El aislamiento en las cárceles españolas: un castigo que es tortura e incumple las normas de la ONU
Por Cecilia Remis
Un análisis de la organización independiente «Civio» revela que las prisiones españolas aplican el aislamiento de forma generalizada, superando ampliamente los límites y requisitos establecidos por Naciones Unidas para evitar que esta medida sea considerada tortura.
La ONU, a través de las Reglas Nelson Mandela, establece que el aislamiento (confinamiento durante 22 o más horas sin contacto humano) debe ser excepcional, por menos de 15 días y nunca para personas con enfermedades mentales. Sin embargo, en España se aplica de tres maneras que vulneran estas directrices:
⇒ Como castigo disciplinario: Entre 2020 y junio de 2025 se impusieron más de 75.700 sanciones de aislamiento en celda. Aunque la ley española lo limita a 14 días por sanción, el encadenamiento de castigos permite alcanzar hasta 42 días seguidos, casi el triple del máximo recomendado por la ONU. Se han registrado casos extremos, como el de un preso en Las Palmas que estuvo sometido a sanciones de aislamiento por un mismo expediente durante más de un año.
⇒ Por motivos no excepcionales: Cerca de la mitad de las sanciones en Cataluña se imponen por faltas sin violencia, como insultos, desobediencia o «resistencia pasiva». En la administración central, en el primer semestre de 2025, menos de la mitad de las sanciones fueron por agresiones, castigándose también conductas como «estar borracho» o «atentar a la decencia». Fuentes consultadas mencionan sanciones por hechos tan leves como «hablar por una ventana» o «estar en pijama».
⇒ Como régimen de vida (primer grado): En diciembre de 2024, 620 presos estaban en primer grado, un régimen cerrado similar al aislamiento. El artículo pone el ejemplo de Vanesa, quien pasó 20 días en aislamiento y dos meses y medio en primer grado por una acusación sin pruebas de venta de drogas.
La aplicación del aislamiento varía enormemente. Las cárceles de Cataluña son las que más lo imponen, con 863 sanciones por cada 1.000 internos en 2024, una cifra muy superior a las de la Administración General del Estado (128) o el País Vasco (119). No obstante, las sanciones en las prisiones de la administración central tienden a ser más largas.
El abuso del aislamiento, que la ONU ya ha criticado a España en informes anteriores, tiene graves efectos psicológicos. Además, la acumulación de sanciones puede impedir la progresión de grado y mantener a los presos en regímenes más duros indefinidamente.
El reportaje de Civio evidencia una brecha significativa entre las recomendaciones internacionales para proteger los derechos humanos y la práctica cotidiana en las prisiones españolas, donde el aislamiento se utiliza de manera rutinaria y por causas leves.
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