Sanidad, el buque insignia que se hunde

Por Alejandro Giménez Sánchez

¿Derechos laborales? Sí, pero solo si alguien los paga con su espalda.

Mientras al trabajador sanitario se le fiscaliza cada minuto, como si fuera un delincuente al borde del fraude, los que vienen a hacer negocio entran por la puerta de atrás, sin rendir cuentas, sin evaluaciones, sin preguntas. Así funciona el sistema: lucha por tu derecho a descansar, mientras otro lo paga con su agotamiento. La sanidad pública no se hunde por falta de personal. Se hunde por falta de justicia.

Dicen que la sanidad pública es un orgullo nacional. Que es un modelo de referencia. Que aquí se cura a todo el mundo por igual. Bonito discurso. Muy bonito. Tanto que casi parece propaganda de campaña electoral.

Porque la verdad, la que no se dice en los telediarios ni en los informes anuales, es esta: tu derecho a la baja, a la licencia, a la vida, se paga con el agotamiento de otro trabajador. Tu descanso, tu maternidad, tu enfermedad, tu duelo, se cubren con el sobreesfuerzo de quien sigue en pie, mientras el sistema mira hacia otro lado.

Muchas veces, o no se cubre tu baja o se cubre tarde. Esto se traduce en que se la endiñan al de al lado. “No hay partida presupuestaria”, te dicen. “Ya hemos gastado el dinero de este trimestre”. Como si la salud del personal sanitario fuera un lujo que se enciende y apaga según un presupuesto de contratación que sinceramente no se en que se basa. ¿A caso es aceptable no cubrir una baja porque no hay presupuesto de contratación? Mientras tanto, el que no está de baja —el que ya arrastra turnos de 12 horas, guardias de fin de semana, listas de pacientes que no acaban nunca— se traga tu trabajo sin rechistar. Por vocación, por compromiso, o simplemente, por miedo a protestar.

Pero y en los servicios donde solo hay dos personas, o una, y uno se va de baja… ¿qué pasa? Pues que el que queda se convierte en Superman. O en mártir. Da igual el nombre. Lo que importa es que el sistema no se colapsa porque el Estado haya planificado, sino porque alguien está aguantando el chaparrón con el cuerpo.

Esto no es gestión. Es explotación encubierta. Es el negocio redondo: los derechos para unos, son precariedad para otros. Y el Estado, ese Estado que se supone garante de la igualdad, se lava las manos. “No hay dinero”, “no hay personal”, “ya veremos en el próximo presupuesto”. Mientras tanto, el que trabaja se parte la espalda. Y el que necesita descansar, se siente culpable por hacerlo.

Pero espera, que hay más.

Porque si creías que lo peor era que tu derecho se pagara con el sudor ajeno, espera a intentar pedir algo que implique un gasto mínimo. Algo ridículo, como un vale para que un trabajador pueda acompañar a un paciente en su domicilio. No es un capricho. Es parte del trabajo: ir a ver a alguien que no puede moverse, que vive solo, que tiene una enfermedad mental grave, que necesita que le cambien un vendaje, que le tomen la tensión, que le digan “aquí estoy”.

Y entonces empieza el circo. “¿Para qué necesitas un transporte? ¿No puedes ir en transporte público?”. Como si fuera razonable que un sanitario, con horario ajustado y responsabilidad sobre la salud de alguien, tenga que esperar un autobús urbano, cambiarse de línea, perder tiempo en trayectos absurdos, mientras el paciente espera en casa, a veces sin luz, sin calefacción, sin quien le diga que no está solo.

Y cuando por fin consigues el vale, te lo dan como si fueras un delincuente. “¿Estás seguro de que es necesario?”. “¿Puedes justificar el recorrido?”. “¿Y si lo usas para otra cosa?”. Como si el empleado público, el que muchas veces pone dinero de su bolsillo para comprar material, para imprimir folletos, para llevar un regalo simbólico a un paciente que no tiene a nadie, fuera un presunto ladrón. Lo siento, pero los ladrones no se levantan a las siete de la mañana.

Mientras tanto, las puertas de los hospitales están abiertas de par en par para los apóstoles del placebo con comisión. Mercaderes de la salud que entran como si fueran embajadores de la ciencia, cuando en realidad venden humo, pastillas milagro, tests sin respaldo, productos carísimos con cero evidencia. Y los mandos, esos mismos que te ponen trabas por 50 euros al mes para un taller de cocina en salud mental, esos que te preguntan si tus pacientes comen caviar, no piden ni un solo informe, ni una sola evaluación de eficacia.

¿El folleto del laboratorio? Suficiente. ¿La formación del que firma el contrato? Irrelevante. ¿Los conflictos de interés? Mejor no mirar. Y así, año tras año, millones de euros públicos se van en productos innecesarios, en tratamientos de dudosa utilidad, en comisiones disfrazadas de “acuerdos institucionales”.

Pero que tú pidas 50 euros mensuales para que personas con enfermedad mental grave puedan cocinar, compartir, reconstruir un poco de autonomía y dignidad… Ahí sí que tocan las narices. “No hay presupuesto”. “No es prioritario”. Como si la salud mental fuera un capricho, como si el cuidado no fuera medicina.

Esto no es un mal funcionamiento. Es un diseño.

El diseño de un sistema que protege los derechos sobre el papel, pero los entierra en la práctica. Que premia el consumo privado y castiga la iniciativa pública. Que trata al trabajador como sospechoso, y al proveedor como rey.

Y mientras tanto, seguimos ahí. Los que no nos vamos de baja, los que no pedimos nada, los que cargamos con el peso de los que faltan, los que intentamos, a pesar de todo, hacer bien nuestro trabajo. Sin agradecimientos, sin reconocimiento, sin cobertura.

Porque en este sistema, el derecho de uno es siempre el castigo del otro.

Y el Estado, mientras tanto, mira hacia otro lado. O peor: sonríe, mientras firma contratos con quienes sí saben cómo hacer negocio con la salud.

Este buque insignia no se hunde por una grieta. Se hunde por mil. Por la precariedad, por la burocracia asfixiante, por la corrupción encubierta, por la deshumanización del trabajo, por la falta de planificación, por la hipocresía de una clase política que, más allá de colores, solo discrepa en la velocidad con la que desmantela la sanidad pública.

Y mientras tanto, los pacientes esperan. Los trabajadores aguantan. Y los que mandan, se lavan las manos, con astronómicos salarios.

Ya no se trata de poner parches. Se trata de hundir este modelo y construir otro desde abajo. Uno en el que el cuidado no sea un privilegio, ni un negocio, ni un castigo.

Porque si no, no estamos hablando de sanidad pública. Estamos hablando de supervivencia. Y eso no es un sistema. Es una vergüenza.

Otra sanidad es posible. Pero no será posible mientras sigamos pagando los derechos de unos con el sacrificio de otros.

No más excusas. No más trampas. No más doble rasero.

Queremos cubrir las bajas. Queremos recursos para cuidar. Queremos que un vale de transporte no sea un delito, y que un folleto de laboratorio no sea un aval científico.

Porque si no, el buque insignia no solo se hundirá. Se lo habremos entregado a los buitres.

¿Te suena? Porque a mí me suena a cada turno, a cada reunión, a cada compañero que se quiebra en silencio.

Y ya es hora de decirlo en voz alta.

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