Fronteras, derechos y dignidad: cuando migrar todavía se castiga
Por Vicent Maurí
Cada 18 de diciembre, el Día Internacional de las Personas Migrantes nos interpela como sociedad. Nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda que demasiado a menudo quiere invisibilizarse: millones de personas ven vulnerados sus derechos más básicos por el simple hecho de haber nacido fuera de unas fronteras administrativas.
No es un problema puntual ni excepcional, sino la consecuencia directa de un sistema que ha convertido a la movilidad humana en una amenaza y no en un derecho.
Las políticas migratorias actuales no ponen a las personas en el centro. Lo que protegen son las fronteras, no las vidas. Leyes de extranjería injustas, trabas administrativas calculadas, deportaciones, Centros de Internamiento de Extranjeros y procedimientos arbitrarios forman parte de un entramado legal que fabrica irregularidad de forma deliberada. No se trata de un error del sistema: es el propio sistema. Un mecanismo de racismo institucional que condena a miles de personas al miedo, la invisibilidad y la explotación.
En el País Valencià, esta realidad es especialmente palpable. Personas migrantes sostienen a sectores esenciales de la economía y de la vida cotidiana, a menudo en condiciones de precariedad: jornadas abusivas, sueldos miserables, ausencia de contratos y una discriminación normalizada. Asimismo, el relato público dominante prefiere buscar culpables entre quienes menos poder tienen, alimentando el miedo y el odio, mientras se evitan las responsabilidades de un sistema basado en la desigualdad, la aporofobia, el racismo y la xenofobia.

A todo esto se le añade otra expresión clara de violencia estructural: el racismo inmobiliario. Acceder a una vivienda digna se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchas personas migrantes, que se encuentran con exigencias abusivas, discriminación directa por su origen o por el color de la piel, contratos inexistentes y prácticas especulativas que expulsan a personas y familias enteras del derecho a tener un hogar. Sin una regulación real del mercado de la vivienda, hablar de igualdad y convivencia es pura retórica.
Hay que decirlo sin ambigüedades: migrar no es un delito, es un derecho humano. Ninguna persona es ilegal. Todas tenemos derecho a una vida digna, a trabajar con derechos ya acceder a la vivienda, la sanidad y la educación sin miedo ni discriminación, cualquiera que sea su origen o situación administrativa.
La solidaridad no puede quedar reducida a un discurso ocasional oa una fecha simbólica en el calendario. Es una actitud política cotidiana que exige posicionarse, señalar a los verdaderos responsables y dejar de criminalizar a las víctimas. Defender los derechos de las personas migrantes es defender a una sociedad donde la diversidad sea una riqueza colectiva y no una excusa para la exclusión.
Por eso, este 18 de diciembre es también un llamamiento a la movilización y al compromiso. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez: los derechos no se otorgan graciosamente, se conquistan con organización, lucha y conciencia colectiva.
Reivindicar papeles y derechos para todas las personas, exigir el cierre de los CIE, la derogación de la Ley de Extranjería, una regulación efectiva del mercado de la vivienda y desechar el Pacto Europeo de Migración y Asilo no es una postura radical, sino una defensa mínima de la dignidad humana. Combatir el racismo social que criminaliza y deshumaniza es imprescindible si queremos una convivencia real. Porque la lucha por los derechos de las personas migrantes es, en definitiva, la lucha por una sociedad libre, justa, inclusiva y digna para todas.
– Imagen de cabecera: Manifestación contra las redadas y deportaciones de migrantes, Los Ángeles, Estados Unidos.
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#LasFronterasMatan
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¿Podría contactar con el autor del artículo? Me parece muy interesante su concepto de «racismo inmobiliario». Saludos desde México