Ecuador: democracia en entredicho, laboratorio de guerra y minería de impactos eternos

Ecuador: democracia en entredicho, laboratorio de guerra y minería de impactos eternos

Por Cecilia Remis

La injerencia estadounidense en el Ecuador de Daniel Noboa es abierta y constante: bombardeos conjuntos, inteligencia artificial al servicio del Comando Sur y una oposición perseguida por los tribunales hasta la cárcel, con unas elecciones locales convocadas para el 29 de noviembre de 2026 de las que ha sido proscrita. Mientras tanto, la megaminería acumula pasivos que durarán siglos. Tres textos recientes ayudan a entender la destrucción social en curso.

Un laboratorio de guerra, con ayuda de Estados Unidos

El investigador Luis Córdova-Alarcón, director del Programa de Investigación de Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostiene que Noboa ha convertido el país en un «laboratorio de guerra» con ayuda de Washington: un territorio de experimentación militar, tecnológica y psicológica que sirve de teatro de operaciones a la «guerra contra los cárteles» de la administración Trump y a su coalición Escudo de las Américas. Un episodio resume el análisis: el 3 de marzo de 2026, Ecuador y Estados Unidos anunciaron el bombardeo de un supuesto campamento de los Comandos de la Frontera en la provincia de Sucumbíos, un día después de que el jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, se reuniera con Noboa en Quito. Dos semanas después, una investigación de The New York Times reveló que el objetivo bombardeado era en realidad una granja lechera. El texto repasa además la desaparición de ocho pescadores de la embarcación Fiorella en enero de 2026, el despliegue de drones estadounidenses en la base aérea de Taura y la incorporación por el Comando Sur del sistema Maven Smart System de Palantir, que automatiza con inteligencia artificial la selección de objetivos militares.

Luisa González, la líder popular ecuatoriana, arrestada y custodiada por la policía

¿Sigue siendo una democracia?

Es la pregunta que formula el escritor y periodista Carlo Campo en Jacobin América Latina tras la detención, el pasado 5 de noviembre, de Luisa González, dos veces candidata presidencial y principal dirigente de la oposición. González fue detenida en el llamado Caso Laberinto, una reapertura del Caso Caja Chica, ya juzgado y cerrado con una multa pagada al Tribunal Contencioso Electoral. Su partido, el Movimiento Revolución Ciudadana, ha sido proscrito de las elecciones locales del próximo 29 de noviembre, y la justicia ecuatoriana ha rechazado estos días el habeas corpus presentado por su defensa, por lo que sigue en prisión. Campo sitúa el caso en una escalada de lawfare que incluye la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la del exvicepresidente Jorge Glas, sacado por la fuerza de la embajada de México y recluido en una cárcel de máxima seguridad en condiciones que su defensa califica de tortura sistemática. El artículo se pregunta, además, por los cargamentos de cocaína hallados en contenedores de fruta de la empresa familiar del presidente, uno de los motivos por los que los críticos del régimen hablan abiertamente de narcoestado.

Protesta de los Siekopai para recuperar su lugar en la Amazonía. Corte Constitucional de Ecuador. Foto: Veronica Lombeida

Unos impactos mineros que son eternos

El tercer texto, firmado por Alberto Acosta, Carlos Zorrilla y Pocho Álvarez y recogido por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y Biodiversidad en América Latina, detalla por qué los impactos destructivos de la minería son eternos. Recuerda los desastres de Mariana (2015, 19 muertos) y Brumadinho (2019, 272 muertos) en Brasil como precedente y denuncia el gigantismo de la minería ecuatoriana: la piscina de relaves de Tundayme, en el proyecto El Mirador (Zamora Chinchipe), cuyo muro de contención, autorizado a crecer de 260 a 350 metros en 2019, sería el más alto del mundo y almacenará 670 millones de metros cúbicos de relaves contaminados, 67 veces lo vertido en Brumadinho, en una zona sísmica de la Amazonía. Un representante de la minera ECSA, que opera el proyecto, reconoció al diario El Comercio que esos impactos «son irreversibles». El fondo de remediación previsto, 100 millones de dólares, equivale al 0,22% de lo que ha costado la remediación de Mariana.

Las tres piezas coinciden en el diagnóstico: la subordinación estratégica a Washington no ha frenado la crisis de violencia, la persecución judicial vacía de contenido las instituciones democráticas y, en medio de todo, los negocios de siempre siguen destruyendo el medioambiente con ganancias que se privatizan y pasivos que se eternizan.

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