«Atropello en tres actos» contra la huelga de la enseñanza pública madrileña
Por Agencia LQS
El Comité de Huelga Indefinida de la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid ha hecho público un comunicado contra lo que califica de «atropello en tres actos» del derecho de huelga: la Orden 4977/2026, de 17 de noviembre, por la que se modifican los servicios mínimos de la huelga educativa, y dos instrucciones de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa sobre el refuerzo y la continuidad de los aprendizajes y la pretendida neutralidad institucional y docente, tres medidas que, según el Comité, surten efectos este viernes 20 de noviembre.
El Comité exige la retirada de la orden y de las dos instrucciones, así como la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Denuncia que las nuevas dotaciones de servicios mínimos reproducen el funcionamiento ordinario de los centros, que los informes exigidos pueden servir para señalar al profesorado huelguista y que la instrucción sobre neutralidad restringe la libertad de expresión, la libertad sindical y la libertad de cátedra. Además, anuncia la solicitud de medidas cautelarísimas contra los servicios mínimos, la impugnación judicial de las instrucciones y una concentración urgente ante la Consejería de Educación este mismo viernes 20 de noviembre, jornada en la que el Comité comparecerá también en rueda de prensa. Reproducimos a continuación el comunicado íntegro.
Comunicado:
ANTE EL ATROPELLO EN TRES ACTOS DEL DERECHO A LA HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA DE MADRID
Madrid, 19 de noviembre de 2026
El Comité de Huelga Indefinida de la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid muestra su total rechazo ante la publicación de la Orden 4977/2026, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden 4252/2026, de 7 de octubre, sobre servicios mínimos, y las dos instrucciones dictadas por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa sobre el refuerzo y continuidad de los aprendizajes y la neutralidad institucional y docente. Las dos instrucciones se firmaron el 19 de noviembre y, al igual que la orden, surten efectos mañana viernes 20.

Las tres publicaciones forman parte del mismo ataque contra el derecho de huelga, una huelga que desde el inicio han hostigado, insultando al profesorado en lucha, despreciando nuestras reivindicaciones, ignorando al Comité de Huelga y en última instancia elevando el tono y pasando a las amenazas, denuncias e instrucciones como estas sin ninguna base legal con el objetivo de derrotar una movilización que por otro lado califican como irrelevante. Aprovechamos estas líneas para responsabilizar de todas las consecuencias de la Huelga al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y muy especialmente a su Consejera, Mercedes Zarzalejo, a la que le exigimos la retirada de la nueva orden y las dos instrucciones y, posteriormente, su dimisión.
Este conjunto de medidas tiene el objetivo de incrementar la presión sobre el profesorado en huelga y restringir el ejercicio de derechos fundamentales. El Comité considera especialmente grave que, en lugar de abordar mediante una negociación efectiva las reivindicaciones que motivaron el conflicto, la Consejería haya optado por intensificar las medidas organizativas y restrictivas sobre los centros educativos y sus trabajadores. De los cuatro sindicatos en Mesa Sectorial, tan solo sigue sentado a la mesa de la Consejera uno de ellos, ANPE, quien más allá de hacerle el juego a la Consejería, no permite a Zarzalejo hablar de representatividad para la negociación en ese espacio. Cabe recordar una vez más a la Consejera que el pacto que ponga fin a la huelga la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo, conforme al artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, por lo que le exigimos que deje de secuestrar la negociación colectiva con argumentos peregrinos y le recordamos que tiene un requerimiento pendiente para reunirse con el Comité, primer paso para iniciar trámites judiciales por no asumir sus responsabilidades. El artículo 6.1 de la Ley 40/2015 permite dictar instrucciones internas. A juicio del Comité, esa potestad no permite imponer nuevas funciones de control a las direcciones que excedan sus competencias, ni condicionar las decisiones pedagógicas que la Ley Orgánica de Educación atribuye al Claustro y al Consejo Escolar (arts. 127, 129 y 132).

Sobre la ampliación de los servicios mínimos
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental de huelga, cuya eficacia no puede ser anulada mediante la imposición de unos servicios mínimos que reproduzcan el funcionamiento ordinario del servicio público, que es lo que se pretende con esta Orden. Distintas sentencias han establecido que los servicios mínimos deben limitarse a garantizar las prestaciones indispensables para preservar los servicios esenciales de la comunidad, sin asegurar el funcionamiento normal del servicio ni privar a la huelga de su capacidad legítima de presión.
La Orden 4977/2026 amplía de forma arbitraria las funciones y las dotaciones de los servicios mínimos tratando de limitar el impacto de la huelga y asegurar un normal funcionamiento de los centros. El preámbulo de la orden recuerda que los mínimos educativos de la huelga general del 11 de noviembre fueron suspendidos cautelarmente por el TSJ de Madrid.
De entre estas medidas debemos destacar pro por su impacto:
- La incorporación de un docente de servicios mínimos por cada 70 estudiantes o fracción en Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Superior y cursos de especialización.
- El establecimiento de una dotación adicional de un profesor por cada tres unidades o fracción en sexto de Primaria, cuarto de ESO y cursos terminales de Formación Profesional.
- La designación obligatoria del profesorado que imparte materias evaluables en la PAU en segundo de Bachillerato durante el 50 % de las horas lectivas semanales de cada grupo en esas materias hasta enero, el 75 % entre febrero y abril y el 90 % desde mayo.
- La consideración como servicios mínimos de determinadas actuaciones de evaluación, calificación, promoción y titulación.
- La obligación de desarrollar la actividad lectiva ordinaria y avanzar las programaciones propias durante las horas en las que el docente haya sido designado para prestar servicios mínimos y le corresponda dar clase a un grupo propio según su horario habitual.
Ninguna de estas medidas ha sido técnicamente justificada por separado como es preceptivo a la hora de incorporarlas a los servicios mínimos y como se les requirió a los representantes de la Administración en la reunión mantenida con el Comité el pasado 13 de noviembre en la que obtuvimos la callada por respuesta. Todas estas medidas atentan contra el derecho de huelga del profesorado, pero la justificación general de la orden no acredita, a juicio del Comité, la necesidad y proporcionalidad de cada medida. La obligatoriedad de asumir funciones ordinarias siendo servicios mínimos con los grupos propios rompe con toda lógica de lo que son, sustituyendo las funciones de guardia y custodia por las habituales en el puesto de trabajo.

En cuanto a las nuevas orientaciones relacionadas con la evaluación cabe recordar que las limitaciones al derecho de huelga deberían circunscribirse únicamente a las actuaciones efectivamente indispensables e inaplazables cuya demora pueda causar un perjuicio grave al alumnado y, por tanto, no puede servir para convertir indiscriminadamente todas las sesiones de evaluación en prestaciones obligatorias durante la huelga, ni para desconocer las garantías que establece la normativa educativa sobre su composición, coordinación y desarrollo.
En particular, deberán respetarse las funciones legalmente atribuidas al profesorado tutor en las distintas etapas y enseñanzas y a los equipos docentes, así como los requisitos procedimentales necesarios para adoptar acuerdos de evaluación válidos. La sustitución de profesorado huelguista para desarrollar funciones ordinarias que no estén legítimamente comprendidas en los servicios esenciales podría constituir una vulneración del derecho de huelga.
La duración de una huelga no puede convertirse, por sí misma, en justificación suficiente para ampliar progresivamente los servicios mínimos hasta neutralizar sus efectos. Precisamente, la persistencia del conflicto constituye una manifestación de la ausencia de soluciones negociadas a las reivindicaciones que lo originaron.
Consideramos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe responder ante la ley por la imposición de los servicios mínimos que decreta con la nueva orden y que urge pedir unas cautelarísimas que puedan paralizarlos mientras dure la huelga y que cuando se dicte la sentencia sobre la legalidad de los mínimos, difícilmente podrá repararse la limitación sufrida durante la huelga.
Sobre las instrucciones de refuerzo y continuidad de los aprendizajes
Las instrucciones sobre medidas extraordinarias de refuerzo y continuidad de los aprendizajes establecen nuevas obligaciones de diagnóstico, revisión de programaciones, elaboración de materiales, seguimiento individualizado, información a las familias y remisión periódica de informes. Jefatura de estudios dispone de cinco días lectivos desde la recepción para contabilizar las sesiones no impartidas desde el 14 de octubre por grupo y materia. El diagnóstico se actualiza cada mes mientras dure la huelga.
El Comité considera inadmisible que la Administración pretenda trasladar a los equipos docentes y a los centros educativos la responsabilidad de paliar los efectos de un conflicto cuya solución depende de la propia Consejería de Educación, sentándose a negociar con el Comité de Huelga y atendiendo las reivindicaciones que mejorarían radicalmente la situación de la educación pública y las condiciones laborales de sus trabajadores.

Si bien las instrucciones afirman expresamente que no se impondrá al personal huelguista la recuperación de las sesiones no impartidas ni la realización de horas extraordinarias, y que tampoco se amplían las funciones del personal de servicios mínimos, el Comité advierte de que el redactado es ambiguo y que puede dar pie a distintos mecanismos indirectos de compensación de los efectos de la huelga que pueden quedar a criterio de Inspección Educativa y Equipos Directivos, generando inseguridad jurídica también para estos estamentos. En evaluación se mantienen los criterios vigentes, pero se ordena evaluar a partir de los aprendizajes efectivamente trabajados y se permite adaptar los instrumentos y sus tiempos.
En particular, preocupa la exigencia de preparar materiales destinados a la atención de grupos cuyo profesorado se encuentra ejerciendo su derecho de huelga, así como la reorganización de apoyos y actividades que pudieran utilizarse para sustituir, de hecho, las funciones docentes del profesorado huelguista. Durante la huelga, los departamentos y equipos de ciclo deben tener disponibles los materiales previstos para ausencias, adaptados a los aprendizajes imprescindibles. Los apoyos, desdobles y agrupamientos flexibles se organizan con las horas disponibles. Cualquier recurso adicional requiere una solicitud motivada y autorización de la Viceconsejería.
El Comité rechaza cualquier aplicación de estas instrucciones que suponga:
- La recuperación directa o indirecta de las clases no impartidas por razón de la huelga.
- La asunción por otros docentes de las funciones ordinarias del profesorado huelguista.
- La imposición de tareas extraordinarias que excedan las obligaciones profesionales legalmente exigibles.
- La alteración de las garantías de evaluación para compensar administrativamente las consecuencias del conflicto.
- La utilización de los informes de seguimiento para fiscalizar o presionar al profesorado que ejerce su derecho de huelga.
Las instrucciones establecen sistemas de información periódica sobre las sesiones lectivas no impartidas, los ajustes de las programaciones y las medidas de refuerzo adoptadas, generando un nuevo maremágnum burocrático en los centros que puede utilizarse para fiscalizar o presionar a quienes ejercen su derecho a la huelga. La dirección debe remitir mensualmente a la DAT un informe con las sesiones no impartidas por grupo y materia, las medidas adoptadas y las dificultades que afecten a evaluación, titulación o acceso. En 2.º de Bachillerato se ordena priorizar los contenidos con mayor peso en la PAU, manteniendo el currículo completo.
Aunque las instrucciones disponen que dicha información se presente de manera agregada y sin identificación individual del profesorado huelguista, el Comité denuncia que la combinación de estos datos puede permitir identificar de forma indirecta a quienes están sosteniendo la huelga de cara a facilitar un señalamiento ante Inspección Educativa, otros compañeros no huelguistas, familias y alumnado. Las familias reciben cifras agregadas por grupo a través de Raíces y Roble. El informe a la DAT sí contiene el desglose por materia. El riesgo es especialmente claro cuando hay un único docente por materia.

Sobre las instrucciones de neutralidad institucional y docente
Lo primero que debemos abordar aquí es que no existe tal pretendida neutralidad. Qué se enseña en el currículum, cómo se enseña, qué recursos se destinan a unas cosas u a otras, cómo se organizan las enseñanzas… en definitiva, todo está marcado por una visión del mundo que es la de la clase dominante que utiliza el sistema educativo para promover su visión del mundo actual como el único posible, ¿es acaso neutral enseñar religión en las aulas? ¿es neutral la presencia del rey en los despachos de los equipos directivos? ¿es neutral guardar un minuto de silencio cuando hay atentados en París y olvidarse de los muertos por guerras, terrorismo, catástrofes naturales… cuando ocurren en otras latitudes?
Partiendo de esta primera premisa, la propia idea de neutralidad institucional y docente es ridícula. No obstante, incluso entendiendo como neutralidad lo que establece la normativa actual como lo institucional, consideramos que la instrucción actual atenta contra el ejercicio de la libertad sindical, la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el derecho de huelga del personal docente.
Las nuevas instrucciones regulan la exhibición de carteles y símbolos, la comunicación sobre conflictos sindicales, la utilización de instalaciones y medios de los centros y las actividades relacionadas con cuestiones políticas, ideológicas y laborales. La instrucción restringe los carteles en fachadas, vallas y espacios comunes cuando se interprete que atribuyen al centro una posición en el conflicto. También limita la difusión a familias y alumnado por canales institucionales y encarga a la dirección verificar que las actividades con entidades externas no tengan carácter partidista. Defender el sistema educativo público se convierte según esta instrucción en un acto subversivo. Informar mediante distintas vías de que las instalaciones de nuestros centros tienen problemas estructurales o señalar la falta de recursos, las ratios elevadas o las innumerables situaciones diarias de cada centro en las que se sufren los problemas que arrastra la educación pública puede quedar indebidamente restringido, con efectos sobre la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el aprendizaje crítico que atraviesa todo el currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias.
Aunque el propio documento reconoce determinados espacios legítimos de actividad sindical y expresión personal -entre ellos, el tablón sindical, el correo dirigido solo al personal y el uso de chapas o lazos con los límites de la instrucción—, el Comité considera que la instrucción actual es un ataque a la línea de flotación de varios derechos fundamentales como el de huelga, expresión e incluso el de educación.

Las instrucciones establecen, además, un procedimiento específico de comunicación de incidencias relativas a la neutralidad, mediante formularios dirigidos a las Direcciones de Área Territorial y con intervención del Servicio de Inspección Educativa. Este formulario firmado por la dirección se tramita por registro oficial y puede adelantarse por correo institucional a Inspección si hay urgencia. Es una herramienta que busca dividir al profesorado, que alienta al chivatazo contra el compañero, que pretende debilitar la lucha colectiva por unas mejoras que conseguiremos para quienes hacen huelga y quienes no. Cuando los carteles los hayan colocado terceros o estén en una fachada o valla municipal, la dirección debe trasladar el caso a la DAT para que coordine la actuación.
Especial preocupación merece la posibilidad de que la comunicación de hechos relacionados con carteles, materiales, manifestaciones o actividades sindicales desemboque en actuaciones de control sobre el profesorado. Aunque las instrucciones señalan que las comunicaciones no presuponen responsabilidad y que no crean nuevas infracciones, incluyen una advertencia expresa sobre posibles consecuencias. Inspección prevé una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles. Puede abrir comprobaciones y, ante un perjuicio grave e inmediato para el alumnado, proponer o requerir medidas urgentes. La instrucción prevé oír al docente afectado antes de concluir. La pretendida ambigüedad del documento incide en la inseguridad jurídica para todos los actores.
El Comité exige que la Administración se abstenga de promover cualquier actuación de vigilancia, señalamiento o represalia contra el profesorado y los representantes sindicales por actividades legítimamente amparadas por la Constitución y la legislación vigente.
Negociación colectiva y solución al conflicto
El Comité de Huelga comparte la preocupación por garantizar los derechos educativos del alumnado, pero rechaza frontalmente la utilización de estos derechos como justificación para adoptar medidas que puedan vaciar de contenido otro derecho fundamental.
Responsabilizamos exclusivamente a los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid de las consecuencias que esta huelga esté acarreando en nuestros centros. La Comunidad de Madrid en su ámbito competencial viene gestionando desde hace décadas un sistema público esencial dirigido hacia su deterioro y desmantelamiento para favorecer la privatización del sector, que se da en un altísimo grado de penetración en la etapa 0 a 3 años, que ha crecido exponencialmente en la FP y Universidad en los últimos años, y que favorece abiertamente la opción privada y concertada. Sus declaraciones lastimeras y justificaciones de actuación por la preocupación por nuestro alumnado chocan con décadas de gobierno actuando contra el sistema público, su alumnado y sus trabajadores y trabajadoras.
Consideramos que este ataque compuesto de tres actos recrudece el conflicto, sumado a las propuestas de sanción contra quienes están luchando en las calles por hacer realidad la tabla reivindicativa de esta huelga o la denuncia al Comité por organizar la movilización del profesorado. Nos quieren con miedo, divididos, señalados y desmovilizados y nos tienen que encontrar unidos, convencidos de las razones de nuestra lucha, sin miedo y con convicción en nuestras fuerzas y herramientas para conseguir la victoria.
El siguiente paso debe ser la solicitud de medidas cautelarísimas para paralizar los servicios mínimos y la denuncia sobre las instrucciones recibidas en los juzgados que paralicen este ataque de la Comunidad de Madrid, movilizándonos para una concentración urgente ante la Consejería de Educación el viernes 20 de noviembre y nuevas acciones que sigan demostrando nuestra fuerza, porque la lucha sigue, cueste lo que cueste. El equipo jurídico presentará la impugnación el viernes 20. Ese mismo día, el Comité comparecerá en rueda de prensa.
En Madrid, a 19 de noviembre de 2026.
EL COMITÉ DE HUELGA INDEFINIDA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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