País Valenciá. Ni especulación ni expulsión: vivienda digna
Por Vicent Maurí
«O los gobiernos reaccionan de inmediato, o será la movilización de la gente en la calle la que marque el camino.»
Nos hablan de crecimiento, modernidad y competitividad, pero ¿qué vale todo esto si cada vez es más difícil tener un techo? En el País Valencià, la vivienda se ha convertido en un privilegio y ha dejado de ser un derecho. Y esto no es fruto de la casualidad: es consecuencia de decisiones políticas que durante años han puesto los intereses económicos e inmobiliarios por encima de la vida de la gente.
Cada día vemos cómo expulsan a familias de sus barrios, cómo los alquileres suben sin control y cómo proliferan los pisos turísticos. Es indecente que todavía haya personas viviendo con el miedo constante de ser desahuciadas mientras la especulación sigue campando sin freno.
Y después nos vienen con discursos y promesas que duran lo que dura una rueda de prensa. Mientras, la realidad es tozuda: sin estabilidad en la vivienda no hay vida digna. Cuando una familia destina más de la mitad del salario a pagar un alquiler abusivo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “progreso”?
Ya es suficiente. La vivienda no puede seguir siendo un negocio sin límites. Los gobiernos y las administraciones públicas deben dejar de mirar hacia otro lado y asumir sus responsabilidades: aumentar el parque público de vivienda, detener los desahucios sin alternativa habitacional, controlar los precios del alquiler, acabar con el racismo inmobiliario, frenar la turistificación y poner fin a la vergüenza de tener viviendas vacías mientras hay personas y familias.
El 20 de diciembre, numerosas entidades valencianas nos convocan a salir a la calle para dejarlo claro: el pueblo valenciano no piensa resignarse. No es una manifestación más; es una acción unitaria y popular para decir que ya basta con recortar derechos mientras engorda la máquina de la especulación y para exigir medidas concretas como la prórroga y mejora del escudo social.
Defender la vivienda es defender una vida digna, el futuro de la juventud, la tranquilidad de las personas mayores, los derechos de las personas migrantes y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores que sostienen a esta sociedad. Es defender a nuestros pueblos y barrios y el derecho a no ser expulsados del lugar que hemos elegido para vivir.
Por eso se reclaman respuestas inmediatas y reales: no excusas, ni aplazamientos. El País Valenciano necesita darle la vuelta a esta situación, no someterse a los intereses económicos de siempre. Las soluciones existen, pero deben aplicarse con determinación y valentía y con la ciudadanía implicada en la toma de decisiones.
La línea roja es clara: con nuestras casas y nuestras vidas no se juega. O los gobiernos reaccionan de inmediato, o será la movilización de la gente en la calle la que marque el camino. Porque sin casa no hay futuro. Y el futuro, o lo defendemos nosotros, o nos lo volverán a robar.
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