Amnistía Internacional denuncia torturas y tratos degradantes de militares a migrantes en Ceuta

Por Cecilia Remis

La organización documenta 22 testimonios directos de palizas, humillaciones, robo de dinero y destrucción de teléfonos móviles, y advierte de que algunas conductas podrían constituir tortura. Defensa remite el informe a la Fiscalía y ordena una investigación interna.

A dos meses de la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta, Amnistía Internacional ha hecho público un informe demoledor que acusa a miembros de las Fuerzas Armadas españolas —en particular a unidades de Regulares y de la Legión— de cometer tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad autónoma. La organización, que realizó una visita sobre el terreno entre el 10 y el 15 de septiembre, entrevistó a más de 65 personas y recogió 22 testimonios directos que describen un patrón de violencia sistemática.

El informe, titulado “España: Amnistía Internacional denuncia tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta por parte de fuerzas militares y condiciones indignas de acogida”, sostiene que estas prácticas “parecen responder a un patrón” y que, por su severidad, “pueden constituir tortura, un crimen de derecho internacional”.

Testimonios estremecedores

Entre los relatos recogidos destacan casos de extrema brutalidad. Un joven marroquí describió así una de las agresiones: “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”. La organización pudo constatar las marcas de las bridas en sus muñecas.

Otro joven marroquí aseguró llevar 25 días sin poder caminar tras ser empujado por un militar desde una altura elevada mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio. Dos chicos marroquíes presentaban lesiones en la cabeza compatibles con golpes de porras reglamentarias; uno de ellos afirmó que fue obligado a arrodillarse antes de ser golpeado.

Los testimonios también describen insultos y amenazas constantes para que abandonen Ceuta, impedimentos para dormir por la noche o transitar de día, obligación de raparse el pelo, y vejaciones de carácter religioso como obligar a musulmanes a arrodillarse para besar una cruz cristiana. Además, se denuncia el robo de dinero y la confiscación y rotura de teléfonos móviles.

Las mujeres no han escapado de esta violencia. Una joven marroquí embarazada relató que un militar se mofó de ella con comentarios sexuales sobre “cómo había podido abrir las piernas”. Otras denunciaron insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual.

Actuaciones nocturnas y encapuchadas

Según testimonios confirmados por vídeos a los que ha tenido acceso la organización, algunos militares han actuado de noche y encapuchados para evitar ser reconocidos, propinando golpes y palizas, rociando la cara y el cuerpo con espray irritante y procediendo a expulsiones sumarias a través de la valla del Tarajal. Amnistía Internacional también ha tenido acceso a información del colectivo Border Resistance que documenta un uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Condiciones de vida indignas

El informe no solo documenta agresiones físicas, sino también la situación de desprotección extrema en la que malviven miles de personas. Dos meses después de la entrada masiva, cientos de niños y niñas —algunos de tan solo 12 o 13 años— siguen durmiendo en la calle sin ningún tipo de cobertura. Según datos oficiales, se han identificado 2.383 menores migrantes no acompañados, de los cuales entre 500 y 700 permanecen en la calle. Unas 800 mujeres, algunas con sus hijos, también viven a la intemperie.

La organización denuncia carencias de agua potable, duchas, elementos de aseo, ropa limpia y atención sanitaria en asentamientos como las playas de Benítez y el Trampolín, las Naves del Tarajal, las afueras del CETI, el centro ecuestre de La Hípica, el terreno anexo a la mezquita de Sidi Embarek y barrios periféricos como Loma Colmenar y El Príncipe.

El reparto de comida, a cargo de Cruz Roja y otras ONG, es insuficiente: una sola bolsa al día con una barra de pan, una botella de agua, una lata de atún, un zumo y un paquete de galletas. Muchas personas deben caminar durante horas para acceder a ella, y las mujeres con hijos están obligadas a acudir con ellos para recibir su ración. La asistencia sanitaria se presta a la misma hora en el extremo opuesto de la playa, obligando a elegir entre comer o ser atendidas.

Discriminación racial e islamófoba

Amnistía Internacional también denuncia un hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba. Militares impiden arbitrariamente el paso al centro de la ciudad, tiendas y supermercados a personas racializadas, en función del color de la piel o de la indumentaria —como el velo en el caso de las mujeres—. El propio equipo de la organización presenció cómo un grupo de militares obligaba a marcharse a personas racializadas que estaban sentadas en un banco público. Al preguntar el motivo, la respuesta fue: “Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”.

Esta retórica deshumanizante se ve alimentada, según el informe, por discursos de odio de partidos políticos y autoridades. Los datos de OBERAXE citados por Amnistía indican que los mensajes de odio en redes sociales aumentaron un 76% durante agosto. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llegó a afirmar que había que “cazar uno por uno” a las personas migrantes. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo publicó un tuit: “No son migrantes. Son soldados. Usan a las mujeres y los niños de atrezo”.

Ataques a periodistas y activistas

El clima de hostilidad también alcanza a periodistas, ONG y activistas. La organización denuncia el bloqueo de la sede de No Name Kitchen por un vehículo militar, insultos sexistas y seguimiento a sus activistas, y la detención de dos de ellos. El caso más grave fue la agresión sufrida por Rafa Borrego, Sofía Cánovas y la diputada Julia Ferreras el 20 de septiembre, cuando su coche fue apedreado y atacado ante la inacción policial. La propia delegación de Amnistía Internacional fue identificada por la Policía Nacional y recibió insultos de militares: “Perroflautas. ¡A chuparla!”.

Defensa reacciona

Ante la gravedad del informe, el Ministerio de Defensa ha remitido el documento a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta, y ha instado al Mando de Operaciones a investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales “para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”. Fuentes del departamento que dirige Margarita Robles han confirmado que se ha encargado una investigación interna.

La reacción política no se ha hecho esperar. Sumar y ERC han respaldado la decisión de Robles de llevar el caso a los tribunales. El diputado de Sumar Félix Alonso aplaudió la medida y criticó que “eso no es defender Ceuta, es la ley del ojo por ojo”. Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Marc Álvaro, instó a PSOE y Sumar a denunciar públicamente los hechos.

En el lado opuesto, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reprochado a Amnistía Internacional que no denuncie las agresiones que sufren los militares por parte de inmigrantes. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha enumerado episodios de “agredidos, apuñalados, apedreados, lanzamientos de cócteles molotov” y ha animado a la ONG a acudir a la Justicia si tiene “pruebas suficientes”. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) también ha exigido a la diputada de Podemos Ione Belarra que retire sus acusaciones de torturas o presente pruebas ante los tribunales.

Nueve recomendaciones urgentes

Amnistía Internacional ha dirigido sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con nueve recomendaciones urgentes:

• Asegurar de inmediato asistencia humanitaria adecuada y condiciones dignas de acogida.

• Garantizar la identificación de vulnerabilidades con atención diferenciada por género y edad.

• Identificar, proteger y acoger dignamente a todos los menores no acompañados, considerando su traslado a otras comunidades autónomas.

• Proceder al traslado de personas en riesgo y solicitantes de asilo a la Península.

• Ordenar el cese inmediato de todo ataque u hostigamiento contra personas migrantes, incluyendo el perfilamiento racial.

• Investigar de manera pronta, imparcial e independiente las alegaciones de abusos, apartando cautelarmente a los militares implicados.

• Respetar el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas.

• Condenar públicamente los discursos racistas, xenófobos e islamófobos.

• Garantizar que periodistas, personal humanitario y activistas puedan ejercer su labor sin agresiones ni obstáculos.

La organización, que ha querido enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a la ciudadanía de Ceuta, reconoce la dificultad de la labor de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ante una situación compleja, pero recuerda que están obligadas a actuar respetando la legislación nacional e internacional y los derechos humanos de todas las personas.

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