Pan, trabajo, techo e igualdad
Acampada por la vivienda, plaza de l’Ajuntament de València
Por Vicent Maurí Genovés
Hace más de una década, las Marchas de la Dignidad movilizaron a miles de personas en el País Valencià y en todo el Estado. Personas, entidades, movimientos sociales y sindicatos de clase confluyeron en las calles en torno a un lema que sintetizaba una respuesta a los recortes ya las políticas de austeridad: pan, trabajo, techo e igualdad.
No era un simple eslogan. Era la impugnación de un sistema que pretendía hacer pagar a la clase trabajadora el coste de una crisis que no había provocado. Trabajo digno, servicios públicos, pensiones, igualdad, condonación de la deuda, derechos sociales y vivienda formaban parte de una misma reivindicación: poner las necesidades de la mayoría por encima de los intereses económicos de una minoría.
Entre esas demandas, el techo ocupaba un puesto central. Porque la vivienda no es una mercancía más: es una necesidad básica y un derecho. Cuando una persona que trabaja no puede pagar el alquiler, una familia es desahuciada o una generación entera no puede emanciparse, no estamos ante problemas individuales, sino ante las consecuencias de un modelo económico y social.
Ha pasado más de una década y muchas de esas causas siguen presentes. La precariedad laboral convive con salarios insuficientes, mientras que los precios de la vivienda dificultan la emancipación y obligan a muchas personas, especialmente jóvenes, a dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un techo.
Esta realidad no afecta a todos por igual. Las personas migrantes sufren además formas específicas de exclusión y racismo inmobiliario: dificultades para acceder a un alquiler, exigencias abusivas y discriminaciones por el origen o la situación administrativa. El racismo también opera en el acceso a un derecho tan básico como la vivienda.
No es una fatalidad. Es el resultado de un modelo que ha convertido la vivienda en negocio y permite que las desigualdades económicas y las discriminaciones determinan quién puede acceder a una vivienda digna.
Por eso es importante el nuevo ciclo de movilización que está surgiendo desde abajo. El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante, pero no es un caso aislado. Es la expresión de una realidad que afecta a muchas familias, especialmente en un País Valenciano donde la lucha por el derecho a la vivienda tiene una larga trayectoria.
Juntas por la Vivienda, Valencia no está en venta, las PAH, los sindicatos de inquilinos y inquilinos y de vivienda, el movimiento sindical y los movimientos sociales llevan años organizándose y denunciando esta situación. El movimiento actual recoge esta experiencia y lo incorpora a una nueva realidad social.
Y aquí aparece el hilo rojo que conecta las Marchas de la Dignidad con las movilizaciones actuales: pan, trabajo, techo e igualdad. Cuatro reivindicaciones inseparables. No podemos hablar de vivienda sin hablar de salarios, ni de emancipación juvenil sin hablar de precariedad laboral, ni del derecho a la vivienda sin denunciar el racismo inmobiliario. La explotación del trabajo, la especulación y mercantilización de los derechos forman parte de una misma lógica: convertir las necesidades de la mayoría en negocio para una minoría.
Ante esto, se necesitan políticas estructurales: más vivienda pública y social, regulación de los alquileres, protección frente a los desahucios, salarios dignos, estabilidad laboral, servicios públicos fuertes y medidas efectivas contra el racismo inmobiliario. Pero también hace falta organización social y sindical.
Los derechos nunca han sido regalos. Se han conquistado con movilización y lucha. También el derecho a la vivienda deberá ser defendido desde las calles.
Por eso es especialmente significativo ver cómo diferentes generaciones vuelven a encontrarse en una misma lucha. Personas que participaron en las Marchas de la Dignidad, en el 15M y en otras movilizaciones sociales, y jóvenes que hoy toman el relevo comparten una misma constatación: no se puede construir una vida digna sobre la precariedad permanente.
No se trata sólo de detener desahucios o bajar los alquileres. Se trata de hacer frente a un modelo que convierte la vivienda —un derecho básico— en una mercancía y el negocio de unos pocos en la exclusión de muchos.
Hace más de diez años aprendimos que la unidad en la diversidad puede desbordar a las calles. Hoy tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos: sindicatos, movimientos sociales, plataformas de vivienda, asociaciones vecinales, jóvenes, pensionistas, trabajadoras y trabajadores y personas migrantes.
Ante la precarización de la vida, la especulación y el racismo, la respuesta sigue siendo organización, solidaridad y lucha. No reivindicamos privilegios. Exigimos derechos.
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