La FIDH condena las sanciones sin precedentes impuestas a la Corte Penal Internacional
Por Agencia LQS*
La FIDH condena las sanciones sin precedentes impuestas a la Corte Penal Internacional y hace un llamamiento a la adopción de medidas colectivas urgentes para proteger la justicia internacional, la sociedad civil, así como a las víctimas y supervivientes de todo el mundo.
Comunicado
Las sanciones de Estados Unidos en contra de la Corte Penal Internacional-CPI: una prueba decisiva para sus 125 Estados Partes
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) condena enérgicamente la decisión adoptada hoy por Estados Unidos de imponer sanciones a la propia Corte Penal Internacional (CPI). Tras las sucesivas sanciones impuestas a jueces y fiscales de la CPI, así como a organizaciones de derechos humanos, esta escalada amenaza la capacidad de la Corte para cumplir su mandato y supone un ataque directo al Estado de derecho.
Las medidas son tan radicales que Washington se ha visto obligado a establecer excepciones especiales para actividades básicas, como el pago de salarios, el mantenimiento de los servicios esenciales y la atención a los detenidos. El Gobierno de EEUU.ha dejado claras sus intenciones, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado: «O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI».
Las consecuencias van mucho más allá del Tribunal. Las organizaciones de la sociedad civil que documentan las atrocidades, conservan las pruebas, apoyan a los testigos y ayudan a las víctimas y a los supervivientes a buscar justicia ya se han enfrentado a sanciones, restricciones económicas e intimidaciones. Tres organizaciones palestinas miembros de la FIDH —Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos— han sido también sancionadas.
En septiembre, la FIDH, Amnistía Internacional y otras 36 organizaciones presentaron un amicus curiae conjunto en apoyo de una demanda que impugna el régimen de sanciones de Trump, en el que se documenta cómo las sanciones estadounidenses están obstaculizando la labor de la sociedad civil y amenazando el acceso de las víctimas a la justicia en todo el mundo.
«Esta es la prueba decisiva para los 125 Estados Partes de la CPI. No pueden crear un tribunal para exigir responsabilidades a los poderosos y luego quedarse de brazos cruzados mientras se desmantela. Deben actuar de forma colectiva para proteger al Tribunal, a la sociedad civil y a las víctimas y supervivientes que dependen de ellos», afirmó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.
La FIDH insta a los Estados Partes, en particular a la Unión Europea y a los Países Bajos como Estado anfitrión, a ir más allá de las declaraciones de apoyo y a adoptar medidas inmediatas y concretas. Esto debe incluir exigir la retirada de las sanciones, adoptar garantías jurídicas y financieras efectivas, proteger a las organizaciones de la sociedad civil y garantizar la continuidad de las actividades y la independencia de la Corte.
La escalada de hoy se produce apenas unas horas después de que la exjueza de la CPI Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz, lo que supone un contraste llamativo entre el reconocimiento de la lucha contra la impunidad y los intentos de socavar la justicia internacional.
Lo que está en juego va mucho más allá de La Haya. Si los Estados poderosos pueden castigar a los tribunales independientes y a quienes exigen que se rindan cuentas, el principio de que nadie está por encima de la ley corre peligro.
* Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
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