Paraguay: Santiago Peña presenta su renuncia por el escándalo de Ueno Bank y el juicio político sigue abierto
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Por Grupo ‘La Grieta’
El presidente presentó su renuncia después de que la intervención de Ueno Bank dejara a unos tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros, pero el Congreso no llegó a votarla y sigue adelante con el juicio político que decidirá su futuro político y judicial.
La semana política más convulsa del Paraguay reciente se cerró este jueves 5 de noviembre con un encadenamiento de acontecimientos difícil de imaginar días antes: el presidente Santiago Peña anunció su renuncia en un video difundido en redes sociales, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad someterlo a juicio político y la Fiscalía confirmó que lo investiga penalmente por el colapso de Ueno Bank, la entidad que concentraba los ahorros de cerca de la mitad de la población adulta del país.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», comunicó Peña en un mensaje de algo más de dos minutos, en el que pidió disculpas «si en algún momento he fallado» y aseguró que su prioridad es «la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero».
La renuncia, sin embargo, no se consumó. Y en esa decisión se juega el futuro del mandatario.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Una renuncia en el aire
La sesión conjunta de ambas cámaras que debía votar la aceptación o el rechazo de la renuncia quedó en suspenso después de que los diputados oficialistas abandonaran el hemiciclo y dejaran al Congreso sin quórum, cuando la votación nominal ya estaba en marcha. La maniobra fue denunciada desde la propia sala por legisladores de la oposición, que acusaron al oficialismo de bloquear la votación para mantener vivo el juicio político.
El matiz no es menor. Si el Congreso aceptara la renuncia, Peña se convertiría en senador vitalicio, una condición que la Constitución reserva a los expresidentes elegidos democráticamente y que le otorgaría inmunidad parlamentaria. Si es destituido en juicio político, perderá ese privilegio. Varios congresistas calificaron la renuncia de «ardid» para cortar el proceso y acceder al cargo honorífico, mientras la senadora Yolanda Paredes sostuvo que aceptarla sería «alta traición» a los millones de ahorradores afectados.
Con la renuncia pendiente de resolución, los líderes de los partidos representados en el Senado acordaron continuar el juicio político. La Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad la acusación, articulada en cinco ejes, y designado a ocho legisladores para sostenerla ante la Cámara Alta, donde la destitución requiere 30 votos de 45. «Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa», respondió Peña en la red social X, «aun cuando ya hayan adelantado su decisión».
La Cámara Baja rechazó, en cambio, el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, con 48 votos en contra y 30 a favor. Si la renuncia es aceptada o Peña es destituido, Alliana debe asumir la presidencia y completar el mandato, que termina en 2028.
El colapso de Ueno Bank
La crisis estalló el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank e inició su proceso de disolución tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad, que en septiembre presumía de más de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes, congeló de un día para otro la aplicación, las tarjetas y las transferencias.
Entre los afectados hay unos 32.000 jubilados que cobraban sus pensiones a través del banco. Ueno administraba además alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos unos 355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS, el organismo que gestiona jubilaciones y salud de los trabajadores) y recursos de la empresa estatal de electricidad y de la represa de Itaipú.
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por ahorradores, unos 38.000 dólares, y el BCP anunció el inicio de los pagos a un primer grupo de depositantes. Mientras tanto, las protestas se suceden: clientes frente a las sucursales y al Congreso, con carteles como «No nos robaron dinero, nos robaron nuestro futuro», y trabajadores de Ueno y de otras empresas del grupo reclamando salarios e indemnizaciones ante el Ministerio de Trabajo.
La trayectoria de la entidad alimenta las sospechas. Ueno nació de una pequeña financiera adquirida en 2021 por el Grupo Vázquez, obtuvo la autorización para operar como banco en noviembre de 2023, aprobada por el BCP tres meses después de la llegada de Peña al poder, y se disparó en 2024 con la absorción de Visión Banco, que le sumó más de un millón de clientes.
Prisión preventiva para seis directivos
El juez Rodrigo Estigarribia ordenó prisión preventiva para seis directivos de la entidad (entre ellos Miguel Vázquez, presidente del grupo empresarial propietario, y Juan Manuel Gustale, presidente del banco) y arresto domiciliario con monitoreo electrónico para dos mujeres procesadas en la misma causa, según informó Última Hora. La investigación del Ministerio Público, que ya alcanza a 27 personas, apunta a un presunto vaciamiento entre 2025 y 2026 mediante préstamos y sobregiros sin garantías reales a empresas del propio entorno, cuyos fondos se transferían casi de inmediato a otras sociedades vinculadas para cubrir obligaciones. Como ejemplo de la precariedad financiera de esas firmas, la Fiscalía señaló que una de ellas registraba pasivos por 126.776 millones de guaraníes frente a un patrimonio neto de apenas 5.327 millones.
Los vínculos con el poder
En el centro de la acusación política está el presunto conflicto de intereses del propio Peña, que fue accionista de Ueno Holding, el conglomerado del Grupo Vázquez, hasta 2025, dos años después de asumir la presidencia. En abril de ese año lo negó públicamente: «Yo fui inversor, hice una inversión hace seis años que se convirtió eventualmente en Ueno Holding; nunca fue el banco Ueno, yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno».
Los acusadores también cuestionan el nombramiento en 2023 de Carlos Carvallo al frente del Banco Central, el organismo que debía supervisar el sector, después de haber presidido la financiera de la que surgió Ueno Bank. Carvallo presentó su renuncia en plena crisis y Peña ya designó a un sustituto. Otro eje de la acusación es la colocación de fondos de las jubilaciones del IPS en la entidad.
El golpe decisivo lo asestó Horacio Cartes, expresidente, líder del gobernante Partido Colorado y padrino político de Peña, que la mañana del jueves anunció el respaldo de la formación al juicio político: «No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados». El senador opositor Rafael Filizzola fue más allá y calificó el caso como «la estafa desde el poder político más grande de la era democrática», una valoración que el propio Peña rechaza al sostener que las eventuales irregularidades deben dirimirse en los tribunales.
Una crisis que no termina
La Fiscalía General del Estado abrió este jueves una investigación penal contra Peña por las denuncias vinculadas a Ueno y designó un equipo de tres fiscales para conducirla, según informó BBC Mundo. Peña, cuya renuncia sigue sin aceptarse, aseguró que aportará la información que se le requiera y que «el pago a los ahorradores no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo».
Con el Senado como próximo escenario, el desenlace del juicio político marcará si Peña sale por la puerta de la inmunidad o queda expuesto a la justicia ordinaria. Para los millones de clientes que aún no saben cuándo recuperarán su dinero, la verdadera prueba, como advertía a BBC Mundo el economista Orkun Saka, no está en los próximos días, sino en cómo se gestione la crisis en los próximos años: «Si las medidas sirven para proteger a los ahorradores y a los contribuyentes o si terminan beneficiando, una vez más, a quienes tienen conexiones con el poder».
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