que se investiguen y aclaren hasta el final, respetando siempre los hechos que puedan acreditarse documentalmente.
Cuando el inmigrante es acusado, ocupa titulares, cuando es explotado, demasiadas veces desaparece
Europa vive una etapa en la que vuelven a ganar espacio discursos que relacionan sistemáticamente inmigración con delincuencia, inseguridad o violencia. Frente a cualquier delito debe actuar la Justicia, sea cual sea el origen de quien lo cometa. Pero ningún delito cometido por una persona permite convertir a millones de seres humanos en sospechosos.
También existe otra realidad, hombres y mujeres que abandonan sus países porque necesitan trabajar, que recogen nuestra fruta, trabajan en nuestros campos, cuidan a nuestros mayores, limpian, construyen y realizan numerosas tareas esenciales.
Esas personas también merecen aparecer en los medios cuando se vulneran sus derechos.
Un trabajador nacido en Marruecos, Senegal, España, Rumania o cualquier otro lugar tiene exactamente la misma dignidad cuando termina una jornada laboral. El salario no tiene nacionalidad. Los derechos laborales tampoco deberían tenerla.
La inmigración no puede utilizarse como una herramienta para enfrentar a quienes viven de su trabajo. Cuando a un trabajador extranjero se le paga menos, no se perjudica solamente a ese trabajador, se presionan hacia abajo las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora.
Por eso defender los derechos de los trabajadores migrantes significa también defender los derechos de todos los trabajadores.
Quince jornadas tienen nombres, familias y necesidades
Detrás de esas jornadas pendientes de pago hay personas. Hay alimentos que comprar, alquileres, hijos, recibos y familias que dependen de esos ingresos.
Uno de los trabajadores afectados explicó públicamente que llevaban meses esperando y recordó una evidencia que a veces desaparece detrás de las cifras: son personas con familias y obligaciones que necesitan cobrar aquello que han ganado trabajando.
CTA y La Otra Orilla han llevado esta situación al espacio público y han reclamado respuestas. La reivindicación merece ser escuchada, investigada y resuelta.
Desde una perspectiva profundamente humanista, nuestra solidaridad debe estar siempre con quienes sufren una injusticia, independientemente de su lugar de nacimiento, del color de su piel o de la documentación que lleven en el bolsillo.
Quien trabaja tiene derecho a cobrar.
Palma del Río merece conocer toda la verdad de este caso. Los trabajadores merecen cobrar lo que legítimamente les corresponda. Y las administraciones competentes deben garantizar que se esclarezcan las contrataciones, las responsabilidades empresariales, las altas en la Seguridad Social y cualquier otra circunstancia que pueda afectar a los derechos de estas personas.
Que nadie permanezca invisible.
Porque dar voz a quien apenas dispone de altavoces también es una forma de defender la dignidad humana.
Trabajar no es delito, no pagar es explotación
Sin derechos no hay justicia
La solidaridad nos hace fuertes
Demos voz a quienes no tienen voz
Por un trabajo digno, por una vida digna
¡Justicia ya!
¡Pago de lo que se debe!
Comparte, tus amig@s lo agradecerán…
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