Los 112 millones ‘perdonados’ de la M-30 por el Ayuntamiento de Madrid
Por Grupo ‘La Grieta’
Cronología de una deuda que el Ayuntamiento reclamó durante una década y ha regalado con intereses
El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a reclamar a Ferrovial y Dragados una deuda de 112 millones de euros por la factura eléctrica de la M-30 que se acumula desde 2005. Lo llamativo no es solo la cifra, sino el cambio de criterio: durante diez años, los sucesivos gobiernos municipales exigieron ese pago al socio privado de Calle 30. Fue bajo el mandato de Manuela Carmena, con Samuel Romero Aporta como consejero apoderado de la empresa, cuando se destapó el pastel y se reclamó formalmente el abono. Ahora, con la M-30 ya 100% pública, Almeida decide que «no tiene sentido» seguir pidiendo el dinero. La pregunta que planea sobre toda la operación es incómoda: ¿a cambio de qué?
El origen: unos pliegos contradictorios y una factura que nadie quería pagar
La historia se remonta a 2005, cuando Alberto Ruiz-Gallardón impulsó la reforma de la M-30 y creó la empresa mixta Madrid Calle 30, con un 80% de capital municipal y un 20% en manos de Emesa, la UTE formada por Ferrovial, Dragados y API Conservación.
El problema nació de una contradicción en los pliegos del concurso. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establecía en varios puntos que el gasto del suministro eléctrico debía pagarlo «exclusivamente el socio privado». Sin embargo, el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) decía que la factura correspondía a «Madrid Calle 30».
Esa contradicción nunca se resolvió de forma clara. La factura eléctrica de toda la M-30 y sus viales —una cantidad que ronda los 5 millones de euros anuales— la siguió pagando la empresa mixta, es decir, el dinero público, mientras Emesa se negaba a asumirla.
La etapa Carmena: se descubre el pastel y se reclama el dinero
El asunto permaneció enterrado durante años hasta que en 2017, con Manuela Carmena en el Ayuntamiento, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid publicó un informe demoledor sobre la gestión de Madrid Calle 30.
El informe señalaba «una discrepancia importante» respecto a quién debía asumir el coste del suministro eléctrico, y recordaba que «según el pliego de cláusulas administrativas, debería ocuparse exclusivamente el socio privado». La Intervención General del Ayuntamiento también calificó como «irregularidad» que el consistorio estuviera soportando ese gasto.
Fue en ese contexto cuando Samuel Romero Aporta, como consejero apoderado de Madrid Calle 30, impulsó la reclamación formal a Emesa. En una comisión de investigación celebrada en octubre de 2017, Romero Aporta explicó que había pedido «qué garantías podíamos dar, qué tramitación administrativa desde Madrid Calle 30 hacia Emesa podíamos dar para tener todas las garantías jurídicas».
La primera carta a Emesa, según el propio Romero Aporta, iba «en el sentido de que se hiciese caso al informe de Intervención, que decía que debía ser la sociedad adjudicataria» quien pagara la factura.
Desde 2017, el Ayuntamiento reclamó el pago año tras año. La cantidad inicial era de unos 54 millones de euros. Cada ejercicio que Emesa se negaba a pagar, la deuda crecía. Cuando el consistorio dejó de reclamar, la cifra acumulada ascendía a 112 millones de euros.
La etapa Almeida: silencio, recompra y perdón
El cambio de criterio llegó con la municipalización de Calle 30. En 2025, el Ayuntamiento de Almeida aprobó la compra del 20% de las acciones que quedaban en manos de Emesa por 103,9 millones de euros. La operación se presentó como un éxito: convertir la M-30 en una empresa 100% pública ahorraría a los madrileños «más de 1.000 millones en 15 años».
Lo que no se contó en ese anuncio triunfal fue que, en paralelo, se estaba renunciando a los 112 millones que se habían estado reclamando durante una década.
Fuentes municipales justificaron la decisión argumentando que «no tiene sentido» seguir reclamando el dinero ahora que la M-30 es pública, y que la reclamación se mantenía solo «por cautela jurídica». Es decir: se reclamó durante diez años sin creer realmente que se fuera a cobrar.
El Ayuntamiento sostiene que ya en 2005 se decidió que Emesa no pagaría las facturas eléctricas, y que existe una «respuesta vinculante» del órgano de contratación que así lo establece. Sin embargo, el diario El Mundo solicitó y analizó esa respuesta, y concluyó que «no cambia nada»: la documentación del concurso dice que ante cualquier contradicción prevalece lo que diga el PCAP, y el PCAP establecía que la electricidad la pagaba el socio privado.
La pregunta incómoda
La secuencia es difícil de ignorar:
1.- 2005: Gallardón diseña un modelo de gestión con pliegos contradictorios que permiten que la factura eléctrica recaiga sobre las arcas públicas.
2.- 2017: Carmena, con Romero Aporta al frente de Calle 30, descubre el pastel y reclama formalmente los 54 millones iniciales.
3.- 2017-2025: El Ayuntamiento sigue reclamando cada año. Emesa se niega a pagar. La deuda crece hasta 112 millones.
4.- 2025: Almeida compra el 20% de Emesa por 103,9 millones y, acto seguido, renuncia a los 112 millones que se le debían.
La operación tiene una simetría llamativa: se paga a Emesa casi exactamente lo mismo que se le perdona. Ferrovial y Dragados cobran por sus acciones y, además, se libran de una deuda que se les venía reclamando desde 2017.
La pregunta que queda sin respuesta es la que formulaba el comentario que acompaña a este artículo: ¿A cambio de qué?
No hay constancia de que exista una contraprestación. No hay un acuerdo público que explique por qué se renuncia a una deuda de 112 millones justo en el momento de comprar las acciones del deudor. El Ayuntamiento se limita a decir que «no tiene sentido» seguir reclamando.
Mientras tanto, los madrileños han pagado durante dos décadas una factura eléctrica que, según el pliego administrativo, correspondía a Ferrovial y Dragados. Y ahora, además, se les perdona la deuda.
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