Del desahucio de Maricarmen al suicidio de L’Hospitalet
Por Iñaki Alrui*
Dos historias separadas por cientos de kilómetros, pero unidas por una misma emergencia habitacional: una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que llevaba 71 años y otra, de 54, que se quitó la vida cinco meses después de ser desahuciada. Detrás de ambos casos reaparece el debate sobre el acceso a una vivienda digna, la protección de las personas vulnerables y la responsabilidad de las administraciones.
La crisis de la vivienda en España hace tiempo que dejó de ser únicamente una cuestión de estadísticas. Detrás de cada desahucio judicial hay una familia, una persona mayor, menores, trabajadores precarios o personas que, de un día para otro, pierden el lugar donde viven.
La pasada semana, entre los desgraciadamente habituales desahucios, el mismo día en que desahuciaban a Maricarmen, también lo hacían con David y su hijo de 21 años que tuvieron que abandonar forzosamente su hogar en Vallecas, tomo dos casos que ponen rostro al problema.
En Madrid, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada de la vivienda en la que llevaba más de siete décadas viviendo. En L’Hospitalet de Llobregat, Olga, de 54 años y madre de dos hijas, se suicidó el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de haber sido desahuciada.
Son historias diferentes y no pueden reducirse a una única explicación. Pero ambas vuelven a poner sobre la mesa el debate, que en realidad nunca se fue, sobre las consecuencias sociales y personales de una crisis habitacional que, lejos de estar resuelta, continúa dejando miles de hogares en una situación de incertidumbre.
Maricarmen: 71 años detrás de la misma puerta
El pasado miércoles 23, el caso de Maricarmen Abascal se convirtió en uno de los símbolos de la crisis de vivienda en Madrid. A sus 87 años, y después de más de siete décadas viviendo en el mismo piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, fue desalojada de su vivienda. La operación se produjo después de varios aplazamientos y tras meses de movilización de vecinos y colectivos sociales que intentaron impedir el desahucio.
Maricarmen había llegado a aquel piso en 1955, cuando era una niña. Allí vivió primero con sus padres y posteriormente pasó a ocuparlo como titular del alquiler. Durante años pagó una renta cercana a los 500 euros mensuales. El conflicto comenzó cuando la propiedad reclamó una actualización de la cantidad. Las cantidades reclamadas llegaron, según la documentación y las informaciones difundidas sobre el caso, a 2.650 euros mensuales y posteriormente a 1.650 euros.
Para una persona cuya pensión ronda los 1.350 euros, asumir esas cantidades resultaba imposible. Pero más allá de los ingresos, el grave problema es el abuso que se esta cometiendo con los precios del alquiler.
Después de varios años de litigios y de tres intentos de desahucio aplazados, finalmente se ejecutó el lanzamiento. En términos judiciales, un «lanzamiento» es el acto mediante el cual se hace efectiva la obligación de abandonar un inmueble. En términos cotidianos, es el momento en que el desahucio deja de ser una resolución judicial y se convierte en una realidad física.
La imagen de Maricarmen abandonando su vivienda en camilla recorrió las redes sociales y los medios de comunicación. Durante horas, vecinos y activistas permanecieron concentrados frente al inmueble para intentar impedir el desalojo. La protesta llegó también frente a la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según la Delegación del Gobierno, unas 10.000 personas participaron en la concentración, convocada para reclamar una solución habitacional para Maricarmen.
Meses antes, la propia afectada había resumido la angustia provocada por años de incertidumbre con una expresión tan sencilla como contundente: vivir con «la daga en la cabeza».
Olga: cinco meses después del desahucio
A más de 600 kilómetros de Madrid, en L’Hospitalet de Llobregat, la crisis de vivienda tiene otro nombre: Olga.
Tenía 54 años y dos hijas, una de ellas menor. Vivía desde hacía dos décadas en una vivienda de la calle Comerç, que había adquirido mediante una hipoteca. Durante años pudo afrontar las cuotas. Pero su situación económica cambió después de separarse, perder los ingresos correspondientes a la manutención de sus hijas y quedarse sin empleo.
Intentó alcanzar un acuerdo con la entidad financiera, pero la situación se complicó posteriormente cuando la vivienda pasó a manos de un fondo de inversión. Finalmente se inició el procedimiento de desahucio. Con ayuda del movimiento por el derecho a la vivienda, Olga consiguió aplazar inicialmente el lanzamiento. El desahucio terminó ejecutándose el 15 de abril.
La noche anterior, según las organizaciones y personas de su entorno, Olga había amenazado con quitarse la vida. Se activó el protocolo correspondiente y fue trasladada a la unidad de urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge. Horas después recibió el alta. El abogado de Olga solicitó al juzgado que suspendiera el desahucio ante la situación de salud mental de su clienta, pero el magistrado rechazó la petición al considerar que la solicitud de paralización por motivos de salud mental no estaba suficientemente acreditada, y llegó a abrir un expediente disciplinario contra el letrado por esa solicitud, según han relatado fuentes del Sindicato de Vivienda y recogen varios medios.
Cinco meses más tarde, el 7 de septiembre, Olga se ha suicidado.
Las organizaciones sociales de L’Hospitalet han reclamado que se investigue lo ocurrido y han denunciado lo que califican como un «abandono institucional». También cuestionan la atención recibida por Olga después de la crisis previa al desahucio. Las organizaciones sociales reclaman protocolos que permitan detectar y acompañar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad antes, durante y después de un desahucio.
El Sindicato de Vivienda y la Asociación de Vecinos de Santa Eulàlia han convocado un acto de protesta para el 3 de octubre a las 19:00 horas. El objetivo, explican, es evitar que la muerte de Olga quede reducida a una estadística.
Más de un millón de desahucios desde 2008
Los dos casos se producen en un país que acumula desde hace años cifras muy elevadas de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, desde el comienzo de la crisis inmobiliaria se han producido más de un millón de lanzamientos, una media de 44 desahucios al día. La naturaleza del problema, sin embargo, ha cambiado.
Durante los primeros años de la crisis, el principal foco estaba en las familias que no podían hacer frente a sus hipotecas. Con el paso del tiempo, el alquiler ha adquirido un protagonismo creciente. En 2025, aproximadamente el 72% de los desahucios practicados estuvieron relacionados con el alquiler, frente a alrededor del 17% derivados de ejecuciones hipotecarias. El problema, por tanto, ha cambiado de escenario: de la hipoteca al alquiler.
⇒ Ver:
El alquiler devora el ahorro,
6 de cada 10 inquilinos viven sin margen económico
De la burbuja inmobiliaria a los fondos de inversión
Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que regresar a la crisis o estafa inmobiliaria iniciada en 2008. Durante los años de expansión de la burbuja inmobiliaria, millones de familias accedieron a préstamos hipotecarios a largo plazo (20, 30, 40 años) que se daban con una vivaz facilidad, y no por bondad si no bajo un futuro de suculentos beneficios. Cuando llegó la crisis económica, miles de hogares perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos y comenzaron las dificultades para pagar las cuotas.
El sistema financiero español recibió un importante volumen de apoyo público, en otras palabras: un rescate total. Según el Banco de España, las ayudas aportadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al proceso de reestructuración financiera ascendieron a decenas de miles de millones de euros, directamente más de 54.000 millones de euros en ayudas públicas directas para recapitalizar y reestructurar entidades de crédito españolas. También se creó la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que recibió activos inmobiliarios y financieros problemáticos procedentes de entidades financieras.
Con el paso de los años, parte de los activos inmobiliarios, comprados con dinero público, fueron adquiridos por grandes inversores y fondos internacionales. Entre ellos se encuentran Blackstone, Cerberus, Lone Star o Goldman Sachs.
Estos procesos han supuesto la transformación de la vivienda en un activo financiero. Con estas operaciones, grandes carteras de viviendas pasaron de manos públicas o bancarias a inversores privados. ¡Hagan caja!
Madrid y la venta de vivienda pública
Uno de los episodios que más controversia generó en Madrid fue la venta, durante la etapa de gobierno municipal del Partido Popular, de miles de viviendas públicas. En 2013, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid vendió 1.860 viviendas a Fidere, sociedad vinculada a Blackstone. Ese mismo año, el Instituto de la Vivienda de Madrid vendió otras 2.935 viviendas a una sociedad vinculada a Azora y Goldman Sachs, una operación que fue declarada nula e ilegal por los tribunales en 2013.
Para las familias afectadas, el cambio de propietario supuso pasar de tener como arrendador a una administración pública a hacerlo con sociedades privadas. La injusticia ¿robo? de aquellas operaciones sigue siendo un debate abierto sobre el modelo de vivienda pública en Madrid.
La vivienda: un derecho constitucional
En vivienda, al igual que en casi todos los ámbitos, la política hace años que no está defendiendo los intereses de la población, sino que sirve los intereses de la oligarquía. Y los poderes económicos no manejan al poder político por casualidad, sino precisamente como resultado de ese largo proceso de privatizaciones, que ha llevado al Estado a no ser dueño de nada.
Pero vale la pena recordar el artículo 47 de la Constitución:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Una crisis que ha pasado de la hipoteca al alquiler
El caso de Maricarmen permite observar la transformación del problema desde otra perspectiva. Ella no dejó de pagar una hipoteca. Tampoco compró la vivienda en plena burbuja inmobiliaria. Era una inquilina que llevaba décadas residiendo en el mismo inmueble. Su conflicto se produce en un mercado en el que el valor de una vivienda puede ser muy superior al precio que paga una persona que lleva décadas ocupándola. ¡Es el mercado, amigo!
Ahí aparece uno de los grandes conflictos actuales: la tensión entre la vivienda entendida como hogar y la vivienda entendida como activo económico. Entre lo que es un derecho o lo que es un derecho convertido en negocio.
Con la liberalización —¡qué palabra tan mal usada!— de los precios de alquiler, las empresas y grandes propietarios utilizan diferentes mecanismos para conseguir que los contratos antiguos de alquiler no se prolonguen, y poder alquilar posteriormente las viviendas a precios superiores, perdón, a precios imposibles para la vecina o el vecino, aptos únicamente para el mercado del turisteo.
Las prácticas que actualmente se denuncian como brutalmente abusivas incluyen subidas de renta, no renovación de contratos, obras o cambios en las condiciones de uso de los inmuebles… Cuando estas actuaciones se realizan con la clara intención de expulsar a los inquilinos, estas empresas no dudan de practicar el acoso inmobiliario a traves de matones encubiertos bajo empresas de “desokupación”.
La Ley de Vivienda, en el centro del debate
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, introdujo leves herramientas para intentar contener los precios del alquiler y proteger a determinados colectivos vulnerables. Su aplicación, sin embargo, ha generado un intenso conflicto político entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas. La declaración de zonas tensionadas, la regulación de los alquileres y las medidas de protección frente a los desahucios han provocado posiciones enfrentadas entre administraciones y partidos políticos. Todo parece quedar en papel mojado y la Ley de Vivienda no es ninguna solución, más bien ha quedado como un trampantojo.
Y ¡ojo!, que la Ley de Vivienda tampoco cambió la cláusula que permite extinguir los alquileres de renta antigua, ahí sigue la disposición de lo que se conoce como ‘decreto Boyer’, impulsado en 1985 por el PsoE ultraliberal de Felipe González, un primer paso que pasó casi desapercibido en su día y que hoy es la base de desahucios como el de Maricarmen. Y ya que recordamos: en 1998 la Ley del Suelo de Aznar constituiría otro hito en el despropósito sobre el derecho ciudadano a la vivienda…
“Es urgente que se tomen medidas valientes de forma inmediata. Desde la caída de la moratoria antidesahucios en enero no hay ninguna medida que proteja a las familias vulnerables y se calcula que entre este año y el próximo vencerán más de un millón y medio de contratos de alquiler. Desde hace meses, el gobierno de España tiene paralizado un decreto que podría volver a levantar el escudo social con nuevas moratorias de desahucios y las prórrogas obligatorias del alquiler”, afirma la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) en su página web.
El resultado es un sistema de aplicación desigual y una disputa permanente sobre las competencias y responsabilidades de cada administración. Seguimos huérfanos de legislación.
Los casos de Maricarmen y Olga vuelven a poner esa discusión sobre la mesa.
¿Quién responde cuando una persona vulnerable pierde su casa?
En ambos casos aparece una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando una persona vulnerable pierde su vivienda? Porque no basta con ejecutar una resolución judicial. Las administraciones deben de garantizar una alternativa habitacional cuando existe una situación de especial vulnerabilidad.
En el caso de Maricarmen, los colectivos solidarios que participaron en la movilización han cuestionado la actuación de las administraciones madrileñas y han reclamado una solución residencial.
También han denunciado la brutal y desproporcionada intervención policial durante las protestas y han cuestionado que no se atendieran las medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, que exigían suspender el desahucio hasta que se ofreciera una alternativa habitacional. El relator de la ONU en vivienda, Koldo Casla, reprochó públicamente a la jueza no haber paralizado el desahucio para evitar un daño irreparable.
En el caso de Olga, las organizaciones solidarias apuntan a otra cuestión: ¿qué ocurre después de una emergencia?
Una persona puede recibir asistencia médica en un momento de crisis, pero ¿quién garantiza el seguimiento posterior? ¿Quién comprueba que dispone de una vivienda? ¿Quién coordina los servicios sanitarios, sociales y judiciales?
Son preguntas que las entidades sociales consideran imprescindibles para evitar que una situación extrema vuelva a repetirse.
La respuesta social
Frente a los desahucios, los movimientos por el derecho a la vivienda llevan años desarrollando redes de apoyo.
El Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de vivienda y numerosos colectivos vecinales acompañan a familias afectadas, ofrecen asesoramiento y organizan movilizaciones para intentar detener desahucios. Son el primer paso de la organización y la resistencia.
El objetivo no se limita a impedir un desahucio concreto. También consiste en construir redes de apoyo para personas que afrontan solas procesos que pueden prolongarse durante meses o incluso años. Porque la pérdida de una vivienda no supone únicamente abandonar cuatro paredes. Puede significar perder el barrio, las relaciones vecinales, la estabilidad familiar y una parte fundamental de la seguridad económica y emocional, un todo que en el caso de Maricarmen es una vida. En el de Olga la negación del futuro.
La dimensión invisible: salud mental
La vivienda también es una cuestión de salud pública. Diversos estudios han relacionado la inseguridad residencial y los procesos de desahucio con un mayor riesgo de problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, estrés y pensamientos suicidas. Y es que la espada de Damocles de que te van a quitar tu hogar destruye la salud mental a cualquiera.
Eso no significa que un desahucio explique por sí solo un suicidio. El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. Pero una situación de pérdida del hogar puede constituir un factor de riesgo adicional en personas que ya atraviesan otras circunstancias de vulnerabilidad.
Por eso, las organizaciones sociales reclaman que los procedimientos de desahucio incorporen mecanismos específicos de detección y seguimiento de los problemas de salud mental. La atención no debería terminar cuando se ejecuta el desahucio.
¿Qué soluciones hay sobre la mesa?
Los movimientos por el derecho a la vivienda vienen reclamando distintas medidas para afrontar la emergencia habitacional. Entre ellas:
• Protección frente a los desahucios: mecanismos que impidan que las personas en situación de vulnerabilidad queden en la calle sin una alternativa residencial.
• Prórrogas y protección de los alquileres: medidas destinadas a evitar incrementos inasumibles y expulsiones de familias vulnerables.
• Alternativas habitacionales: garantizar alojamiento inmediato y soluciones estables cuando un desahucio resulte inevitable.
• Aplicación efectiva de la Ley de Vivienda: desarrollar las herramientas previstas por la normativa para las zonas tensionadas.
• Más vivienda pública: aumentar el parque de alquiler asequible y evitar la pérdida de patrimonio residencial público.
• Atención a la salud mental: establecer protocolos de seguimiento para las personas sometidas a procesos de desahucio.
• Coordinación institucional: mejorar la comunicación entre juzgados, servicios sociales, sanidad y administraciones públicas.
• Investigación de los casos graves: esclarecer las circunstancias que rodean situaciones en las que una persona vulnerable termina sin vivienda o fallece.
Maricarmen y Olga no son una estadística
Maricarmen y Olga tienen nombres, historias y familias.
Una salió en camilla de la vivienda en la que había vivido durante 71 años. La otra murió cinco meses después de perder la casa en la que había vivido durante dos décadas. Sus historias no son idénticas y tampoco pueden explicarse únicamente por la pérdida de una vivienda. Pero ambas muestran hasta qué punto la inseguridad residencial puede convertirse en una experiencia límite.
La crisis habitacional se suele medir en porcentajes: número de desahucios, precio medio del alquiler, coste de la vivienda, porcentaje de hogares vulnerables. Pero detrás de cada cifra hay personas.
Hay quienes llevan años esperando una solución. Hay familias que encadenan contratos temporales. Hay personas mayores que temen no poder continuar en el hogar en el que han vivido toda su vida. Hay hogares que afrontan cada mes con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo podrán seguir pagando.
La vivienda es, al mismo tiempo, un derecho reconocido legalmente, una necesidad básica y un activo económico. Los casos de Maricarmen y Olga han vuelto a poner esa contradicción delante de la sociedad.
Y obligan a formular una pregunta que va mucho más allá de dos desahucios concretos:
¿Qué ocurre con una sociedad cuando perder la vivienda puede significar perder también la seguridad, la salud y, en los casos más extremos, la propia vida?
Añadido final…
Con esta nota concluida, han sucedido dos echos durante el fin de semana tremendamente positivos para la lucha por la vivienda digna, la manifestación que desbordó Madrid el sábado y la acampada permanente en la Puerta de Sol, un pulso al estado por el decreto de emergencia habitacional, y es que la !La lucha es el único camino! ¡Ni una Maricarmen más!
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@InakiAlo
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