La CPI denuncia un «ataque flagrante» de EEUU tras imponer sanciones a su presidenta
Por Cecilia Remis
El tribunal de La Haya advierte que el orden jurídico internacional está en riesgo, mientras la comunidad internacional muestra su respaldo a la institución.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha calificado como un «ataque flagrante contra su independencia» las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra su presidenta, Tomoko Akane, y el fiscal Abdoulaye Seye. Esta nueva ronda de medidas punitivas, anunciada el pasado martes por el secretario de Estado, Marco Rubio, supone una escalada en la campaña de la administración Trump para desmantelar el tribunal con sede en La Haya.
Las sanciones, que incluyen la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses y la congelación de activos, se suman a las ya impuestas contra otros altos funcionarios de la CPI, como el exfiscal jefe Karim Khan. En un comunicado, la CPI ha sido tajante: «Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional». El tribunal ha afirmado que no se dejará intimidar y que continuará su labor con independencia e imparcialidad.
La ofensiva de Washington y el caso de Israel
La administración Trump, que no es parte del Estatuto de Roma, justifica su ofensiva argumentando que la CPI es un tribunal «corrupto y profundamente politizado» que amenaza la soberanía de Estados Unidos y sus aliados. La gota que colmó el vaso, según Washington, fueron las órdenes de detención emitidas por la Corte en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por sus crímenes de guerra en Gaza. Tanto Estados Unidos como Israel no reconocen la jurisdicción del tribunal.
El fiscal sancionado, Abdoulaye Seye, ha estado supervisando investigaciones particularmente sensibles para la administración estadounidense, como la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y la distribución de armas a colonos. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue claro al afirmar que estas acciones buscan desmantelar una «amenaza» que la CPI representa para la soberanía estadounidense.
Reacciones internacionales: defensa de la justicia global
El anuncio de las sanciones ha generado una oleada de rechazo en la comunidad internacional. El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su «seria preocupación», y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos calificó las medidas de «inaceptables». En una muestra de apoyo a la institución, la Unión Europea, ha emitido un comunicado defendiendo la labor de la CPI: «Para poder realizar esta labor esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar con independencia y sin presiones externas».
Países Bajos, país anfitrión de la Corte, también rechazó las sanciones y reafirmó su apoyo total al tribunal. La CPI, por su parte, ha recordado que las víctimas de «atrocidades inimaginables» recurren a ella cuando se han agotado todas las demás vías, y ha valorado las constantes muestras de solidaridad de sus Estados Parte. En un contexto de creciente presión, el tribunal se mantiene firme en su misión de garantizar la justicia penal internacional.
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