ONGs denuncian que el nuevo Pacto Migratorio Europeo amenaza derechos fundamentales
Foto: Pablo Tosco / Oxfam Intermón
Por Agencia LQS*
Un grupo de entidades sociales, entre ellas Oxfam Intermón, Amnistía Internacional y Cáritas, advierten que la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor el 12 de junio, conlleva graves riesgos para los derechos de migrantes y refugiados. Critican la falta de transparencia del gobierno español en su implementación y exigen garantías.
El 12 de junio ha marcado el inicio de una nueva etapa en la política migratoria de la Unión Europea (UE) con la implementación del Pacto, tras años de negociación.
Las principales amenazas señaladas son:
• Se debilitan derechos consolidados como el derecho de asilo, la protección contra devoluciones, el acceso a defensa jurídica y la atención a personas vulnerables.
• Se amplía el uso de la detención y se incorporan medidas coercitivas para intensificar las deportaciones (basado en el nuevo Reglamento Europeo de Retorno).
• Se incluyen países con graves deficiencias en derechos humanos en la lista de «terceros países seguros».
Además lo procedimientos fronterizos se ponen bajo la lupa:
• Triaje y vulnerabilidad: Se refuerza el control en frontera con toma de datos biométricos y externalización, aunque se permite la entrada humanitaria. Se exige personal capacitado y asistencia legal.
• Procedimientos de asilo: Se amplían los casos con plazos reducidos y menos garantías, aumentando el riesgo de detención, incluso para menores y personas vulnerables.
• Procedimientos de retorno: Busca acelerar expulsiones y sincronizarlas con la denegación de asilo, lo que puede vulnerar el principio de non-refoulement (no devolución).
• Infancia: Se advierte que la aplicación del Pacto puede ir contra el interés superior del menor, exigiendo evaluación individualizada.
• Atención sanitaria: Se debe garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud durante todo el proceso, incluso en centros de detención.
En el estado español la sociedad civil denuncia falta de información precisa sobre las medidas concretas que adoptará el gobierno español para adaptar el Pacto, a pesar de los esfuerzos de interlocución.
Las exigencias de las entidades firmantes:
• Transparencia total sobre los planes de implementación (protocolos, reformas legislativas, recursos).
• Aplicación del Pacto lo más garantista posible, respetando derechos humanos y el marco legal español.
• Recursos suficientes y mandato investigador para el mecanismo de monitoreo de derechos humanos (Defensor del Pueblo), con participación de la sociedad civil.
Firmantes:
Amnistía Internacional, CEAR, Cáritas, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón, Red Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes, Federación Sur Acoge, Irídia-centro para la defensa de derechos humanos, Novact, Entreculturas, Cáritas, CEAR
* Con la información de Oxfam Intermón.
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