Mordaza a la prensa: sanción para el periodismo que destapó las infiltraciones policiales ilegales, mientras se protege a los infiltrados

Por Iñaki Alrui*

La sanción revela la «baja calidad democrática del Estado español» y una clara intención de silenciar a quienes investigan los abusos del poder. Mientras se protege a los agentes que se infiltraron sin autorización judicial y se vulneraron derechos fundamentales, se sanciona a quienes destaparon la verdad

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto expediente sancionador contra el medio de comunicación La Directa por haber destapado, en un ejercicio ejemplar de periodismo de investigación, la trama de agentes policiales infiltrados —sin orden judicial ni cobertura legal— en movimientos sociales de izquierdas e independentistas por orden del Ministerio del Interior. No es un caso aislado:
El informativo VilaWeb también ha sido sancionado por el mismo motivo. La resolución de la AEPD no solo impone multas económicas, sino que ordena censurar informaciones veraces, contrastadas y de indudable relevancia pública, obligando a retirar imágenes y datos publicados. Lo más grave: mientras se castiga a quien investiga y revela los abusos del poder, se blinda a quienes actuaron al margen de la ley.

Jesús Rodríguez, periodista de ‘La Directa’, ha calificado la medida como una «orden de censura» que, de aplicarse, obligaría a tachar casi todo el texto de sus reportajes, haciéndolos «ilegibles». La resolución de la AEPD, según denuncian, equipara erróneamente a los agentes infiltrados con la figura del «agente encubierto» con cobertura legal, cuando el propio Ministerio del Interior reconoció que actuaron como «agentes de inteligencia», una figura sin regulación legal ni control judicial.

Cabe destacar el contraste con el Reino Unido, con casos similares de infiltración policial, donde el Gobierno pidió disculpas públicamente a las víctimas y los medios publicaron las identidades de los agentes sin represalias, evidencia la frágil salud democrática del Estado español. Esta decisión no es una cuestión de protección de datos, es un mecanismo de censura, un claro efecto mordaza equiparable a las demandas SLAPP, que amenaza con disuadir a cualquier medio que ose investigar las actuaciones incómodas para las instituciones.

Desde la asamblea de redacción de LoQueSomos.es, defensores de la Libertad de Comunicación y el Derecho a la Información, manifestamos nuestro firme apoyo a La Directa, a VilaWeb y a todo el periodismo valiente que, pese a las represalias, sigue cumpliendo con su función democrática esencial: vigilar a los poderes públicos y contar la verdad.

Porque sancionar a quien investiga mientras se protege a quien se infiltra no es democracia: es mordaza. Todo nuestro respaldo a la prensa libre.

Protección de datos como arma de censura: multan a quien investiga y blindan a quien se infiltró sin orden judicial». Reino Unido pidió disculpas a las víctimas de infiltraciones; España, en cambio, sanciona a los periodistas que las destapan. Censurar la verdad: el coste de investigar a los poderes públicos en el Estado español

En un hecho sin precedentes enciende todas las alarmas en el sector de la comunicación, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha incoado expedientes sancionadores contra los medios de comunicación ‘La Directa’ y ‘VilaWeb’. El motivo: sus investigaciones periodísticas que destaparon una trama de agentes de policía infiltrados sin orden judicial en movimientos sociales e independentistas entre 2020 y 2023.
La resolución de la AEPD, que responde a una denuncia de cuatro de los agentes infiltrados ilegalmente, propone una sanción económica de 7.000 euros para ‘La Directa’  y ordena la retirada de toda la información publicada que pueda identificar a los policías, incluyendo sus nombres ficticios, tatuajes y cualquier imagen, incluso aquellas en las que sus rostros aparecen pixelados. En el caso de ‘VilaWeb’, la sanción asciende a 7.000 euros y también exige la censura de los artículos, cuestionando incluso la publicación de una fotografía con los ojos del agente tapados por considerarla insuficiente para preservar su identidad.

Desde los medios sancionados y las organizaciones de defensa de los derechos humanos se ha denunciado que este procedimiento constituye un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información, piedras angulares de cualquier democracia. ‘La Directa’ defiende que sus investigaciones son un «ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz» y responden a la función democrática esencial de los medios de comunicación como vigilantes de los poderes públicos, especialmente cuando se investigan actuaciones policiales secretas que vulneran derechos fundamentales.

Protección de datos como arma de censura: multan a quien investiga y blindan a quien se infiltró sin orden judicial». Reino Unido pidió disculpas a las víctimas de infiltraciones; España, en cambio, sanciona a los periodistas que las destapan. Censurar la verdad: el coste de investigar a los poderes públicos en el Estado español

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se ha sumado al manifiesto de apoyo a ‘La Directa’, expresando su «profunda preocupación» por un procedimiento que «genera un grave efecto intimidatorio y de mordaza sobre el periodismo de investigación». La entidad advierte que la amenaza de sanciones económicas y la retirada de contenidos puede disuadir a los medios de publicar informaciones relevantes sobre la actuación de los poderes públicos, equiparando su efecto a las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP.

Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Irídia, ha manifestado que el procedimiento «genera un grave efecto intimidatorio y de mordaza» y ha anunciado que presentarán alegaciones para reclamar el archivo del caso, argumentando que el medio realizó una ponderación adecuada entre el derecho a la información y la protección de datos personales. «La sanción de la AEPD nos lleva a preguntarnos cuál es la calidad democrática de las instituciones españolas», ha sentenciado Rodríguez, señalando el contraste con el caso de las infiltraciones policiales en el Reino Unido, donde los medios publicaron las identidades de los agentes sin sanción alguna y el Gobierno pidió disculpas públicamente a las personas afectadas.

La comisión de investigación del Parlamento de Catalunya sobre estas infiltraciones ha anunciado que modificará su plan de trabajo para incluir este «ataque contra los medios de comunicación», evidenciando la preocupación institucional por un hecho que, según los partidos de la oposición, revela la «baja calidad democrática del Estado español» y una clara intención de silenciar a quienes investigan los abusos del poder. Mientras se protege a los agentes que se infiltraron sin autorización judicial y se vulneraron derechos fundamentales, se sanciona a quienes destaparon la verdad.

* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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