Ecuador detiene a Luisa González a cinco semanas de las elecciones regionales
Por Cecilia Remis
La líder de ‘Revolución Ciudadana’, Luisa González, fue arrestada el pasado 22 de octubre en su domicilio de Manabí y un juez ordenó prisión preventiva al día siguiente. La detención se produce cinco semanas antes de los comicios del 29 de noviembre, de los que su partido ya había sido excluido, y en medio de un creciente malestar social por el programa de austeridad del gobierno de Daniel Noboa.
La policía ecuatoriana detuvo antes del amanecer del jueves 22 de octubre a Luisa González, candidata presidencial en dos ocasiones por el partido Revolución Ciudadana (RC) del expresidente Rafael Correa, en su domicilio de la provincia costera de Manabí. Al día siguiente, un juez ordenó su prisión preventiva. La detención se produce cinco semanas antes de las elecciones regionales del 29 de noviembre, de las que su formación ya había sido excluida.
En el conocido como caso Laberinto, la Fiscalía acusa a González de presunto lavado de unos 500.000 dólares gastados en publicidad no declarada durante su campaña de 2023. Según la acusación, los fondos provendrían de empresas de combustibles vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, incluida Ternape, una compañía de transporte marítimo y combustibles propiedad de su familia. Álvarez, elegido en la boleta de RC en 2023, está preso desde febrero por varios cargos, entre ellos uno relacionado con la presunta venta ilegal de combustible subsidiado. El portavoz del gobierno, José Julio Neira, dijo que esperaba que fiscales y jueces actuaran «con rigor y celeridad». González calificó el cargo de absurdo y su arresto de persecución política.
Situación actual: prisión preventiva en Riobamba y apelación en curso
González permanece recluida en la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, donde fue trasladada la noche del viernes 23 de octubre de 2026. Su defensa, encabezada por el abogado Diego Guarderas, presentó el lunes 26 de octubre un recurso de apelación para solicitar que la líder opositora pueda defenderse en libertad mientras avanza la investigación. El escrito argumenta que González tiene arraigo en el país y no representa un riesgo de fuga. La apelación está pendiente de resolución por parte del tribunal correspondiente.
El historial de los últimos diez meses apunta a un uso sistemático de los tribunales y los organismos electorales para apartar de la vida política al principal partido opositor justo cuando crece en las calles el rechazo al programa de austeridad. El 27 de enero, los fiscales abrieron una investigación separada, conocida como Caja Chica, que alega que dinero venezolano financió la misma campaña de 2023, basándose en gran medida en el testimonio del exlegislador de RC Santiago Díaz, condenado en mayo a 29 años de prisión por violar a una niña de 12 años. A comienzos de marzo, y sin ningún veredicto, un juez electoral suspendió a RC por nueve meses a solicitud del fiscal general encargado. El 27 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó los comicios 77 días —del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026— citando previsiones de lluvias por El Niño, de modo que la nueva fecha cae dentro del período de suspensión del partido.
Cuando los candidatos correístas se inscribieron con el movimiento Amigo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió también a esa formación el 17 de julio. Noboa declaró entonces que los correístas podían elegir «cualquier otro partido que no se haya prestado al lavado de dinero». Cuando González buscó postularse como prefecta de Manabí con el movimiento Pachakutik, el TCE la descalificó por no haber sido militante durante el tiempo suficiente. El 26 de abril, el CNE eliminó además del registro electoral a Unidad Popular, un partido vinculado a la dirección sindical de la FUT. El día anterior al arresto de González, los fiscales allanaron el Ayuntamiento de Quito, cuyo alcalde de RC, Pabel Muñoz, busca la reelección y enfrenta denuncias penales. Los alcaldes electos de las dos ciudades más grandes de Ecuador están ahora presos o bajo investigación.
Contexto: del auge petrolero al ajuste del FMI
Al gobernar de 2007 a 2017, Correa utilizó el auge de las materias primas para financiar programas sociales limitados con ingresos petroleros; cuando los precios se desplomaron, impuso recortes y envió a las fuerzas armadas contra trabajadores y manifestantes indígenas. Su sucesor designado, Lenín Moreno, giró hacia Washington, puso fin al asilo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, firmó un préstamo del FMI por 4.200 millones de dólares en 2019 y decretó el fin de los subsidios a los combustibles. El levantamiento social de octubre de 2019 obligó a Moreno a trasladar temporalmente la sede del gobierno a Guayaquil; según la Defensoría del Pueblo nacional, la represión dejó 11 muertos y 1.340 heridos.
Cuando su sucesor de derecha, el banquero Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea en mayo de 2023 para escapar de un juicio político, Noboa, heredero de la mayor fortuna bananera del país, ganó las elecciones anticipadas. En enero de 2024 declaró un «conflicto armado interno», elevó el IVA del 12 al 15 por ciento, ordenó a la policía irrumpir en la Embajada de México para apresar al exvicepresidente de Correa, Jorge Glas, y firmó un acuerdo con el FMI que luego se elevó a 5.000 millones de dólares. En septiembre de 2025 eliminó el subsidio al diésel, elevando su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón; una huelga nacional de 31 días fue respondida con estados de emergencia, cargos de terrorismo y fuerza letal que dejó tres manifestantes muertos, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). El 16 de noviembre de 2025, los votantes rechazaron sus propuestas de referéndum, incluidas una asamblea constituyente y el regreso de bases militares extranjeras.
En abril, el FMI completó su quinta revisión del programa para Ecuador, liberando 394 millones de dólares. El país no había cumplido sus metas fiscales, lo que el informe del personal atribuye en parte a pagos para amortiguar el aumento del precio del diésel. Noboa promulgó medidas «correctivas» para regresar a un ajuste fiscal radical equivalente al 6,6 por ciento del PIB, y el gasto público caería del 38,4 por ciento del PIB en 2025 al 35,6 por ciento en 2027.
Protestas y crisis energética
El 8 de octubre, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras organizaciones marcharon en 19 provincias contra los recortes sociales, la precariedad laboral y la amenaza al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuyas propiedades Noboa ha ordenado vender. En Cuenca, la policía usó gas pimienta contra estudiantes que protestaban por una visita del presidente. El país enfrenta además apagones: días después de que Noboa prometiera que ninguna familia perdería electricidad, los hogares de la costa sufrieron cortes de hasta 12 horas y, desde el 12 de octubre, a muchos usuarios industriales de alta y mediana tensión se les ha ordenado salir de la red tres días por semana.
Revolución Ciudadana ha respondido solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llamando a sus simpatizantes a las calles para exigir la liberación de González.
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