La obsesión de la derecha española contra el antifascismo

Por Pedro López López*

Educar en democracia es educar en antifascismo y es obligación de cualquier país democrático, que debe llevar al ámbito adecuado, el sistema educativo, las iniciativas…

Nuestra derecha patria ha montado un buen quilombo en las redes sociales a partir de una iniciativa de la Universidad de León consistente en un título propio en Pedagogía Antifascista, dirigido a educadores y cuyo impulsor y director es Enrique Díez Gutiérrez, profesor de esa universidad, gran pedagogo y autor de numerosos libros e innumerables artículos. Hasta tal punto ha molestado esta iniciativa que Vox ha registrado una pregunta parlamentaria al gobierno, indignado por tal iniciativa.

El fascismo es la antítesis de la democracia, ni más ni menos. La obligación de una democracia es ser antifascista. Pero estamos en un país extraño, no hay más que ver el tratamiento por parte de la policía a grupos fascistas y a grupos antifascistas. Un líder fascista puede hacerse un selfi en una concentración o manifestación con uno o varios policías sin ningún problema; si un antifascista prueba a hacer lo mismo, es muy probable que reciba un empujón o que pruebe la porra del policía si se pone pesado. Para el compadreo con la policía en este país solo tiene la patente la extrema derecha.

Es obligación en una democracia que el sistema educativo prepare al alumnado para convivir democráticamente evitando el peligro del fascismo. Ese fue el espíritu del Consejo de Europa cuando declaró el año 2005 Año Europeo de la Ciudadanía a través de la educación, y a partir de esta iniciativa España, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, propuso la inclusión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La derecha española, apoyada por los obispos, puso el grito en el cielo y montó no un debate, sino un auténtico circo sacando a sus filas a las calles contra lo que llamaban “adoctrinamiento”. Las recomendaciones del Consejo de Europa surgieron por la preocupación de la abstención de los jóvenes en los procesos electorales. Estamos en un momento peor viendo cómo los jóvenes europeos crecientemente están apoyando movimientos de extrema derecha inequívocamente fascistas.

¿Adoctrinamiento en educar para la democracia y los derechos humanos? La iniciativa del Consejo de Europa fue apoyada por el Partido Popular a través de su ministra de Educación, Pilar del Castillo, que representaba a España en el Consejo de Europa, que aprobó la Recomendación 2002(12) del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la Educación para la ciudadanía democrática el 16 de octubre de 2002. No consta que votara en contra de esta resolución. Sin embargo, sí consta que cuando tocaba trasladar esta iniciativa a nuestro país el partido gobernante había cambiado, ya que en 2004 entró a gobernar el PSOE. Ante una nueva ley educativa, el gobierno Zapatero, llevando adelante la recomendación 2002(12) introdujo en la educación secundaria el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Entonces el Partido Popular decidió atacar furibundamente la iniciativa, acompañado de la Iglesia Católica. A ambos actores les parecía que la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tenía la intención de adoctrinar a los niños y jóvenes.
Evidentemente, al Partido Popular le pareció en 2002 que la recomendación podría ser un buen instrumento para adoctrinar, no para educar; la Iglesia Católica, que acusa de adoctrinamiento a todo discurso que la contradiga y ponga en cuestión su patente de corso para hacerlo ella sin competencia, se sumó, por supuesto.

Educar en democracia es educar en antifascismo y es obligación de cualquier país democrático, que debe llevar al ámbito adecuado, el sistema educativo, las iniciativas.

Muy en relación con estas cuestiones está la memoria democrática, que no es un capricho de la izquierda. Naciones Unidas publicó en 1997 el llamado Informe Joinet (por Louis Loinet, jurista francés que lo redactó), cuyo principio número 2 explicita el deber de recordar para los estados así: «El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas»… justo lo que está pasando en España, así como en otros países.

Evidentemente, la derecha española ha optado o bien por el olvido de lo que fue el franquismo y cómo surgió, o bien por cambiar el relato. Durante el gobierno de Rajoy surgió una iniciativa peculiar, el Alto Comisionado de la llamada “Marca España”, a cargo del cual estuvo Carlos Espinosa de los Monteros, que en una entrevista contestó a un periodista que estaba contento de que ya los jóvenes no supieran quién era Franco. Una apuesta por el olvido, que creen algunos que tienen derecho a imponer a nuestra juventud. Todos los países tienen pasajes más claros y más oscuros en su historia, ¿quién se cree esta gente que son para ocultar arbitrariamente a la ciudadanía los pasajes que no les resultan cómodos?

Desde luego, si algo necesita España en estos momentos, es pedagogía antifascista, o veremos cómo sigue avanzando la reacción poniendo en cuestión y eliminando, si llega al poder, derechos conseguidos gracias a la lucha de miles de personas para traer la democracia, que no vino regalada por un dictador ni por un rey. La obligación del sistema educativo es educar para la convivencia democrática, y para ello es necesario difundir valores universales, como la democracia y los derechos humanos. No persigue otra cosa la pedagogía antifascista.

* Profesor (jubilado) de la Universidad Complutense. Activista por los Derechos Humanos.
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