María José Baños, una vulneración “muy grave y estructural” de derechos

Foto de Wikipedia

Por Agencia LQS

La presa política antifascista María José Baños Andújar se encuentra en estado de extrema gravedad, ingresada en la enfermería del CP Murcia II, (Campos del Río), según ha difundido el portal presos.org.es, que ha activado una campaña de llamadas masivas a la prisión para exigir que pueda comunicarse con su compañero Marcos Martín Ponce y que sea trasladada de inmediato a un hospital ante su crítico estado de salud. En el llamamiento se facilita el teléfono del centro (968 65 78 01) y se reclama “comunicación inmediata” y “traslado urgente al hospital”.

El ingreso en la enfermería se produce en un contexto de denuncias públicas sobre la situación médica de la interna, de 61 años, que padece diversas patologías graves. Una denuncia, que publicamos al final de esta nota, suscrita recientemente por más de cuarenta juristas y profesionales del derecho de distintos países recuerda que Baños presenta infección por VIH en estadio C3, trombocitopenia crónica, desnutrición calórica grave y claudicación intermitente severa, entre otras afecciones. En noviembre de 2024, la administración le reconoció oficialmente un 69% de discapacidad. Los firmantes denuncian que a la presa se le ha denegado reiteradamente la libertad condicional y la progresión de grado basándose “exclusivamente en la ausencia de arrepentimiento ideológico”, condición que califican de “no prevista legalmente” y constitutiva de una “injerencia ilegítima en la libertad ideológica”. La defensa ha solicitado nuevamente la libertad condicional por enfermedad ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española.

En cartas difundidas previamente por su entorno político, el interno Marcos Martín Ponce ha denunciado la “ausencia completa de atención médica” y ha afirmado que Baños “no puede subir una planta, pesa 44 kilos y sufre trastornos alimenticios y arterioesclerosis, sin tratamiento médico ni psicológico”. También ha asegurado que los traslados hospitalarios se realizan en condiciones indignas. En noviembre, Baños relató en otra carta que funcionarios le ofrecieron el tercer grado condicionado a “pedir perdón” y “firmar una condena”, extremo que rechazó. Según su testimonio, una educadora social le advirtió de que “puede morir en estos dos años que le quedan”. En marzo, la Audiencia Nacional reconoció que la Junta de Tratamiento de Murcia II tiene competencia para clasificarla en tercer grado, paso previo a la libertad condicional, aunque no acordó su excarcelación.

Los juristas firmantes sostienen que mantenerla en prisión en su estado actual podría vulnerar varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos el 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y el 2 (derecho a la vida). Por tanto, piden la adopción inmediata de medidas humanitarias y la supervisión internacional del caso.

Hasta el momento, no consta respuesta pública de Instituciones Penitenciarias sobre el ingreso en la enfermería de María José.

Carta abierta a la comunidad jurídica internacional

Juristas, profesionales del Derecho y médicos de distintos países denunciamos la vulneración grave, continuada y estructural de los derechos fundamentales de la presa política María José Baños Andújar, actualmente encarcelada en el Estado español pese a padecer una enfermedad grave e incurable, acreditada por informes médicos oficiales.

María José Baños, de 61 años, ha cumplido ya más de las tres cuartas partes de su condena y presenta un deterioro físico severo, con múltiples patologías crónicas, desnutrición grave, pérdida de movilidad y necesidad de cuidados médicos que el entorno penitenciario no puede garantizar. La propia administración ha reconocido un grado de discapacidad del 69%.

A pesar de ello, se le han denegado el tercer grado y la libertad condicional por enfermedad, no por razones de peligrosidad, riesgo de reincidencia o criterios médicos, sino exclusivamente por la ausencia de arrepentimiento ideológico. Esta exigencia, no prevista legalmente, constituye una injerencia ilegítima en la libertad de pensamiento y desnaturaliza el carácter humanitario de estas medidas.

El mantenimiento de su encarcelamiento vulnera de forma directa varios preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos:
• Artículo 3, al someterla a un trato inhumano y degradante;
• Artículo 2, al generar un riesgo real y previsible para su vida;
• Artículo 8, al impedirle afrontar el deterioro de su salud en condiciones de dignidad y acompañamiento;
• Y los artículos 9 y 10, al condicionar derechos fundamentales a la renuncia a convicciones políticas.

Asimismo, esta situación incumple las Reglas Penitenciarias Europeas, el principio de dignidad humana y el principio de legalidad, convirtiendo la pena en un castigo puramente aflictivo y carente de finalidad resocializadora.

Por todo ello, instamos al Estado español a adoptar de inmediato medidas de excarcelación por razones humanitarias, solicitamos la supervisión de los mecanismos europeos e internacionales de derechos humanos y llamamos a la comunidad jurídica internacional a denunciar y difundir este caso. La privación de libertad no puede convertirse en una pena de muerte encubierta, ni el arrepentimiento ideológico puede ser requisito para el respeto de los derechos fundamentales.

Firman la carta:
Aitor Blanco Ortés, abogado nº. 140893 ICAM
Alejandra Matamoros, abogada nº. 133877 ICAM
Alicia Alonso Merino (asoc. Oteando), no ejerciente ICA Valladolid
Álvaro Sánchez Morcillo, abogado n.º 140.875 ICAM
Amira Cheikh Ali, abogada nº 1103954 ICAM
Ana Nahxeli Beas asociación AADAS, abogada nº. 33570 ICAB
Andrés García Ribera, colegiado 7626 del ICAV
Angel de la Fuente Fernandez, no ejerciente número 1080 ICA Burgos
Antoni Mansilla Jacas, abogado nº. 44045 ICAB
Antonio M. Moreno Maceda, abogado nº. 3423 ICA Cádiz
Arrels Advocats, SCCLP, Despacho de abogadas/os
Arturo Cruz Corral, médico
Begoña Lalana Alonso, abogada nº. 22.161 ICAM
Berta Ndongo, abogada nº. 141174 ICAM
Carlos Alberto Alonso Espinosa, abogado nº. 40566 ICAB
Carlos Garcia Castaño, abogado nº. 25856 ICAM
Daniel Amelang López, abogado nº. 89888 ICAM
David Aranda Checa, abogado nº. 43144 ICAB
David Gil Pujol, abogado nº. 1412 ICALL
David Mucci, Oficina de asilo, abogado nº. 6324387 de Illinois
Diego Herchhoren, abogado nº. 107602 ICAM
Diego Redondo Garcia, abogado 124.340 ICAM
Enrique Corpa Peláez, médico
Esther Sancho, abogada nº. 1272 ICALL
Francisca Fernández Guillén, abogada nº 54991 ICAM
Francisco García Cediel, nº. 41554 ICAM
Günay Dağ, abogado nº. 42080 ICA Estambul
Irene García Coronado, abogada nº 137235 ICAM
Javier Galán Feced, abogado nº. 89.890 ICAM
José María Gordillo Cano, abogado nº. 138990 ICAM
Juan Manuel Olarieta Alberdi, jurista
Karim Benamar, abogado nº. 119.030 ICAM
Laura Taffetani, To 127 Fo 961 Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Manuel Recio, Jurista
María Eugenia Blanco Rodriguez, abogada nº. 1437 ICAGuadalajara
María Molina Pizarro, abogado nº. 142510 ICAM
Mauricio Gallego García, abogado nº 90348 ICAM
Miguel Sánchez Calderón, abogado nº. 3970 ICA Perú
Miquel Pujol, abogado nº. 91870 Madrid
Red Jurídica Cooperativa, despacho de abogadas y abogados
Rosa Martínez Perza, abogada nº. 6690 ICA Sevilla.
Silvia Arribas, abogada del ICAM
Sol Roman, abogada nº. 129.477 ICAM
Sònia Olivella Saludes abogada nº. 43385 ICAB

⇒ María José Baños Andújar ¿Condenada a morir en prisión?

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