Panamá: agentes infiltrados contra sindicatos y movimientos
Por Giorgio Trucchi*
Un expediente presentado ante la Fiscalía denuncia que al menos 24 agentes se infiltraron durante años en organizaciones sociales, lo que incluyó seguimientos, elaboración de perfiles y fabricación de acusaciones. En el contexto, la represión del gobierno de Mulino y el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos e Israel.
Mientras el gobierno del presidente José Raúl Mulino acelera la agenda neoliberal, impulsa la reactivación de megaproyectos extractivos y firma controvertidos acuerdos internacionales en materia de seguridad, desde las entrañas del Estado resurgen los métodos más oscuros de la doctrina de seguridad nacional.
Ese fantasma nunca del todo enterrado del antiguo G-2, el aparato de inteligencia de la dictadura militar, y la época de las «escuchas» telefónicas parecen hoy haber cambiado de apariencia. Incluso recurren a la elaboración de perfiles digitales y a la infiltración policial en los movimientos de oposición, pero conservan el mismo objetivo: criminalizar la disidencia y desarticular la resistencia popular.
A principios de septiembre, las organizaciones reunidas en la coalición Pueblo Unido por la Vida, respaldadas por defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales, rompieron el silencio y presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Las pruebas presentadas son tan detalladas como inquietantes: un voluminoso expediente que contiene fotografías, nombres, rangos, cargos y placas de identificación que revelarían el funcionamiento de una verdadera estructura clandestina estatal, dedicada al seguimiento, la infiltración y el sabotaje de los movimientos de oposición.
Según los portavoces de la coalición, los agentes identificados e infiltrados de manera generalizada en sindicatos, grupos estudiantiles, comunidades indígenas, campesinas y movimientos ambientalistas serían al menos 24, pero podrían llegar a ser el doble. No se trata, por lo tanto, de simples episodios aislados de vigilancia durante las marchas y las movilizaciones en las calles, sino de una persecución asfixiante, planificada y dirigida: fichaje de los líderes, rastreo de sus vehículos, monitoreo constante de sus viviendas y, lo que es aún más grave, el control sistemático de sus familiares más cercanos, incluidos ancianos y menores.
“Hemos descubierto agentes que desde hace años se habían infiltrado en las organizaciones, con actitudes radicales y violentas, dedicados a perfilar a los líderes, a crear divisiones internas en el movimiento y a propiciar las condiciones para su criminalización, persecución y detención. Se trata de una infiltración burda que viola todos los parámetros legales, constitucionales y convencionales”, explica a Pagine Esteri Jorge Guzmán, abogado y coordinador del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso).
El esquema del «lawfare», un auténtico G-2.0, es tan simple como perverso: los agentes infiltrados alimentan expedientes sin ninguna autorización judicial previa, fabrican supuestos ficticios de delito y transmiten todo a las fiscalías. De esta manera, la policía se convierte en juez y parte, construyendo de manera artificial las acusaciones para justificar registros en sedes oficiales o, peor aún, en los hogares de líderes sindicales y sociales. ¿El resultado? Más de cien trabajadores de la construcción, decenas de jóvenes activistas, maestros y defensores del medio ambiente sometidos a procesos penales y administrativos viciados desde el inicio.
“Las pruebas recabadas indican claramente la existencia de una estructura operativa con un despliegue territorial planificado. Al tratarse de pruebas falsas, actos de violencia inducidos y un trabajo de infiltración totalmente ilegal, estamos trabajando para solicitar la nulidad de los procesos y de las condenas impuestas en estos años”, declara Guzmán.
Mientras tanto, el dirigente del combativo Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Suntracs), José Víquez, reiteró durante una conferencia de prensa la urgencia de una investigación independiente y rigurosa que permita establecer la existencia, la composición, el financiamiento y la cadena de mando de la estructura denunciada. Los movimientos también exigen que se verifique la existencia de autorizaciones judiciales y administrativas, el uso de fondos públicos y el tipo de tecnología empleada por la propia red.
La respuesta de los altos mandos de la Policía y del Ministerio de Seguridad, encabezado por Frank Ábrego, no ha hecho más que confirmar los temores de los trabajadores. Escudándose en una defensa semántica, las autoridades negaron la existencia de «infiltrados», prefiriendo definirlos técnicamente como «agentes encubiertos» que operan dentro de los límites de la ley para salvaguardar el orden público y la seguridad nacional. Una distinción burocrática que no cambia la esencia de la violación de las libertades civiles.
La gravedad del escándalo ya ha traspasado las fronteras nacionales. Además de presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General, los movimientos ya han enviado una comunicación formal a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas y han remitido el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Exigen una investigación exhaustiva e independiente.
Este 30 de septiembre, las organizaciones de la coalición Pueblo Unido por la Vida marcharon por las calles de la capital, llevando la indignación de la clase trabajadora y exigiendo que el Estado cese de inmediato el uso del aparato de inteligencia y de las fuerzas de seguridad como herramientas políticas para silenciar a quienes se oponen a un modelo económico excluyente.
Al respecto, Guzmán, quien también es miembro de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), explica a Pagine Esteri que las protestas del año pasado contra la reforma de la seguridad social (Ley 462) y la firma del acuerdo con Estados Unidos desencadenaron una verdadera caza de brujas por parte del Estado.
«Casi 300 educadores han sido despedidos, mientras que en el caso de Suntracs y Conusi (Coordinadora de Unidad Sindical), la ofensiva del Estado está incluso pisoteando las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en defensa de la libertad sindical. Los dirigentes siguen siendo investigados, encarcelados, sometidos a medidas cautelares, asilados o exiliados. No solo no se han abierto espacios tripartitos de negociación, sino que a las organizaciones se les han bloqueado los recursos económicos y el acceso a las cuentas bancarias».
El balance es grave: más de 600 detenciones arbitrarias, más de 100 activistas sometidos a procesos judiciales, 25 allanamientos en sedes sindicales y domicilios particulares, 5 órdenes de captura contra dirigentes, el bloqueo de 18 cuentas bancarias y la acción legal impulsada por el Ministerio de Trabajo para disolver formalmente a Suntracs.
En particular, la persecución se dirige contra los dirigentes históricos: Saúl Méndez sigue obligado al exilio, Erasmo Cerrud permanece refugiado en la embajada de Nicaragua, Genaro López, Jaime Caballero y el propio secretario general de la Conusi, Marco Andrade, enfrentan medidas cautelares alternativas a la prisión. El caso más extremo es el de Ariel Rodríguez, otro dirigente sindical del sector de la construcción, que permanece recluido en la prisión de máxima seguridad La Nueva Joya.
“Estamos sufriendo una persecución permanente, sistemática y planificada por parte de un gobierno de extrema derecha que ha prometido aniquilar toda voz disidente. Nos hemos opuesto con firmeza a las políticas neoliberales de Mulino y por eso buscan destruirnos. Sabemos que será una lucha dura y difícil, pero no retrocederemos ni un milímetro: seguiremos luchando por nuestro objetivo, que es un Panamá más justo y equitativo», declaró a Pagine Esteri Yamir Córdoba, secretario general de Suntracs.
Aún más trágica es la situación de los trabajadores de las plantaciones de banano de la multinacional brasileña Chiquita Panamá en Bocas del Toro, en su mayoría pertenecientes a la etnia Ngäbe-Buglé. La huelga del año pasado fue duramente reprimida por las fuerzas especiales de la policía y los guardias fronterizos durante la denominada «Operación Omega». Durante unos diez días, la zona quedó totalmente rodeada y aislada, se interrumpieron las comunicaciones telefónicas y la señal de internet, y se desató la persecución contra los huelguistas y sus familias.
“Más de cinco mil trabajadores y trabajadoras sindicalizados (Sitraibana) fueron despedidos, la policía detuvo arbitrariamente a más de 300 personas, se realizaron allanamientos ilegales en los hogares y registramos decenas de heridos, múltiples denuncias de torturas y abusos sexuales contra mujeres, además de la muerte de al menos dos personas —aunque tememos que sean más—. El Estado debe investigar a fondo, pero no lo está haciendo”, advierte Guzmán.
Actualmente hay 102 denuncias pendientes por crímenes de lesa humanidad que involucran a los responsables materiales e intelectuales de la violencia contra la población indígena. Mientras tanto, un centenar de ex trabajadores siguen sometidos a procesos penales y a fuertes presiones para que se declaren culpables a cambio de penas menores.
Para el abogado y activista social, resulta evidente el vínculo entre lo que está sucediendo y las relaciones históricamente estrechas, de subordinación, con Estados Unidos y, más recientemente, con Israel.
La seguridad nacional, la defensa, la ciberseguridad y la inteligencia artificial son, de hecho, los sectores prioritarios de la cooperación con Washington y Tel Aviv. La firma del memorando de entendimiento en materia de seguridad con EE. UU. marcó un giro estratégico en las relaciones bilaterales, permitiendo el despliegue de tropas terrestres, navales y aéreas estadounidenses en instalaciones que, históricamente, fueron bases estadounidenses hasta la devolución del Canal en 1999. Además, Washington ha suministrado a Panamá drones K1000 de última generación, mientras que continúan regularmente los ejercicios militares conjuntos.
En el frente de Oriente Medio, en 2022 la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel (INCD) —la agencia gubernamental de seguridad y tecnología encargada de la defensa del ciberespacio civil y del fortalecimiento del poder tecnológico del Estado de Israel— y la División de Ciberseguridad de la Autoridad de Innovación de Panamá (AIG) ya habían firmado un acuerdo de cooperación, seguido de un memorando de entendimiento sobre seguridad y ciberdefensa.
Este año, el presidente Mulino y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu —contra quien pesa una orden de aprehensión de la justicia internacional— acordaron ampliar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, integrando tecnologías de inteligencia artificial y drones en la gestión de la seguridad fronteriza. Además, han fortalecido y ampliado, claramente con un enfoque anti-China, el Tratado de Libre Comercio, incluyendo servicios tecnológicos y logísticos. Por último, Panamá firmó con la agencia israelí Mashav un memorando de entendimiento para una Alianza Público-Privada (APP), lo que permite a las empresas israelíes de tecnología y seguridad integrarse en los proyectos de desarrollo nacionales mediante cláusulas de transferencia tecnológica y capacitación de profesionales locales.
En el pasado, el expresidente Ricardo Martinelli —de quien Mulino fue un importante ministro— compró el conocido software espía Pegasus a la empresa israelí NSO Group. Se trata de una tecnología utilizada precisamente para interceptar y espiar ilegalmente a más de 150 personas, entre ellas líderes sindicales, maestros, periodistas y opositores políticos.
* Nota original: Panama, agenti infiltrati contro sindacati e movimenti
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