País Valenciá: Els CLERs reclamen una moratòria urgent de construcció en zones inundables després de la DANA de 2024
Por Agencia LQS
Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción advierten de que varios ayuntamientos están impulsando nuevos polígonos y centros comerciales en suelos que ya sufrieron las graves inundaciones de 2024, y piden al Gobierno que paralice los proyectos para evitar otra tragedia.
A menos de dos años de la devastadora DANA que el 29 de octubre de 2024 causó 230 muertos y pérdidas millonarias en la provincia de Valencia, la polémica vuelve a surgir sobre el terreno. Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLERs) han presentado el lunes 9 de marzo, una propuesta formal al Gobierno de España para decretar una moratoria «inmediata» que paralice cualquier nuevo proyecto urbanístico en las zonas que quedaron anegadas durante aquel fatídico episodio.
La petición, dirigida a la Comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, responde a la «preocupación» generada por el anuncio de nuevos desarrollos en municipios del área metropolitana de Valencia y la Horta Sud. Según denuncian los colectivos, localidades como Alfafar, Massanassa, Xirivella, Picanya, Aldaia, Chiva o Buñol planean construir nuevos polígonos industriales, ampliaciones de centros comerciales, zonas residenciales e incluso macroproyectos energéticos en suelos agrícolas que durante la riada actuaron como zonas naturales de absorción del agua.
«No podemos volver a asfaltar las esponjas naturales»
Los comités advierten de que la impermeabilización de miles de hectáreas agravaría drásticamente los efectos de futuras lluvias torrenciales, un riesgo creciente en el contexto de cambio climático. «Durante décadas, la comarca de l’Horta Sud sufrió políticas urbanísticas intensivas que contribuyeron a agravar la catástrofe de 2024», recuerdan en el documento, subrayando que los suelos agrícolas y los barrancos son la única defensa natural contra las inundaciones.
La advertencia no es nueva. Los Comités explican que llevan meses trabajando con expertos de diversas universidades que coinciden en la necesidad de preservar estos terrenos como zonas de laminación de crecidas. Además, recuerdan que el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (PATRICOVA), vigente desde 2003 y actualizado en 2015, ya prohíbe en su artículo 18 las infraestructuras que puedan modificar negativamente el proceso de inundación.
Sin embargo, la experiencia de la DANA demostró que las previsiones actuales son insuficientes: muchas de las zonas que se inundaron no estaban catalogadas con el máximo nivel de riesgo en las cartografías oficiales.
Cinco medidas cautelares
Ante esta situación, la propuesta de los colectivos incluye un paquete de medidas urgentes mientras se revisa la cartografía de riesgos y la planificación territorial al completo. Las principales son:
Suspensión inmediata de cualquier plan urbanístico que afecte a suelos rurales identificados como inundables por el PATRICOVA.
Paralización de las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) en suelo no urbanizable con riesgo de inundación.
Exigir un informe de escorrentías del organismo de cuenca para cualquier procedimiento urbanístico en trámite.
Frenar proyectos en suelos urbanos o urbanizables que, aunque no estuvieran catalogados como inundables en 2015, quedaron bajo el agua en 2024.
Establecer una protección definitiva de las zonas inundables, impidiendo nuevos desarrollos de forma permanente.
Un choque entre desarrollo y seguridad
La petición de la moratoria sitúa a los ayuntamientos afectados en una posición delicada. Muchos de ellos, que buscan atraer inversiones y generar empleo a través de nuevos desarrollos logísticos o industriales, se enfrentan ahora a la presión vecinal y de los expertos para frenar sus planes.
Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción insisten en que «la aplicación del principio de precaución es imprescindible» y que la medida es necesaria para «garantizar la seguridad climática, la resiliencia del territorio y la protección de las comunidades».
Ahora, la pelota está en el tejado de la Comisionada para la Reconstrucción, que deberá valorar si atiende la demanda de los colectivos o permite que los proyectos sigan adelante, en una decisión que marcará el futuro urbanístico y la seguridad de toda el área metropolitana de Valencia.
⇒ Nota de premsa, Comitès Locals d’Emergència i Reconstrucció
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