Enfermar no puede convertirse en un castigo: polémica firma del convenio del metal de Córdoba
Por Miguel Hernández Bernárdez
El nuevo convenio 2026-2028 introduce mejoras salariales, pero sindicatos como CTA y CCOO denuncian un retroceso en la protección económica de los trabajadores durante las bajas médicas
Hay firmas que no pueden analizarse únicamente contando porcentajes de subida salarial. También hay que preguntar qué derechos se entregan a cambio.
El nuevo Convenio Provincial del Metal de Córdoba para 2026-2028, firmado por UGT-FICA Córdoba con la patronal FEMECO, ha abierto una profunda controversia sindical. El conflicto no es menor: afecta a alrededor de 25.000 trabajadores y trabajadoras del sector del metal de la provincia.
La hoja informativa difundida por CTA lo resume con un mensaje inequívoco «El convenio del metal en Córdoba: más recortes, menos derechos». Su denuncia se concentra especialmente en el tratamiento de económico de las bajas por enfermedad y en la progresiva pérdida de protección que, según esta organización, vienen sufriendo los trabajadores enfermos.
La segunda baja del año puede salir muy cara
Este es uno de los puntos más graves.
En el convenio 2023-2025, durante una baja por enfermedad común se establecía el 60% del salario bruto mensual los tres primeros días y el 80% desde el cuarto día. Solamente a partir de la tercera baja del año se dejaban sin prestación esos tres primeros días, salvo hospitalización. Ese régimen consta en el propio texto del convenio anterior.
Ahora, según CCOO, el nuevo convenio empeora ese sistema: la pérdida de esos tres primeros días se adelanta de la tercera a la segunda baja del año. CCOO advirtió ya durante la negociación que esta modificación afectaría particularmente a quienes sufren bajas cortas y repetidas.
Esto merece una pregunta muy sencilla:
¿Desde cuándo enfermar dos veces en un año convierte a un trabajador en alguien que merece cobrar menos?
Nadie elige una gripe, una migraña, una lesión, una operación o una enfermedad que obliga a permanecer en casa. La incapacidad temporal no es unas vacaciones. Es precisamente el momento en que una persona puede encontrarse más débil física y económicamente.
CTA denuncia además que, en determinadas bajas prolongadas sucesivas, a partir del día 21 desaparece el complemento empresarial y el trabajador queda únicamente con la prestación correspondiente de la Seguridad Social. La organización calcula que una persona con un salario de 1.500 euros podría perder unos 445 euros en una segunda baja de treinta días. Por ahora, esta cifra procede del comunicado de CTA y de publicaciones que lo reproducen, habrá que comprobarla articulo por articulo cuando se publique oficialmente el texto íntegro definitivo del convenio.
Y ahi está una de las claves de esta polémica: una subida salarial deja de parecer tan brillante cuando una enfermedad puede llevarse una parte importante de ese salario.
La propia UGT andaluza desautorizó la firma
La controversia va mucho más allá de CTA.
CCOO de Córdoba asegura que el convenio fue firmado pese a que UGT-FICA Andalucía había desautorizado la firma, y que representantes de la organización andaluza se desplazaron a la sede de CECO para comunicar que Antonio Lopera no contaba con autorización para formalizarla.
Este hecho exige explicaciones.
No estamos hablando de una discusión entre organizaciones rivales solamente. Estamos hablando de una discrepancia pública dentro de la propia estructura de UGT sobre un convenio que regulará durante años las condiciones de miles de trabajadores. Quien ostenta una responsabilidad sindical no firma únicamente con un boligrafo. Firma con una representación que le han confiado trabajadores y trabajadoras. Y esa representación exige explicar con claridad qué se gana, qué se pierde y por qué determinadas garantías desaparecen.
También existe una versión de UGT-FICA Córdoba, y hay que contarla…
Para que nadie pueda acusar a este artículo de esconder información, también hay que señalar qué defiende UGT-FICA Córdoba. La organización sostiene que el convenio incorpora un incremento salarial del 4% en 2026, 3,5% en 2027 y 3% en 2028, acumulativo, además de una cláusula de revisión de hasta un punto adicional. También señala que la jornada se reduciría progresivamente hasta 1.750 horas anuales en 2028, junto con mejoras en determinados pluses, permisos y otras materias.
Son mejoras que deben ponerse encima de la mesa. Pero reconocerlas no obliga a silenciar los retrocesos. Un convenio colectivo no debería juzgarse únicamente por cuánto sube una tabla salarial. También hay que preguntar qué sucede cuando el trabajador enferma, tiene un accidente, envejece o atraviesa el momento en que más necesita protección. El controvertido protocolo de alcohol y drogas Existe además otro conflicto serio. CCOO sostiene que el convenio incorpora un protocolo sobre alcohol y drogas que considera contrario a los derechos de los trabajadores y ha anunciado su intención de impugnarlo. Según CCOO, también UGT-FICA Andalucía cuestionó ese protocolo. UGT-FICA Córdoba ofrece una interpretación completamente distinta: afirma que el protocolo no establece una nueva causa de despido y que pretende abordar las adicciones como un problema de salud mediante prevención, tratamiento, rehabilitación y reincorporación laboral. Será necesario conocer el texto definitivo y, en su caso, lo que determinen los órganos laborales o judiciales si finalmente se presenta una impugnación. Lo que no puede hacerse es presentar una cuestión tan delicada como si no existiera controversia. Los trabajadores no pueden ser moneda de cambio CTA plantea en su comunicado una acusación de fondo: que las mejoras obtenidas para una parte de la plantilla no deberían financiarse reduciendo la protección de quienes tienen la desgracia de enfermar.
Ese debate transciende las siglas sindicales.
Da igual que el trabajador este afiliado a CTA, UGT, CCOO, CGT, CNT o que no tenga ningún carné sindical. Una enfermedad no pregunta a qué sindicato perteneces antes de entrar por la puerta de tu casa. Por eso la pregunta fundamental debe dirigirse a quienes negociaron y firmaron el convenio:
¿Por qué un trabajador que enferma por segunda vez en el mismo año debe perder una protección económica que tenia anteriormente?
Y otra más:
¿Qué sentido tiene hablar de protección de la salud si precisamente se penaliza económicamente a quien necesita una baja médica?
Estas preguntas merecen una respuesta pública, detallada y documentada.
Un sindicato está para defender, no para hacer pagar al enfermo. Las organizaciones sindicales nacieron para equilibrar una relación laboral en la que el trabajador individual tiene mucha menos fuerza que una empresa o una patronal organizada. Por eso, cuando se firma un convenio, la responsabilidad es enorme.
Naturalmente, negociar significa alcanzar compromisos. Ningún convenio recoge todas las reivindicaciones de una parte. Pero existe una diferencia fundamental entre renunciar a una aspiración nueva y retroceder en una protección que ya existía.
Las subidas salariales pueden celebrarse. Las reducciones de jornada pueden celebrarse. Los nuevos permisos pueden celebrarse.
Pero ninguna de esas mejoras deberían utilizarse como cortina para esconder una pregunta mucho más incómoda:
¿Qué ocurre con el trabajador cuando enferma? Si la respuesta es que cobra menos que antes, entonces existe un retroceso que debe explicarse y discutirse públicamente.
Que hablen los trabajadores. La última palabra no debería quedar encerrada en un despacho sindical ni en una mesa de negociación. El nuevo convenio afectará a miles de familias cordobesas hasta 2028. Por eso sus cláusulas deben conocerse, compararse con las anteriores y debatirse en los centros de trabajo.
Sin insultos. Sin esconder datos. Sin convertir unas siglas en una religión. Pero también sin silencio.
Porque el sindicalismo pierde su razón de ser cuando un trabajador descubre las consecuencias de un convenio solamente el día en que enferma y mira su nómina.
Los derechos laborales costaron décadas de lucha. Perderlos puede costar una sola firma.
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