Nuestros mayores no merecen este abandono
Por Miguel Hernández Bernardez
Una sociedad se mide por cómo trata a sus niños y por cómo trata a sus mayores. Si ese es el criterio, España tiene una deuda enorme con miles de personas mayores que, después de una vida entera de trabajo, esfuerzo y sacrificio, se encuentran hoy esperando una plaza pública, viviendo en soledad o sin poder acceder a una residencia porque sus pensiones no alcanzan para pagar los elevados precios de muchos centros privados.
Durante décadas, hombres y mujeres levantaron fábricas, cultivaron los campos, trabajaron en la construcción, en el comercio, en el transporte, en los hospitales, en las escuelas y en tantos otros sectores. Con sus impuestos y sus cotizaciones sostuvieron el Estado y contribuyeron al bienestar de las generaciones posteriores.
Sin embargo, cuando llega el momento en que necesitan ayuda, demasiadas veces reciben listas de espera, burocracia, falta de plazas y respuestas insuficientes.
Es legitimo preguntarse: ¿dónde están las administraciones públicas cuando una persona mayor necesita una residencia y no puede pagar una privada? ¿Donde están los recursos públicos para garantizar una atención digna a quienes ya lo dieron todo por la sociedad?
Los gobiernos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen responsabilidades en la planificación y prestación de estos servicios. Cuando las plazas públicas son insuficientes y las familias no encuentran soluciones, es evidente que existe un problema que requiere una respuesta decidida.
No hablamos de privilegios. Hablamos de derechos. El derecho a envejecer con dignidad. El derecho a recibir cuidados cuando la edad o la enfermedad ya no permiten vivir con autonomía. El derecho a no sentirse abandonado después de toda una vida de trabajo.
No podemos aceptar que la falta de recursos económicos determine quién recibe una atención adecuada y quién no. La dignidad de una persona mayor no puede depender del saldo de su cuenta bancaria.
Por ello reclamamos un compromiso real con el fortalecimiento de los servicios públicos destinados a las personas mayores: más residencias públicas, más centros de día públicos, más ayuda a domicilio, más profesionales, más inversión y una planificación que responda a las necesidades reales de una población cada vez más envejecida.
Nuestros mayores no necesitan discursos vacíos. Necesitan hechos.
Cada plaza pública que falta representa una persona esperando. Cada demora tiene consecuencias humanas. Cada decisión política incide directamente en la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Ha llegado el momento de convertir las promesas en realidades.
Porque quienes construyeron este país no merecen terminar sus vidas sintiéndose olvidados.
Una sociedad que abandona a sus mayores está renunciando a una parte de su propia dignidad. Exigimos políticas públicas eficaces, recursos suficientes y un compromiso firme para garantizar que ninguna persona mayor quede sin la atención que necesita.
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