Tortura y malos tratos: la impunidad como patrón
Por Iñaki Alrui*
Un buen activista incombustible en su defensa de los Derechos Humanos, y además, mejor persona todavía… me mandaba un archivo recogiendo diversos casos de tortura y malos tratos recogidos por él en estos días en la prensa. Puede que leídas de manera aislada se pierdan en el meremágnum de noticias, habituadas a coexistir con las barbaridades y las aberraciones de la realidad informativa del día a día. Pero leídas en conjunto llaman la atención, además de encender alertas éticas de hasta donde estamos dispuestos a asumir como algo normal la vulneración de derechos.
Hace tiempo en LoQueSomos abrimos una sección titulada ¿Casos aislados!, titulo irónico para recoger los casos de corrupción y abuso policial que salían, y siguen saliendo, en la prensa. Poder conocerlos en conjunto y no uno a uno, permite tomar conciencia de una realidad que es otro suspenso para la democracia. Algo similar vuelve a pasar al leer este archivo de noticias recibidas, que os dejo de manera resumida y comentada, nada inventado, ni tendencioso, simplemente noticias… y que cada cual saque sus conclusiones.
Desde Ceuta hasta Hondarribia, pasando por la cárcel de Picassent, los juzgados de Bilbao, Reus o las calles de Barcelona, una docena de casos documentados en las últimas semanas dibujan un mismo patrón: violencias policiales y penitenciarias que rara vez encuentran responsabilidad judicial. Amnistía Internacional denuncia torturas a migrantes en Ceuta; treinta jóvenes detenidos en 2009 exigirán que se reabran sus denuncias; un preso colombiano relata agresiones y xenofobia en prisión; y los tribunales archivan investigaciones sobre mandos policiales, citan bajo amenaza de detención a agentes que no comparecen, mientras condecoran a condenados. Parece que la impunidad no es un fallo del sistema: es la forma de funcionar.
Ceuta: torturas documentadas, responsabilidades por determinar
Amnistía Internacional hizo público esta semana un informe en el que documenta un «patrón» de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de militares españoles contra migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta. El informe, basado en 65 entrevistas y 22 testimonios directos, señala como principales responsables a efectivos de Regulares y de la Legión, y recoge prácticas como palizas, agresiones nocturnas con el rostro cubierto, humillaciones —obligar a musulmanes a besar una cruz cristiana, rapar el pelo a jóvenes—, robo de pertenencias y destrucción de teléfonos móviles.
El testimonio de uno de los supervivientes es estremecedor: «Me pusieron las bridas, me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me taparon la boca, me golpearon la cara contra un árbol y luego me pegaron con la porra y con los puños. Después de pegarme, me tiraron por un terraplén.» Amnistía confirmó las marcas de las bridas en sus muñecas.
El informe también documenta agresiones sexuales —una joven marroquí relató que un militar la increpó con lenguaje sexual valiéndose de su embarazo— y una orden que resume el espíritu de lo ocurrido: «Tenemos órdenes de que no estén cómodos.» El Ministerio de Defensa ha trasladado el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta, y ha ordenado una investigación interna al Mando de Operaciones. No ha negado los hechos.
Hondarribia: un disparo, dos narrativas y un «fracaso social»
El lunes 28 de septiembre, Babacar Welle, senegalés de 46 años con problemas de salud mental, murió tras recibir al menos tres disparos de un agente de la Policía Municipal de Hondarribia. Los hechos ocurrieron tras una intervención policial en la que Welle, armado con un cuchillo, habría intentado agredir a una ertzaina.
El agente declaró en comisaría que disparó porque su compañera corría «grave riesgo». El sindicato Euspel, que asume su defensa jurídica, sostiene que el policía «salvó la vida de una compañera» y coincide con el alcalde, Igor Enparan, en que «han fallado las instituciones». Enparan ha reconocido que Welle «era una persona en especial situación de vulnerabilidad» y que «si hubiésemos trabajado con anterioridad, esto se podía haber evitado». «Tengo la sensación de haber fracasado como sociedad», declaró.
La comunidad senegalesa, integrada desde décadas en la localidad, convocó una concentración bajo el lema «justicia para Babacar». Su hermano pronunció una frase que heló la sangre: «Yo ya sabía que un día lo iban a matar.» Otro allegado fue más explícito: «No tenía que andar con el cuchillo, pero tampoco había que matarlo.»
El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, defendió la actuación policial: los agentes «actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica». El sindicato ErNE ha exigido la dimisión del alcalde por «limitarse a lamentar» una situación «evitable», mientras SOS Racismo cuestiona que «para resolver la situación hubiera que acabar con su vida».
Sabadell: el codazo, el vídeo y la querella
El colectivo Alerta Solidària ha presentado una querella contra cuatro agentes de la Policía Municipal de Sabadell por la detención de un joven durante la Fiesta Mayor, en la que un agente le propinó un codazo en el abdomen que lo tiró al suelo. El caso se viralizó a principios de mes.
La querella incluye los delitos de trato vejatorio, falsedad documental, simulación de delito y detención ilegal. El abogado Xavi Monge sostiene que el vídeo muestra «una agresión injustificada» y que la minuta policial «está llena de falsedades que solo buscan justificar el codazo». El sindicato SIP-Fepol alega que el joven intentó acceder al arma del agente. Alerta Solidària pide la suspensión cautelar del cabo autor del golpe y el traslado de los otros tres agentes a tareas administrativas «sin arma ni uniforme».
Loiu: el TSJPV desestima la querella contra Zupiria por los incidentes con la Flotilla
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado la querella interpuesta contra el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, por los incidentes registrados en el aeropuerto de Loiu el 23 de mayo de 2026 durante la llegada de los integrantes de la Global Sumud Flotilla. La querella, presentada por la propia Flotilla, atribuía al consejero delitos de lesiones, detención ilegal, atentado contra la integridad moral, delito de odio y delitos cometidos por funcionarios públicos del artículo 540 del Código Penal, al considerar que, como máximo responsable del Departamento de Seguridad, «asumió personalmente la responsabilidad de dicho operativo».
El TSJPV se declaró competente para conocer de la querella exclusivamente en relación con Zupiria por su condición de aforado, pero acordó desestimarla al concluir que los hechos «en ningún caso revisten caracteres de ningún delito de los que se refiere la querella». El tribunal recuerda que «la responsabilidad penal es personal, no se asume, se ha de basar en hechos que indiciariamente al menos constituyan hechos criminales», y subraya que no consta que el consejero «haya tenido intervención alguna en los hechos escuetos relatados en el escrito de querella o en la orden de acometida a que se refiere el mismo». El auto no es firme y puede ser recurrido en súplica. Ese día, cuatro personas fueron detenidas por desobediencia, grave resistencia y atentado a agente de la autoridad.
Reus: el juez amenaza con detener a dos mossos si vuelven a dar plantón
El Juzgado de Instrucción de Reus que investiga la muerte de Marin Eugen Sabau, el «pistolero de Securitas», durante una intervención policial en Riudoms en 2021, ha citado de nuevo a dos agentes del Grup Especial d’Intervenció (GEI) para el 9 de enero de 2027 bajo amenaza de detención. Los dos mossos, que figuran como investigados, no se presentaron a las citaciones previas —ni ellos ni sus abogados— hasta en dos ocasiones, según recoge el Diari de Tarragona.
El magistrado sostiene que existen indicios suficientes para considerar que la intervención de ambos policías pudo ser «descontrolada y desproporcionada» y que el objetivo del operativo pudo ir más allá de neutralizar a Sabau. Los disparos, según el juez, provocaron a la víctima graves lesiones medulares que derivaron en la pérdida de casi toda la movilidad del cuerpo.
Las ausencias han sido cuando menos opacas. Citados inicialmente para el día 16, uno de los abogados alegó que no podía asistir; el Juzgado reprogramó la comparecencia para el día 17, pero el letrado presentó un escrito pidiendo la suspensión por coincidencia con otros señalamientos: una diligencia en Lleida a las nueve, una audiencia preliminar en San Sebastián a las 10:15 y una vista en Figueres un cuarto de hora después. El magistrado aceptó parcialmente y convocó a las 12 del mediodía. Llegada la hora, solo estaba presente el abogado de la acusación particular. Una letrada de uno de los investigados llegó a las doce y media y se quejó del cambio. El otro letrado ni llamó ni se presentó.
El juzgado llegó a llamar a los juzgados de Figueres y Donosti para verificar si las vistas se habían celebrado. En ambos casos se habían suspendido, precisamente por solicitud del propio abogado. Ante «las incomparecencias injustificadas» de procesados y letrados, el juez firmó una providencia el pasado 22 de septiembre citando a todos para el 9 de enero de 2027 «con comparecencia inexcusable» y advirtiendo a los dos mossos de que, de no acudir «sin motivo justificado, se podrá acordar su detención». En la causa figuran como investigados otros ocho agentes.
La cárcel de Picassent: «maltratos, xenofobia y abusos»
Steven Giraldo Zapata, preso colombiano en el módulo 2 de la prisión de Picassent (Valencia), denunció que el 30 de junio tres funcionarios entraron a registrar su celda, le rompieron una foto de su abuela y, tras una discusión, uno de ellos le dio un puñetazo en el pecho. Fue trasladado a un módulo de aislamiento —zona sin cámaras— donde relata que intentaron asfixiarlo y lo amenazaron con trasladarlo lejos de su familia. Sufrió un sangrado persistente en el oído izquierdo, disfonía, daños en un diente y fue privado de alimentos durante un día.
El artículo 72 del Reglamento Penitenciario establece que los medios coercitivos solo se aplicarán «de forma excepcional, estrictamente proporcional y cuando no exista otra vía». El Ministerio de Justicia declinó hacer declaraciones. Los colectivos antipenitenciarios TRABA y La Corda denuncian que la violencia en prisión «es estructural» y no depende solo de «quien da el golpe», sino de «los mecanismos y personas que lo permiten». La prisión de Picassent, añaden, es una de las más «lamentables» por número de agresiones y condiciones materiales.
Bilbao: la justicia rechaza investigar al mando
Iker Arana perdió un testículo en abril de 2025 tras recibir el impacto de una bala de foam durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde. La plataforma Justizia Aranarentzat denunció esta semana que la jueza instructora ha rechazado investigar al mando de la Ertzaintza que supervisó el operativo, que declaró como testigo y no como investigado. «Es el responsable directo de dar las órdenes que produjeron el disparo», sostienen.
Arana denunció que, un año y medio después, sigue sin poder ver las 34 grabaciones de las bodycams de los ertzainas presentes. «La Ertzaintza te dice que no se ve nada, tienes que confiar en ellos, aunque visto lo mentirosos que son…», declaró. La plataforma vincula el caso con otros episodios recientes: la muerte de Ander Sáenz en Santurtzi tras una actuación con pistolas táser, el joven Xuhar Pazos que perdió un ojo en los carnavales de Tolosa, o las cargas contra la Global Sumud Flotilla en el aeropuerto de Loiu. «La Policía ejerce violencia física sistemáticamente porque goza de un marco de impunidad amparado por el poder judicial y por instituciones políticas», denuncian.
Barcelona: el 1-O, nueve años después
El juicio contra cuatro agentes de la Policía Nacional acusados de reventar el ojo a Roger Español con una pelota de goma el 1 de octubre de 2017 encara su recta final. Los Mossos d’Esquadra, que analizaron las imágenes por orden judicial, concluyeron que el escopetero disparó al suelo y que la bola impactó en Español tras rebotar. Los expertos internacionales de Omega Research Foundation, que asesoran a la ONU, cuestionaron la distancia del disparo —14,12 metros frente a los 25 recomendados— y el ángulo del rebote, «alto», lo que incrementaba el riesgo de lesiones graves.
Los forenses confirmaron que Español sufre un «deterioro físico y psicológico muy importante» años después: perdió el ojo derecho, sufrió fracturas óseas y maxilares, y arrastra un trastorno adaptativo ansioso-depresivo. La fiscal ha defendido al escopetero y ha llegado a cuestionar la capacitación de los expertos internacionales, preguntando si las guías que citan son vinculantes en España. Uno de los peritos respondió que son principios suscritos por organismos internacionales desde hace años, y que España es Estado miembro de la ONU desde 1955.
Palma: condecorar a los condenados
El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con apoyo de Vox, ha decidido condecorar con la Cruz al Mérito Policial a Alberto Juan, uno de los policías locales condenados —con pena confirmada por el Tribunal Supremo— por vejar y hostigar a una excompañera, la exconcejal de Podemos Sonia Vivas, por ser lesbiana. También distinguirá a Antonio García, otro agente condenado por torturar a un detenido en dependencias policiales en 2011.
La sentencia del Supremo consideró probado que los agentes convirtieron su actitud homófoba en una forma habitual de relacionarse con Vivas, a la que humillaban con insultos, burlas sobre su orientación sexual y gestos obscenos, «movidos por su odio y desprecio a su condición homosexual». Aunque los tribunales acreditaron el carácter homófobo de las vejaciones, no pudieron condenar por delito contra la integridad moral porque los hechos habían prescrito.
Euskadi: treinta jóvenes exigirán que se investiguen sus torturas
Cerca de una treintena de jóvenes detenidos en la macrooperación contra Segi en noviembre de 2009 solicitarán conjuntamente la reapertura judicial de sus denuncias por torturas. Todos denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos durante el periodo de incomunicación en dependencias policiales.
En mayo de 2014, la Audiencia Nacional absolvió a todos los encausados. En la sentencia, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel cuestionó la validez de las autoinculpaciones obtenidas en régimen de incomunicación y afeó al juez instructor —el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— no haber adoptado medidas de investigación frente a las denuncias de malos tratos. El Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria (GEBehatokia) denuncia «impunidad estructural» y censura que el estamento judicial siga siendo «el último eslabón» reticente a asumir los estándares internacionales sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Catalunya: Interior cierra sin responsabilidades la investigación sobre el disparo a un fotoperiodista
El Sindicat de la Imatge UPIFC denunció que el Departament d’Interior cerró sin determinar responsabilidades la investigación interna sobre el disparo de foam que un agente de la BRIMO efectuó contra el fotoperiodista Joan Gálvez el 15 de octubre de 2025, mientras cubría una manifestación propalestina en Barcelona. Gálvez, que iba debidamente identificado con casco «Press» y cámara profesional, recibió el impacto en el brazo a unos 7 metros de distancia, contraviniendo la normativa que obliga a disparar de cintura hacia abajo.
La investigación interna concluyó sin «indicios de actuaciones merecedoras de responsabilidad disciplinaria». El sindicato denuncia que no se comunicó el archivo a Gálvez y que las conclusiones se omitieron en la comparecencia parlamentaria del 4 de febrero. La CUP ha exigido explicaciones y la documentación completa del expediente. «Disparar a un periodista es una actuación correcta según Interior. Los mecanismos internos de investigación de los Mossos no funcionan, solo encubren», denunció el diputado Xavier Pellicer.
Vigo: absuelto por esposar
En un caso que ilustra el otro extremo del arco judicial, el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo absolvió a un agente de la Policía Nacional acusado de un delito leve de lesiones por las erosiones e inflamación que sufrió un hombre al ser engrilletado tras negarse a identificarse. El juez consideró que las lesiones eran «compatibles con la inmovilización y el engrilletamiento» y que la actuación del agente estaba amparada por la eximente de cumplimiento del deber. El denunciante había sufrido contracturas musculares en el trapecio y un brazo, y erosiones en las muñecas.
Un patrón, no una suma de casos
Leídos en conjunto, los casos dibujan un patrón que trasciende las fronteras geográficas y los cuerpos policiales. En Ceuta, militares investigados por torturas a migrantes. En Hondarribia, un hombre con problemas mentales abatido a tiros y una comunidad que clama «justicia para Babacar». En Reus, dos mossos investigados por la muerte del «pistolero» que no comparecen ante el juez y son citados bajo amenaza de detención. En Bilbao, la justicia rechaza investigar al mando que ordenó disparar. En Barcelona, nueve años después del 1-O, los expertos internacionales cuestionan la actuación del escopetero mientras la fiscal defiende su versión. En Palma, el Ayuntamiento condecora a condenados por vejar a una lesbiana y torturar a un detenido. En Picassent, un preso colombiano denuncia agresiones y xenofobia en un módulo sin cámaras. En Euskadi, treinta jóvenes torturados en 2009 siguen esperando una investigación judicial. En Catalunya, Interior archiva sin responsabilidades el disparo a un fotoperiodista. En Vigo, un agente es absuelto por esposar a un hombre que se negó a identificarse.
Repito, la impunidad no es un fallo del sistema: es su forma de funcionar. Como resume la plataforma Justizia Aranarentzat, «la Policía ejerce violencia física sistemáticamente porque goza de un marco de impunidad amparado por el poder judicial y por instituciones políticas». Mientras tanto, las víctimas —migrantes, presos, manifestantes, fotoperiodistas, personas con problemas de salud mental— siguen esperando justicia. Algunas, como Babacar Welle, ya no pueden esperar.
Por cierto mi amigo y activista que envió el archivo me dejaba una pregunta final ¿Algo habrá que hacer?
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@InakiAlo
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