País Valenciá: un nuevo ataque a la libertad de enseñanza
Por Vicent Maurí Genovés*
La publicación de la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, pone de manifiesto una preocupante forma de gobernar del presidente Pérez Llorca y de su Consell. Bajo el paraguas de la llamada «ley de acompañamiento», el Gobierno valenciano ha introducido modificaciones de gran trascendencia política y social, evitando el necesario debate público, la participación de la comunidad educativa y la negociación con sus órganos de representación.
Resulta especialmente significativo que una norma que afecta directamente al sistema educativo valenciano haya sido publicada en el DOGV en pleno mes de agosto, cuando gran parte de la comunidad educativa está de vacaciones y la actividad política y social se encuentra notablemente reducida. Pero aún más preocupante es que estas medidas se hayan incorporado sin pasar por los órganos de participación y negociación educativa que deberían intervenir en asuntos tan relevantes: la Mesa Sectorial de Educación, la Mesa de Madres y Padres y el Consell Escolar Valencià, para su correspondiente dictamen, así como por los procedimientos de consulta y participación pública destinados a garantizar el debate democrático sobre las normas.
Estamos ante una manera de legislar que reduce la transparencia y limita la participación de quienes conocen directamente el funcionamiento del sistema educativo. Las normas que afectan a la educación no pueden aprobarse de espaldas al profesorado, a las familias y al conjunto de la comunidad educativa.
Entre las medidas incorporadas destacan las relacionadas con la llamada «neutralidad ideológica» y con la ampliación de determinadas funciones de la inspección educativa para supervisar actividades, materiales y actuaciones docentes. También se establecen mecanismos poco transparentes para comunicar hechos que pudieran considerarse contrarios a esa supuesta neutralidad.
El Consell pretende convertir las aulas en espacios ajenos al debate, al pensamiento crítico y a las cuestiones que forman parte de nuestra sociedad. Educar significa proporcionar conocimientos y herramientas para analizar, contrastar ideas, formular preguntas y construir un criterio propio.
Los centros educativos públicos no adoctrinan por abordar cuestiones sociales, históricas o políticas desde criterios científicos, pedagógicos y académicos. Precisamente por eso resulta paradójico que quienes apelan a la «neutralidad» pretendan establecer desde el poder político los límites de aquello que puede explicarse, debatirse o cuestionarse en las aulas.
La nueva regulación introduce, además, un elemento especialmente preocupante: la sospecha permanente sobre el profesorado. Un docente que teme una denuncia, una inspección o una acusación de adoctrinamiento puede acabar autocensurándose. Y un profesor menos libre difícilmente podrá formar a un alumnado crítico, autónomo y capaz de pensar por sí mismo.
La libertad de enseñanza y la libertad de cátedra no son privilegios del profesorado. Son garantías democráticas y constitucionales que protegen la educación de los intereses partidistas y de las mayorías políticas de cada momento.
La inspección educativa debe garantizar el cumplimiento de la ley, proteger los derechos del alumnado y contribuir a mejorar el sistema educativo. No debe convertirse en una policía ideológica ni en un instrumento de control partidista. Tampoco las familias deben ser utilizadas como mecanismo de presión política sobre el profesorado.
Todo ello resulta todavía más grave por el contexto político en el que se produce. El Consell de la Generalitat ha asumido postulados de la ultraderecha para asegurar los apoyos parlamentarios que permiten a Pérez Llorca mantenerse en la Presidencia. El precio de esa permanencia es la incorporación a la acción de gobierno de propuestas que forman parte del programa político de la derecha radical.
El objetivo parece evidente: conservar la silla presidencial, con el sueldo, el poder y los privilegios que lleva asociados. Y para ello se está aceptando una deriva política que afecta a derechos, servicios públicos y libertades que deberían estar por encima de cualquier acuerdo partidista.
La educación no puede convertirse en moneda de cambio para garantizar la estabilidad de un Gobierno ni en instrumento al servicio de una determinada concepción ideológica de la sociedad. Si permitimos que el poder político determine qué puede enseñarse, debatirse o cuestionarse en las aulas, estaremos entregándole una de las herramientas más poderosas de cualquier sociedad: la formación y el pensamiento crítico de las generaciones futuras.
El profesorado valenciano no puede aceptar que se le convierta en sospechoso permanente por ejercer su profesión con profesionalidad, rigor, responsabilidad y espíritu crítico. Debe defender su autonomía profesional, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra y una educación basada en criterios pedagógicos, científicos y académicos.
Los claustros, las organizaciones sindicales, las familias y el conjunto de la comunidad educativa deben responder de manera firme, colectiva y democrática. El 12 de septiembre ya hay convocada una primera gran movilización frente a esta deriva y frente a unas políticas educativas que amenazan con introducir el control partidista dentro de las aulas.
La educación pública no pertenece a ningún Gobierno, partido político ni mayoría parlamentaria. Tampoco a Pérez Llorca ni a sus socios de la ultraderecha. Las aulas tampoco son suyas. Una escuela democrática, crítica y plural no necesita profesores vigilados por el poder: necesita docentes libres y críticos para enseñar y alumnado libre para pensar.
Por todo ello, el profesorado debe plantar cara utilizando todas las vías democráticas, sindicales y jurídicas disponibles para defender sus derechos y la libertad educativa. Y un Consell de la Generalitat que ha perdido la confianza de una parte importante de la sociedad valenciana debería asumir responsabilidades políticas.
No queremos una escuela vigilada. Queremos una escuela pública, plural, crítica, democrática y valenciana, donde el conocimiento y la libertad de pensamiento estén por encima de los intereses partidistas del Gobierno de Pérez Llorca.
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