Represión policial: una enfermedad crónica erradicar
Por Acacio Puig*
La violencia ejercida por los diferentes cuerpos policiales durante la huelga general del 11 de noviembre tampoco es “un caso aislado”.
Tiene larga trayectoria y requiere, tanto la depuración de responsabilidades a todos los niveles, como encarar los problemas estructurales de esas “fuerzas armadas de naturaleza civil” que históricamente operan como brazos de los poderes políticos y de los más nebulosos pero evidentes,-poderes fácticos.
Los desmanes provocadores que vienen acompañando las intervenciones de policía nacional, la ertzainza, los mossos y asimilados, se están sufriendo en todo el país y cada vez con mayor frecuencia, brutalidad y arbitrariedad. Aquí y en el continente europeo.
La CGT denuncia que un mosso de paisano llevaba una bandera del sindicato mientras detenía a un manifestante
www.eldiario.es/catalunya/cg…— elDiario.es (@eldiario.es) 12 de noviembre de 2026 a las 13:48
Desde el activismo social y sindical tenemos la responsabilidad de señalarlas y denunciarlas y son las izquierdas, desde los espacios institucionales y otros, las que deben y pueden legislar rectificaciones a esa impunidad que se agrava, lesionando y amedrentando a la sociedad en cada acción vindicativa. Sí, son fuerzas armadas pero su “naturaleza civil” no existe: es incivil y peligrosa.
Decimos que es una enfermedad crónica porque el Régimen del 78 no depuró las herramientas represivas de la dictadura francofascista. Bien al contrario, la estimuló mediante el camuflaje y los ascensos de criminales bien conocidos y denunciados. Y la Constitución de ese año, apañó además varias salidas en falso, presentándolas como garantes de (…) el sistema y el orden del sistema.
Además, al acotar el artículo 28 sobre libertad sindical en el siguiente el 29, se excluía a esas fuerzas de la afiliación sindical de libre elección ,para conducirlas hacia asociaciones profesionales específicas, separadas del sindicalismo obrero, entidades asociativas que se expresan y operan como colectivos gremiales, impregnadas de muy reaccionaria ideología de derecha.
Años después de aquellas patrañas sobre “la neutralidad policial” se consolidaron, mediante una ley orgánica del gobierno Rajoy, BOE-A-215-8468, una ley bla-bla-bla y reiterativa, nuevos peligros como los convenios de “colaboración” (sic!) con organismos internacionales de “formación policial-militar” que nunca se han derogado después. Tal “Formación” permite, por ejemplo, aprendizajes en tortura y represión en cursos dirigidos por el genocida régimen israelí, además de prácticas con las nuevas herramientas bélicas al uso destinadas a masacrar, atemorizar y aturdir a la población civil.
Décadas después nos encontramos en España con un altísimo porcentaje de fuerzas policiales por cada 100.000 habitantes, un % que supera en mucho la media europea y con una “formación de policías” que, visto lo visto, no va más allá del muy rudimentario conocimiento de “valores constitucionales” y sobre todo, entrenamiento físico y uso de armas. Añadiremos que los lamentables programas de formación para oposición-ingreso en el cuerpo, vienen siendo,a día de hoy, responsabilidad del Ministerio del Interior de turno (en esta legislatura, Grande Marlaska).
Todo eso es grave en nuestro contexto social, porque este país tiene con una tasa de paro juvenil de casi un 24%, que supera en mucho la media europea que no llega al 15%; una juventud con casi 800.000 personas en paro y con inserción laboral precaria (camareros, vendedores, peones…ese 80% de jóvenes empleados en el Sector Servicios).
El contrapunto de tanta miseria juvenil es que los salarios del primer escalafón de policías y oficiales (como desglosan las academias privadas que preparan ingreso allí) superan muy holgadamente el actual SMI, garantizan atención sanitaria y ascensos etc. por lo que constituyen un auténtico atrapa pobres… y esos salarios siguen siendo codiciados.
De modo que mucha tarea pendiente. En primer lugar, la de ampliar en cantidad y calidad la oferta de empleo juvenil, para qué ser funcionario policial deje de ser una tabla de salvación laboral. Desde luego que depurar responsabilidades por desmanes policiales, lesiones, uso de material peligroso (balas de goma, gases tóxicos…) incluidas las responsabilidades de mandos, además de exigir protocolos de intervención transparentes y públicos.
Y evidentemente depurar las responsabilidades del Ministerio del Interior además de imponer legalmente el corte de toda información mediática tendenciosa porque resulta ser criminalizadora del ejercicio de derechos de huelga y manifestación y busca desmovilizar la acción social para cambiar la sobre explotación de la mayoría.
A estas alturas resulta más que imprescindible abordar a fondo planes de formación integral de policías en valores democráticos, porque esos valores “no son una maría”. También reducir efectivos policiales y gastos superfluos y restituir derechos de libre afiliación sindical que oxigenen, mediante el debate y la libre asociación, los acuartelamientos.
Y desde luego: cumplir la promesa electoral de derogar la Ley Mordaza, porque esa ley es una salvaguarda de la impunidad de las acciones policiales transgresoras los de todos los derechos cívicos ya legislados.
…Y aun así, lo sabemos: cuando el capitalismo patalea las fuerzas del desorden reprimen en defensa del amo. Esa es siempre una larga marcha y no se puede ceder.
* Artista plástico, miembro de la asamblea de redacción de LoQueSomos.
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