El secuestro del presidente Nicolás Maduro y la criminal agresión militar de EEUU a Venezuela
Por Joan Martí
Nicolás Maduro ha sido secuestrado en su propio país, del que es presidente electo, en una operación militar ejecutada por Estados Unidos, iniciando (o mejor dicho continuando y confirmado) una práctica de instrumentalización del sistema judicial de una potencia para ejecutar una guerra encubierta contra otro país y sus instituciones, vulnerando así la soberanía nacional, el derecho internacional y los principios democráticos y legales más básicos.
Bajo el ropaje de una acusación y ejecución del derecho penal, -artificio tristemente creado y celebrado con champán por la mafia mediática occidental- se esconde una operación de cambio de régimen en Venezuela que consagra la “ley de la selva”. En ella otro estado, el agresor, anula el gobierno del agredido y lo sustituye por otro a su libre albedrío y conveniencia.
Ello establece un precedente de fascismo internacional, donde la fuerza bruta y la narrativa mediática reemplazan al orden jurídico multilateral; precedente y práctica que cuando interese servirá para anexionarse cualquier territorio de otro estado – Groenlandia, por ejemplo- o sus recursos. En este caso, la agresión ilegal secuestra al presidente elegido, destruye su gobierno y lo sustituye por otro y, -sin rubor alguno-, roba sus recursos naturales. En este caso su petróleo pesado.
La Acusación Penal como Arma Geopolítica: Testimonios Comprados y Justicia Selectiva. Es en este montaje artificial en el que descansa la justificación de la invasión; en la acusación penal estadounidense por narcoterrorismo. Sin embargo, no se presenta un catálogo de pruebas directas concretas (documentos, grabaciones, transferencias), como es propio en el funcionamiento de la Justicia, sino que la acusación se construye sobre un andamiaje de testimonios, obviamente parciales e interesados de otros procesados.
En concreto el del tal Hugo “el Pollo” Carvajal: Exjefe de inteligencia venezolano, extraditado y declarado culpable en EEUU. Su sentencia ha sido “pospuesta” hasta el próximo febrero de 2026 precisamente para valorar “el peso de su colaboración”. Es decir, su testimonio contra la cúpula del gobierno chavista es parte de un proceso de negociación con la justicia estadounidense, donde su reducción de pena depende de la utilidad práctica de su declaración. ¿Puede considerarse prueba objetiva y desinteresada el testimonio de un condenado que negocia su condena? Pues obviamente no. En este caso la justicia penal en sentido estricto se transforma directamente en una mala ficción, porque se convierte exactamente en una herramienta de canje: Si nos ayudas con tu cuento a justificar el secuestro y condena de Maduro, te libramos de la cárcel o te reducimos la duración de la pena.
El otro testigo “colaborador” es Cliver Alcalá Cordones: Exgeneral chavista condenado a 21 años de prisión en EEUU, también tras declararse culpable y prestar su “cooperación parcial”. Su testimonio, como el de Carvajal, está intrínsecamente viciado por el interés personal en obtener beneficios penitenciarios.
La acusación se presenta, así como un “híbrido espurio”: recoge hechos graves, pero es seleccionada y activada en función de la oportunidad política, no de un criterio neutral. Esta selectividad es la clave y evidencia una asimetría flagrante: existen numerosos mandatarios y aliados de EE.UU implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción sistémica que jamás afrontarán un dispositivo penal similar. La acusación no es un acto de justicia universal, sino una herramienta selectiva, aplicable a ciertos enemigos geopolíticos, pero nunca a socios estratégicos que le hacen de claqué al imperio. Se desvela así la hipocresía de un sistema que maquilla la venganza política con terminología jurídica, creando una “ley del más fuerte” con apariencia de legalidad.
La Invasión Encubierta: De la Orden Judicial a la Agresión Militar
En el salto argumentl y justificativo de la acusación a la captura es donde la operación desnuda su verdadera naturaleza de agresión. Bajo el pretexto de hacer efectiva una orden de arresto, se despliegan recursos militares, satélites, drones, fuerzas especiales y redes de informadores que violan la soberanía del Estado objetivo de la “operación”. Esto, en otros contextos se denominaría agresión, pero en este montaje legitima y “justifica la información” manipuladora de la mafia mediática, la cual simplemente replica una información mainstream espuria para engañar a sus lectores, telespectadores, radioyentes o usuarios de redes sociales que, de forma acrítica, a su vez propagan el fraude intelectual mediante frases burdas descontextualizadas, memes y otras ténicas de “creación” de contenido monetizado a beneficio y lucro de los influencers.
La secuencia es reveladora: 1 Construcción del enemigo mediante un relato que mezcla crímenes reales o imaginarios y demonización política. 2 Emisión de acusaciones penales extraterritoriales con recompensas económica o penal. 3 Ejecución de una operación militar encubierta de un ejército, “presentada” como “simple acto policial ampliado”.
Esta estrategia deliberadamente ambigua borra la frontera entre guerra, seguridad y cumplimiento de la ley. Permite que una invasión limitada –una “incursión militar encubierta”– sea vendida a la opinión pública mundial como un mero acto de justicia. Pero el mensaje real es el de un poder ejemplarizante: se lanza un aviso a otros mandatarios de la región. Se demuestra que la soberanía nacional es ilusoria si una potencia decide que un líder determinado es un criminal global. Su inmunidad como jefe de Estado queda anulada por la fuerza, sin mediación de tribunales internacionales independientes ni nada que se le parezca.
La Violación Sistemática del Derecho Internacional y la Carta de la ONU
Esta operación constituye una violación múltiple y flagrante del ordenamiento jurídico internacional: Violación de la Soberanía e Integridad Territorial (Art. 2.1, 2.4 Carta de la ONU): La operación se ejecuta sin el consentimiento del Estado venezolano, vulnerando su soberanía. La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Sustitución de la Jurisdicción Internacional: La captura no se produce en el marco de la Corte Penal Internacional o de un tribunal internacional legítimo, sino por la justicia doméstica de un Estado que se autoproclama juez global mundial. Esto socava cualquier principio de imparcialidad y debido proceso. Inmunidad de los Jefes de Estado: El derecho internacional consuetudinario reconoce la inmunidad de los jefes de Estado en ejercicio. Su captura mediante una operación unilateral es un acto de fuerza que ignora esta norma fundamental. Abuso del Concepto de Jurisdicción Universal: EEUU extiende su jurisdicción penal de manera extraterritorial y unilateral, no basada en un consenso multilateral como la jurisdicción universal para ciertos crímenes, sino en su propio poder para imponerla.
Todo ello es gravísimo y al tiempo ilustrativo de la naturaleza real del poder en tiempos de los últimos coletazos de la unipolaridad occidental decadente, ya que, sin instituciones internacionales verdaderamente independientes, el “castigo” a Maduro resulta una demostración de poder fascista, arbitrario y selectivo que se impone por la fuerza (drones, aviones, barcos, bombas, intervención y anulación de comunicaciones y misiles) al derecho penal internacional como organización civilizatoria. Se premia la acción unilateral de facto por encima del multilateralismo legal de Iure, dinamitando el sistema creado tras la Segunda Guerra Mundial para evitar precisamente la ley del más fuerte.
La Complicidad Mediática: Fabricando el Consentimiento para el Fascismo Internacional. Esta aberrante “operación” de secuestro de un Jefe de Estado y agresión a un Estado soberano no sería posible sin la previa y simultánea “batalla narrativa” y la complicidad de los grandes medios de comunicación occidentales.
Estos medios, alineados con el poder hegemónico, están representando el secuestro de un jefe de estado y la invasión de un país como “restauración de la democracia” y “lucha contra el narcotráfico”, “captura” de Maduro, “guía del proceso venezolano”, etc, omitiendo el análisis crítico sobre la ilegalidad de los medios empleados y la selectividad de la justicia aplicada.
Con ello, se construye un consentimiento fabricado que normaliza lo inaceptable: Naturaliza la Violencia: Vende una operación militar como un acto policial técnico. Deshumaniza al Objetivo: Reduce a un jefe de Estado (elegido en procesos que, con sus defectos, tienen una base electoral) a la categoría de “delincuente” o “narco”, eliminando cualquier matiz político o contextual. Oculta el Precedente: No cuestiona las implicaciones aberrantes de que un país pueda secuestrar a los líderes de otro. Esta omisión es cómplice de la erosión del sistema internacional.
Al no ejercer una crítica rigurosa, los medios se convierten en correa de transmisión y cómplices de un discurso que justifica el abuso de poder, allanando el camino para su repetición futura.
Conclusión: Un Precedente Aterrador y la Ley de la Selva Global. El escenario descrito no es solo una advertencia sobre Venezuela. Es la crónica de un nuevo y aterrador paradigma que, de normalizarse, representará la muerte de la democracia y el derecho internacional, y el nacimiento de un fascismo internacional.
Si se acepta que Estados Unidos, basándose en testimonios cuestionables de sus propios procesados y saltándose todos los marcos multilaterales, puedad invadir un país, secuestrar a su presidente y desestructurar su orden político, entonces se ha establecido la regla. Y la regla sería que el poder militar y la influencia mediática otorgan carta blanca para alterar el orden interno de cualquier Estado considerado “incómodo”.
Extrapolando esta lógica, ¿Qué impediría que, en un futuro, una potencia emergente con fuerza militar suficiente decidiera que el presidente de Francia, España o Bélgica es un “criminal contra la economía global” o un “terrorista financiero”, basándose en testimonios de excolaboradores procesados en sus tribunales? ¿Qué impediría que lanzara una operación secreta para capturarlo, argumentando que está persiguiendo un delito transnacional? Nada. Absolutamente nada. Ese es el punto de no retorno.
La operación contra Maduro, no busca una refundación jurídica. Es un ajuste de cuentas entre élites y realineamiento geopolítico entre estados. Demuestra que el delito se “crea ad hoc” cuando el más fuerte lo decide, cuándo un determinado dirigente deja de serle útil a determinado Estado hegemónico o cocn alianzas hegemónicas. Al final, las estructuras de corrupción y poder pueden sobrevivir bajo nuevas caras. Lo que no sobrevivirá es el principio de igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza arbitraria.
Aceptar este escenario es aceptar un mundo donde la democracia es un espejismo, porque la voluntad popular de cualquier país puede ser anulada por la mafia mediática, los drones y los fiscales de una potencia extranjera. Es consagrar un régimen fascista a escala global, donde una policía internacional autoproclamada impone su ley mediante la coerción, destruyendo desde fuera lo que no puede cambiar desde dentro. La captura de Nicolás Maduro es, en definitiva, la metáfora del secuestro de todo el orden internacional por parte del poder sin límites.
La pregunta que queda abierta es si estamos dispuestos a vivir –y a legitimar con nuestro silencio o nuestra aquiescencia mediática– esta distopía del Gran Hermano global, en la que la realidad objetiva de la injusticia y el crimen de Estado “desaparece” manipulada por la mafia mediática al servicio de ese GH de Orwell, y si, con el tiempo, aprenderemos a escabullirnos de los drones, los helicópeteros y misiles que sobrevuelen nuestros barios y del dominio agresivo de los Terminator.
⇒ Actualizando la información…
ataque terrorista de EEUU contra Venezuela. Maduro secuestrado!!!
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