Honduras. La derecha criminaliza a la oposición: exilio, detenciones y leyes para sofocar la disidencia
Por Giorgio Trucchi*
Tras las controvertidas elecciones de 2025 En Honduras, se emite una orden de aprehensión contra el expresidente del Congreso y doce parlamentarios están bajo acusación
En Honduras, el recuerdo del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya sigue siendo un punto de inflexión para toda la sociedad. A pesar del paso de los años y de las sucesivas elecciones, varios analistas consideran que el aparato represivo y las dinámicas de poder que se consolidaron a partir de la ruptura constitucional y durante los doce años de narcodictadura (2009-2021), así como la influencia del bipartidismo histórico, no han sido desmantelados en absoluto.
Este sistema tiene raíces profundas en las instituciones vinculadas a la política tradicional, a las élites económicas nacionales, a los grandes capitales multinacionales y a las redes del crimen organizado. Esta configuración también se ve afectada por las políticas estratégicas históricas de Estados Unidos en la región, que tradicionalmente ha considerado a Honduras como un nodo geopolítico en el corredor centroamericano.
Se trata de una estructura que tiende a proteger rigurosamente sus propios equilibrios e intereses. En consecuencia, los sectores políticos o los movimientos sociales que proponen reformas estructurales, modelos de desarrollo más inclusivos o incluso una refundación del país se enfrentan a una dura represión judicial y física, que a menudo culmina en la detención, el exilio forzado o, en los casos más extremos, en el asesinato político.
La etapa más reciente de esta compleja dinámica se está desarrollando entre la Corte Suprema de Justicia y las oficinas del Ministerio Público, instituciones que han vuelto a estar bajo el control del bipartidismo. En el centro de la disputa se encuentran las fuertes tensiones postelectorales relacionadas con las elecciones generales de finales de 2025.
Recientemente, la magistratura emitió una orden de captura internacional, acompañada de una alerta roja de la Interpol, contra Luis Redondo, ex presidente del Congreso Nacional. Además, ha acusado a los diputados —casi todos del entonces partido gobernante Libertad y Refundación (Libre)— que en ese momento integraban la Comisión Permanente del Parlamento, a quienes se les exige rendir cuentas por haber presuntamente abusado de sus prerrogativas para impugnar los resultados de la votación.
Los recursos que quedaron sin resolver, la suspensión del recuento electrónico durante más de 24 horas, las repetidas interrupciones del sistema de conteo preliminar y las denuncias de ataques cibernéticos antes, durante y después de la votación, habían servido de telón de fondo a una rápida declaración de los ganadores por parte de las dos representantes del bipartidismo dentro del máximo órgano electoral. Ante esta proclamación oficial —realizada a marchas forzadas a pesar de las protestas por alteraciones masivas de la voluntad de los votantes—, la Comisión Permanente del Parlamento intentó una contramedida institucional.
Durante la sesión extraordinaria del 8 de enero de 2026, este órgano restringido aprobó el Decreto Legislativo 58-2025, mediante el cual ordenaba al Consejo Nacional Electoral la revisión y el recuento «voto por voto» de aproximadamente 20 mil actas electorales. Este duro pulso terminó por redefinir el destino de sus protagonistas.
Por un lado, las dos funcionarias que habían certificado el recuento fueron posteriormente «recompensadas» con importantes cargos diplomáticos. Por otro lado, el tercer consejero, Marlon Ochoa, miembro de Libre, pagó el precio más alto: tras denunciar públicamente las irregularidades y entregar las pruebas de fraude al Ministerio Público, sufrió un duro enfrentamiento político que culminó en un juicio parlamentario destinado a destituirlo y, posteriormente, a encarcelarlo. Temiendo por su vida y la de su familia, Ochoa tuvo que abandonar finalmente el país, optando por el exilio. Un destino similar le ha tocado recientemente al mismo Luis Redondo, obligado a exiliarse.
Los delitos que la Fiscalía le imputa a Redondo son perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. Se trata de acusaciones que la oposición cuestiona, ya que interpretan el ejercicio del control parlamentario —un pilar de cualquier democracia— como un acto subversivo y criminal.
Las dinámicas de la derecha oligárquica nacional, respaldadas por la influencia de Washington, han vuelto a colocar al Partido Nacional en el poder ejecutivo, liderado por la figura pública de Nasry «Tito» Asfura, mientras que el expresidente Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico e indultado por Donald Trump— mantiene una compleja influencia estratégica en el trasfondo del panorama político.
Para descifrar el contexto actual de Honduras, y más en general de los países latinoamericanos en los que se registra un fuerte giro conservador y neoliberal alineado con los intereses de Washington, es necesario observar el mapa del poder real que controla la nación centroamericana.
Lo que estamos presenciando no es un proceso judicial normal, sino lo que la oposición describe como una operación de «lawfare», una estrategia orquestada por el bipartidismo tradicional para garantizar los intereses oligárquicos e impedir futuras opciones progresistas. Mientras Redondo denuncia desde el exilio la persecución política y se defiende en Honduras a través de sus abogados, los otros doce diputados y exdiputados acusados enfrentan un proceso judicial en el que denuncian fuertes limitaciones a sus garantías. Les espera la jueza Anny Ochoa, una figura cuya imparcialidad ha sido duramente cuestionada por la defensa debido a sus vínculos estructurales con el partido gobernante.
También existe una continuidad evidente, un hilo conductor entre la presión judicial contra quienes denunciaron el golpe electoral de 2025 y la impunidad generalizada que rodea el asesinato de decenas de activistas ambientales y defensores de la tierra. Esta dinámica se inscribe en un marco de criminalización progresiva de la disidencia, que hoy cuenta con nuevos instrumentos legales.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) ha lanzado una alerta ante la reciente Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal, aprobada por la mayoría parlamentaria conservadora. Bertha Oliva, coordinadora de la organización de derechos humanos y figura histórica de la resistencia hondureña, denuncia la naturaleza de estas medidas: «Están desempolvando los manuales de la Doctrina de Seguridad Nacional de los años 80. Modificar el código penal para castigar la disidencia no sirve para combatir a los delincuentes, sino para blindar la impunidad de quienes están en el poder y anular el Estado de derecho, dejando a los ciudadanos en una situación de total vulnerabilidad».
En su comunicado del 29 de octubre de 2026, la organización sostuvo que las reformas constituyen «un instrumento nocivo y retrógrado que desmantela las garantías constitucionales», denunciando además que se busca «criminalizar de antemano la protesta popular legítima», abriendo las puertas a «los peores abusos de la doctrina de seguridad nacional», lo cual, a su juicio, allana «el camino hacia el terror de Estado».
Con el pretexto de la seguridad pública y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, las nuevas normas alargan los plazos de la prisión preventiva, autorizan los registros domiciliarios sin orden judicial, introducen el aislamiento disciplinario de hasta 60 días y aplican la prisión preventiva obligatoria con base en simples indicios. Incluso las formas de protesta visual, como la realización de grafitis o consignas en las paredes, se equiparan a actos de terrorismo, con penas que varían entre 30 y 40 años de prisión.
Un bukelismo al estilo hondureño que hace del estado de excepción, de la militarización de los territorios, de las detenciones arbitrarias, de la criminalización de la protesta y del populismo penal, su filosofía dominante.
«Si uno se manifiesta por la protección del agua, lo acusan de terrorismo; si defiende el bosque y la tierra, lo persiguen como usurpador. Si pide el recuento de votos para evitar fraudes electorales, lo acusan de perturbar las instituciones. Es la inversión total de la justicia», denuncian las organizaciones comprometidas con la defensa del medio ambiente y los bienes comunes.
Los acontecimientos que se están desarrollando en Honduras no representan una crisis pasajera, sino un profundo enfrentamiento entre visiones opuestas del modelo de país. La persecución contra la Comisión Parlamentaria, así como la criminalización de los movimientos sociales y de la protesta en general, reducen las perspectivas de una democratización que se lleve a cabo exclusivamente por vía institucional. Cuando las reglas del juego son manejadas y aplicadas de manera unilateral por quienes detentan el control de la fuerza, la respuesta de los movimientos sociales se orienta hacia la movilización, la organización desde abajo y la solidaridad internacional.
En este contexto, la contundente derrota de Trump en las elecciones de mitad de período abre, sin embargo, un frente de vulnerabilidad geopolítica para las fuerzas conservadoras hondureñas. La ofensiva parlamentaria, investigativa y, muy probablemente, judicial que la nueva mayoría demócrata está lista para lanzar se centrará, entre otras cosas, en la facilidad con la que la administración Trump ha otorgado indultos presidenciales. Varios congresistas demócratas ya han planteado la intención de investigar a fondo el polémico indulto otorgado a Juan Orlando Hernández.
Este riguroso escrutinio en el Capitolio podría representar un primer obstáculo importante para la ofensiva bipartidista, debilitando de hecho la estrategia represiva puesta en marcha en Honduras en los últimos meses.
«La única razón por la que los moribundos partidos tradicionales pudieron robar las elecciones y asaltar el poder en Honduras es porque Trump los impuso por la fuerza. El tsunami democrático, sin lugar a dudas, también barrerá la arrogancia de la narcodictadura hondureña», declaró Marlon Ochoa desde el exilio. «El viento ha comenzado a cambiar a favor de la democracia y la paz a las que aspiramos en América. Aquellos que creían que Trump y sus aliados serían eternos han recibido una ‘paliza’ en los Estados Unidos y en Brasil».
Y mientras el sistema judicial sigue aplicando medidas restrictivas contra los diputados de la oposición y quienes expresan su disconformidad en las calles, la memoria histórica del país sigue siendo el eje central de la movilización social y de un futuro diferente y posible.
* Nota original: La destra criminalizza l’opposizione: esilio, arresti e leggi per soffocare il dissenso.
Otras notas del autor
⇒ Honduras en LoQueSomos
Comparte, tus amig@s lo agradecerán…
Mastodon: @LQSomos@; Friendica: Loquesomos;
UpScrolled: @LQSomos; Telegram: LoQueSomosWeb;
Bluesky: LQSomos; Facebook: LoQueSomos;
Instagram: LoQueSomos; WhatsApp: LoQueSomos;
Youtube: @LoquesomosAudiovisual
