El 11N: derechos, vivienda y dignidad
Por Vicent Maurí Genovés
La huelga general convocada para el 11 de noviembre nace en un contexto de creciente malestar social. Su presentación, el 20 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de València, puso de manifiesto que no se trata únicamente de una iniciativa sindical, sino de un movimiento más amplio que quiere dar respuesta a las dificultades cotidianas de la mayoría de la clase trabajadora y del pueblo valenciano.
Sindicatos de clase, plataformas por el derecho a la vivienda, asociaciones vecinales y diversos colectivos sociales han decidido actuar conjuntamente.
Esta unidad es el resultado de un largo proceso. Durante años, diferentes sectores han defendido sus derechos en las calles, en los centros de trabajo y en los barrios. Ahora, ante el empeoramiento de las condiciones de vida y la ofensiva de las políticas conservadoras y de extrema derecha, estas luchas encuentran un punto de encuentro. La coordinación permite hacer más visible el conflicto y aumentar la capacidad de exigir cambios.
Uno de los ámbitos donde la situación es más grave es la vivienda. El precio de los alquileres ha crecido muy por encima de los ingresos, mientras muchas personas no pueden emanciparse o viven con el miedo constante a perder su casa. Las familias con rentas bajas, la juventud, las mujeres y las trabajadoras y los trabajadores son quienes están más expuestos. El caso de Maricarmen recuerda que detrás de cada desahucio hay una vida concreta y que ningún beneficio empresarial puede justificar dejar a una persona sin techo.
Esta problemática está relacionada con otras formas de precariedad. Hay salarios insuficientes, pensiones que no cubren los gastos básicos, contratos precarios y servicios públicos cada vez más tensionados. Cuando la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios sociales no disponen de los recursos necesarios, las consecuencias recaen sobre todo en quienes tienen menos alternativas. Por eso, la huelga debe plantear una defensa global de las condiciones de vida.
Algunas voces intentan reducir la convocatoria a una maniobra electoral o partidista. Sin embargo, esta interpretación no explica las raíces del movimiento. El 11 de noviembre es la continuación de diversas movilizaciones que han expresado el cansancio social y la voluntad de plantar cara. No es una acción aislada, sino una nueva etapa de un ciclo de protestas sostenido por numerosas organizaciones.
Entre los antecedentes se encuentra la huelga general de 24 horas del 8 de marzo de 2018. Más recientemente, el 15 de octubre de 2024 se convocó una huelga general en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir el fin del genocidio. El 29 de mayo de 2025 tuvo lugar una jornada de huelga que denunció la gestión del Consell ante la DANA, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos. Esta convocatoria tuvo una importancia especial, ya que fue la primera huelga general de ámbito estrictamente valenciano desde la recuperación del autogobierno. Finalmente, durante la primavera de 2026, se desarrolló la huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana.
Este recorrido confirma que la protesta organizada puede abrir caminos y obligar a las instituciones a reaccionar. La convocatoria del 11N incorpora, además, una apuesta clara por la cooperación entre sectores diferentes. Los sindicatos de clase, las plataformas sociales y las entidades ciudadanas no comparten necesariamente todos los análisis ni todas las prioridades, pero sí una idea fundamental: los derechos solo se pueden defender con unidad, participación y lucha colectiva.
El reto inmediato es convertir esta confluencia en una movilización real. Hay que hablar de la huelga en los centros de trabajo, los mercados, las calles, los barrios y las asociaciones. Hay que explicar que no se trata de una protesta simbólica, sino de una oportunidad histórica para hacer visibles problemas que a menudo se viven de manera individual.
El 11 de noviembre debe servir para reclamar medidas que garanticen viviendas asequibles, empleo estable, salarios suficientes, pensiones dignas y servicios públicos bien dotados. Son reivindicaciones básicas para garantizar los derechos de la clase trabajadora y de la mayoría de la sociedad.
Por eso, la participación será decisiva. Paralizar la actividad en los centros de trabajo y llenar las calles permitirá demostrar que existe una mayoría social dispuesta a defender sus derechos. Ante la emergencia habitacional, el encarecimiento de la vida, la precariedad y las desigualdades, solo una respuesta colectiva, compartida, organizada y sostenida en el tiempo puede abrir el camino hacia un cambio real.
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