Un monstruo frente al espejo

Por CNT Aranjuez*

El sindicalismo reformista, el de los sindicatos representativos, persigue la mejora de las condiciones laborales y sociales de las trabajadoras mediante el diálogo, la negociación colectiva y las reformas progresivas y descarta la lucha de clases radical y la huelga general como herramientas para liquidar el sistema capitalista. Es decir, se lo denomina así porque evita la confrontación directa y opta por una especie de reformismo estructural promovido desde la integración en las instituciones. Esos sindicatos participan en la vida política y en las instituciones del Estado e intervienen en los conflictos como mediadores entre la «fuerza de trabajo» –el factor humano de la producción de bienes y servicios– y el patrón. ¿Qué ocurre cuando el sindicalismo reformista se convierte en empresa?

Hoy en día, en el mundo occidental, este modelo es predominante. Su función principal de proteger los derechos de la «fuerza de trabajo» se lleva a cabo mediante comités de empresa y federaciones de rama que firman convenios que regulan los salarios, las horas de trabajo y los protocolos de seguridad. Toda la normativa sobre libertad sindical y representación está regulada por instancias estatales (Ministerio de Trabajo y Economía Social) y europeo (Comisión Europea). Es decir, forman parte del mercado laboral actual. En los casos principales aglutinan a más de un millón de personas afiliadas y cuentan con más de 100000 representantes, por lo que, con semejante volumen, su sistema de gestión no se distingue del de una empresa comercial: tienen un número elevado de personas a sueldo, que administran su infraestructura, ofrecen servicios de asesoría jurídica y laboral, realizan trámites administrativos (contabilidad, impuestos, declaraciones de la renta, gestión de nóminas o tramitación de ayudas). Los miembros de las ejecutivas sindicales también son «fuerza de trabajo» remunerada; quienes antes eran simplemente sindicalistas se integran en la estructura profesionalizada de la organización. También defienden los derechos de la «fuerza de trabajo» y resuelven conflictos laborales. Pero esto último está supeditado que, previamente, se cubran las necesidades sistémicas de semejante monstruo burocrático.

Para prestar esos servicios, se exige un periodo mínimo de afiliación previa y no suelen ser gratuitos, aunque, si la «fuerza de trabajo» está afiliada, tienen un precio bajo. La ventaja suele ser que cuentan con abogados laboralistas especializados en conflictos entre empresa y trabajador. Además de plantilla, tienen una estructura jerárquica de órganos de representación elegidos por la «fuerza de trabajo» (delegados y delegadas y comités de empresa).

¿Qué diferencia hay con una gestoría? Ya ni siquiera el precio. Tal vez que, como entidad jurídica, su objetivo prioritario no es la rentabilidad económica: generar ganancias. En principio no hay ánimo de lucro, aunque sí intereses particulares: seguir percibiendo un salario por hacer sindicalismo. Pero venden bienes y servicios. Se sostienen principalmente con las cuotas periódicas que paga la afiliación y, sobre todo, con subvenciones estatales, lo que ya limita enormemente su capacidad de negociación colectiva en el ámbito funcionarial y en la acción directa, si es que esta se considerase siquiera como posibilidad en algún caso. Son empresas de gestión y así lo reconocen en comunicados en que el comité de «empresa» insta a «cuidar el clima laboral», que «es una obligación de la empresa».

Pero, desde el punto de vista ideológico y ético, su doble naturaleza de institución defensora de los derechos de empleados y empleadas y, al mismo tiempo, «empleadora» es su pecado original. Esos sindicatos actúan como «empleadores» de su propio personal liberado y contratado y, ellos, antes que nadie y mejor que nadie, deberían cumplir con los compromisos laborales establecidos con su «fuerza de trabajo», no solo cuando operan en representación de otras personas, sino, especialmente, cuando se sitúan ellos mismos en la posición del «empleador».

¿Qué ocurrirá cuando una persona de su «fuerza de trabajo» denuncie al sindicato como empresa por vulneración de derechos laborales? El planteamiento de semejante situación debería ser imposible, inimaginable incluso para la dirigencia y la afiliación. Pero, si se da, ¿no debería ser el sindicato especialmente sensible y atender con delicadeza y solidaridad y apoyar incondicionalmente a esa persona desde el primer instante? Aunque fuese por conciencia de clase.

Pues ya sabemos lo que pasaría. En Aranjuez, una trabajadora de CCOO ha denunciado a la empresa. No ha sido la primera ni será la última. La diferencia con las demás es que esta ha decidido organizarse con otro sindicato, con CNT.

Esta trabajadora no ha tenido una sola queja a lo largo de toda su trayectoria profesional, desde su incorporación en 1989, lo que refuerza aún más la gravedad de la situación actual. Realiza su trabajo con rigor, compromiso y dedicación. Sin embargo, se ha puesto en cuestión su labor, como demuestran los dos intentos de apertura de expedientes sancionadores o las diversas propuestas de “traslado voluntario” que se han planteado a lo largo de estos últimos años. Estos hechos no son casos aislados, sino que revelan un patrón de conducta (¡qué palabra más fea para referirse a la dirigencia comarcal de un sindicato!), porque se replican con otras trabajadoras. Y eso es aún más preocupante. Ya sabemos que, cuando el conflicto laboral se da dentro de un sindicato, este renuncia a sus principios y funciona como una compañía y sus dirigentes como patrones o amos.

Cuando un monstruo se enfrenta a sus contradicciones, suele desatarse una crisis de identidad profunda, porque aquello contra lo que combate habita en su propio ser y la línea entre el bien y el mal se desdibuja. Se despierta un conflicto moral en el que los instintos chocan con el supuesto anhelo de cambio y el sindicato puede sucumbir definitivamente a su lado oscuro o lograr una evolución dolorosa, pero liberadora. En el primer caso, si asume esa dualidad, se abandona el rol de defensor de los derechos de la «fuerza de trabajo» para convertirse en una figura compleja en combustión interna. En el segundo, la lucha contra su propia naturaleza debería llevarlo a redefinir sus valores, a cuestionar las reglas que lo han conducido al callejón sin salida de la contradicción e incluso a reconocer el daño causado.

Ha llegado el momento. Ahora el sindicalismo reformista se enfrenta a su propia contradicción. Es empresa y sindicato. ¿Con quién está? ¿Con los patronos de la comarca o con su trabajadora? ¿Con los acosadores o con su compañera?

CNT lo tiene claro.

* Sindicato de la Confederación Nacional del Trabajo en Aranjuez.

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