¿Casos aislados! Una red de 300 policías compartió datos privados de ciudadanos durante seis años en un chat parapolicial
Por Cecilia Remis
La Fiscalía de Vigo y un juzgado de O Porriño investigan el grupo de Telegram «Alerta Policial Pontevedra», donde agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías locales intercambiaron fichas de la DGT, documentos de identidad y fotos de detenidos en los calabozos. El administrador del chat es el jefe de la Policía Local de O Porriño y los mandos conocían las filtraciones.
Lo que para la jerga institucional suele despacharse como un «caso aislado» ha terminado por revelarse como una práctica sistemática y prolongada en el tiempo. La Fiscalía de Vigo ha abierto diligencias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, y un juzgado de Instrucción de O Porriño (Pontevedra) investiga —bajo secreto de sumario— la actividad del grupo de Telegram «Alerta Policial Pontevedra». Según la documentación a la que ha tenido acceso The Objective y han confirmado fuentes judiciales a La Voz de Galicia y El Mundo, en ese chat participaron al menos 300 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de Vigo y Pontevedra, que durante seis años (2020-2026) compartieron datos restringidos de cientos de personas.
Fichas de la DGT, DNI y fotos de los calabozos
El material difundido en el grupo incluía fotografías de documentos de identidad, capturas de personas en los calabozos y fichas de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Según las mismas fuentes, los agentes llegaban a presumir de obtener información de Aduanas al margen de los cauces reglamentarios: «Me la pasaron de aduanas. Sabían que era poca cosa y por eso me avisaron por si queríamos pillarlo nosotros. Y a mí como si lo pilla la pantera rosa (sic), lo importante es pillarlo», recoge uno de los mensajes citados.
El origen de la investigación fue la denuncia de un inspector de la Policía Nacional de Vigo que, entre sus funciones, supervisaba el acceso a las bases de datos del cuerpo. En 2024 alertó a sus superiores de que se estaban filtrando datos policiales sin control legal. Sin embargo, según la información publicada, los mandos de la Comisaría de Vigo-Redondela y de la Policía Local de O Porriño no actuaron. El administrador del grupo es, precisamente, el jefe de la Policía Local de O Porriño, municipio donde el juez ha centrado la causa porque allí trabaja el supuesto fundador del chat. Ante la inacción, el inspector presentó la denuncia en la Fiscalía de Vigo, que guarda absoluto mutismo sobre el caso y ni confirma ni desmiente la investigación.
Un «poder paralelo» al margen del control judicial
Fuentes policiales consultadas por La Voz de Galicia admiten que estos grupos tienen «su lógica interna» para operativas habituales —consultas rápidas sobre antecedentes mientras se identifica a una persona—, pero subrayan que «el problema surge cuando esos datos se comparten con otro cuerpo, como la Policía Local, que no tiene acceso a todos los datos que maneja la Policía Nacional, sin pasar por los conductos reglamentarios». Otras fuentes sospechan que la denuncia pudo originarse por una «vendetta» entre jefes de la comisaría.
Lo que el juez investiga es si los agentes incurrieron en un delito de revelación de secretos o vulneraron la privacidad e intimidad de los detenidos. El foro no era oficial, sino que estaba integrado en una app de mensajería genérica, por lo que el moderador no podía controlar la difusión de las imágenes compartidas, que iban acompañadas de comentarios visibles para todos los participantes, «algunas veces poco halagüeños para el sospechoso o arrestado». Con la normativa policial en la mano, los expertos ven probable que la comisaría de Vigo se vea obligada a abrir expedientes disciplinarios a gran parte de los agentes implicados, una primera fase antes de que el asunto se remita a la Fiscalía.
El precedente de Cantabria y el VioGén de Granada
Este caso no es un hecho aislado en el tiempo ni en el territorio. En octubre de 2025 se desveló la existencia del grupo «Cops Cantabria», donde al menos 148 agentes compartieron datos de ciudadanos durante diez años. A ello se suma el caso de ocho policías de Granada que este mismo mes de octubre de 2026 se enfrentan a juicio por espiar el sistema VioGén de la expareja de un compañero maltratador. La propia página de LoQueSomos recoge este último caso bajo la etiqueta que da título a esta sección, evidenciando que lo que las instituciones presentan como excepciones forman, en realidad, un patrón.
Los «sindicatos» que se presentan como víctimas
De forma paralela a la impunidad con la que operan estos grupos, la Unión Federal de Policía (UFP) ha exigido recientemente a la Dirección General de la Policía que actúe contra el «acoso digital» a agentes tras revelarse información de fuentes abiertas sobre agentes que publicaban mensajes de odio y propaganda fascista o que han participado en operaciones de infiltración en movimientos sociales. La UFP ha presentado un protocolo para «proteger sus datos personales» que, según las organizaciones que investigan las irregularidades policiales, busca sancionar a periodistas y organizaciones políticas. La entidad que tan preocupada se muestra por proteger los datos personales de los agentes ignora, sin embargo, los casos de Vigo, Cantabria o Granada.
Mientras el Ministerio del Interior y los mandos policiales miran hacia otro lado, los agentes filtran información sensible de militantes, migrantes y víctimas de violencia machista. La pregunta, una vez más, es obligada: ¿casos aislados o un poder paralelo que opera al margen de la ley?
⇒ Archivo de noticias de casos aislados sobre los abusos policiales en España
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