El 11N: unidad sindical frente a la ofensiva antisindical
Por Vicent Maurí Genovés
Las declaraciones del papa León XIV durante su viaje a Argentina, en un encuentro con representantes del mundo del trabajo, han sido especialmente significativas. Ante trabajadores y trabajadoras, empresarios, sindicatos y movimientos populares, reivindicó el papel de las organizaciones sindicales y afirmó que «el sindicato es una institución indispensable cuando defiende a quienes no tienen voz y se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo».
Una reflexión que debería hacer pensar a algunos dirigentes políticos, especialmente a los del Partido Popular y a quienes, desde la extrema derecha, han convertido el ataque al sindicalismo en una de sus principales banderas políticas.
Las declaraciones de Borja Sémper, portavoz nacional del PP, coincidiendo con la huelga general del 11 de noviembre, cuestionando la acción sindical, la convocatoria de la movilización y la credibilidad de las organizaciones de clase, no son un hecho aislado ni un simple exabrupto. Forman parte de una estrategia política que pretende desacreditar, debilitar y deslegitimar a los sindicatos, limitar su capacidad de movilización y reducir la fuerza colectiva de la clase trabajadora. Es la vieja aspiración de una derecha que considera incómoda cualquier organización capaz de plantar cara a los intereses económicos y empresariales.
El PP debería recordar que la Constitución española es muy clara. El artículo 7 reconoce a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales como organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de sus respectivos intereses económicos y sociales. El artículo 28.1 garantiza la libertad sindical, mientras que el artículo 37.1 reconoce el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios. No son concesiones ni privilegios: son derechos fundamentales para el funcionamiento de una democracia social.
También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23.4, reconoce el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para defender sus intereses. La Organización Internacional del Trabajo, mediante los convenios 87 y 98, protege igualmente la libertad sindical, el derecho de sindicación y la negociación colectiva.
Sin embargo, el PP no se limita a cuestionar públicamente a los sindicatos. También se opone sistemáticamente a medidas que mejoran los salarios, las pensiones y la protección social de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables. Lo ha demostrado votando contra la reforma laboral y diferentes iniciativas del escudo social. En cambio, no muestra el mismo afán fiscalizador cuando se trata de las subvenciones y los recursos públicos destinados a las organizaciones empresariales. La doble vara de medir es evidente: máxima beligerancia contra los sindicatos y máxima comprensión con los intereses patronales.
Esta ofensiva no puede entenderse al margen de la creciente influencia de la extrema derecha y de sus discursos antisindicales. El PP, lejos de marcar distancias, alimenta demasiadas veces sus planteamientos y contribuye a normalizar una estrategia política que pretende enfrentar a la sociedad con sus organizaciones colectivas. Se trata de debilitar los contrapoderes sociales, cuestionar los derechos conquistados y dejar a las personas trabajadoras más desprotegidas frente al poder económico. Milei, Bolsonaro y Trump representan diferentes expresiones de este mismo proyecto político: menos derechos, menos protección social y más poder para quienes ya lo tienen.
El 11 de noviembre ha supuesto mucho más que una jornada de huelga general. Ha sido una demostración de capacidad de respuesta, organización y fuerza colectiva de la clase trabajadora frente a las políticas que cuestionan sus derechos y frente a quienes pretenden debilitar sus instrumentos de representación. La huelga ha permitido trasladar a las calles y a los centros de trabajo un mensaje claro: los derechos laborales, sociales y económicos no se regalan ni se defienden solos; necesitan organización, movilización y compromiso colectivo.
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El 11N ha servido también para situar en el centro del debate público reivindicaciones que no pueden seguir siendo ignoradas. Ha demostrado que detrás de las organizaciones sindicales hay miles de trabajadores y trabajadoras dispuestos a defender sus condiciones de vida, reclamar avances sociales y exigir respuestas ante unas desigualdades que siguen condicionando el presente y el futuro de amplios sectores de la sociedad. La huelga ha sido, por tanto, una herramienta legítima de presión democrática y de expresión del conflicto social.
Pero hay otro elemento que merece una valoración especial: la unidad sindical. La confluencia de organizaciones sindicales, junto con los movimientos sociales y las plataformas en defensa del derecho a la vivienda, ha permitido construir una convocatoria amplia, plural y con capacidad de conectar las reivindicaciones laborales con los problemas cotidianos de la mayoría social. El 11N demuestra que, cuando las organizaciones sindicales son capaces de aparcar diferencias, sumar fuerzas y trabajar desde la unidad de acción, el movimiento obrero gana capacidad de convocatoria, legitimidad y fuerza negociadora.
Esta huelga también ha sido una respuesta política y social a quienes, desde el PP y la extrema derecha, cuestionan permanentemente la legitimidad de los sindicatos y el derecho de los trabajadores y trabajadoras a movilizarse. Frente a sus descalificaciones, la jornada del 11N ha recordado que el sindicalismo no necesita la autorización de ningún partido para ejercer sus derechos constitucionales. Los sindicatos representan intereses colectivos, organizan la defensa de los derechos laborales y sociales y constituyen un contrapoder democrático imprescindible.
El 11N no debe entenderse como un punto final, sino como un punto de partida. Su fuerza debe traducirse en mayor organización, más participación, continuidad de la movilización y avances concretos en las reivindicaciones planteadas. La unidad sindical demostrada debe consolidarse y proyectarse hacia nuevas luchas y objetivos compartidos. Porque la principal enseñanza de esta jornada es que la clase trabajadora, cuando actúa unida y organizada, tiene capacidad para hacerse escuchar, defender lo conquistado y abrir camino a nuevos derechos.
La historia demuestra que ningún derecho laboral importante ha llegado por generación espontánea. La jornada de ocho horas, las vacaciones, los convenios colectivos, los salarios dignos, la protección social y las pensiones son conquistas de décadas de organización, movilización, negociación y lucha colectiva. Nada de lo que hoy tenemos está garantizado para siempre. Los derechos se defienden ejerciéndolos y se amplían conquistando nuevos espacios de igualdad y justicia social.
Quizá algunos dirigentes, de la CEOE, del PP y de la extrema derecha preferirían un sindicalismo silencioso, domesticado, subordinado al poder económico y sin capacidad de movilización. Un sindicalismo que no cuestione las desigualdades ni incomode a quienes concentran la riqueza. Pero un sindicalismo que no defiende a quienes más lo necesitan pierde su razón de ser. Y una sociedad sin organizaciones sindicales fuertes es una sociedad más desigual, más vulnerable y menos democrática.
Como nos recuerda Robert Francis Prevost, el papa León XIV, los sindicatos son imprescindibles cuando defienden a quienes no tienen voz. El señor Sémper y el conjunto de la dirección del PP deberían tomar nota, dejar de alimentar los ataques contra el movimiento sindical, respetar la legislación vigente y romper su complicidad política con los discursos y las prácticas antisindicales de la extrema derecha.
La libertad sindical no se negocia ni se cuestiona. Es un derecho constitucional y humano, una conquista histórica y una garantía democrática. Atacar a los sindicatos es atacar la capacidad de la clase trabajadora para organizarse, defender sus intereses y conquistar nuevos derechos. Es debilitar los contrapoderes sociales y erosionar los propios fundamentos del Estado de derecho.
La huelga general del 11N ha demostrado que la unidad sindical y la movilización siguen siendo herramientas imprescindibles para defender los derechos de la mayoría. Frente a quienes quieren sindicatos débiles y trabajadores y trabajadoras aislados, necesitamos organizaciones libres, autónomas, combativas y fuertes.
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