Venezuela: El mayor acuerdo petrolero de la historia entre el agradecimiento, las protestas y sin transparencia

Ilustración de Mike Luckovich

Por Cecilia Remis

El pacto con EEUU por 65 mil millones de barriles siembra dudas y exige transparencia. Delcy Rodríguez agradece a Trump por el acuerdo petrolero mientras la oposición y los sectores fieles del chavismo alzan la voz

El anuncio realizado el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un “histórico acuerdo petrolero” con Venezuela ha desatado una ola de reacciones encontradas en el país suramericano, que van desde el respaldo oficialista hasta protestas callejeras de sectores chavistas y un cauto, aunque exigente, posicionamiento de la oposición. El pacto, calificado por Trump como el «mayor acuerdo petrolero en la historia», permitiría a Washington el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de las reservas probadas de crudo venezolano, a cambio de una ingente inversión que promete reactivar una industria devastada.

⇓⇓⇓Imprescindible ver el video con las declaraciones de Hugo Chavéz en el año 2009⇓⇓⇓

Según los términos anunciados, el convenio contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con una inversión proyectada de alrededor de 100 mil millones de dólares. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el trato a través de su cuenta en Telegram, señalando que generará «más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado» y tendrá un «impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación”. La mandataria, quien asumió el poder de forma interina tras el siempre ilegal secuestro de Nicolás Maduro en enero, agradeció explícitamente al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por «su disposición en el desarrollo de este acuerdo».

Sin embargo, la euforia oficial contrasta con la realidad en las calles de Caracas. Mientras el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldó la decisión de Rodríguez, un grupo de chavistas se congregó el sábado en el centro de la capital para protestar contra la presencia estadounidense y exigir la liberación del legitimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Humberto Vargas, miembro del Frente Popular Antiimperialista, declaraba a la prensa que «nuestro enemigo verdadero es el imperialismo yanqui», acusando a Trump de «asesino» y calificando la negociación como una «trampa tutelada» por Washington.

Por su parte, la oposición ha optado por una lectura más mesurada, aunque no exenta de críticas, pero demandan transparencia. Esta demanda de transparencia ha sido secundada por diversos expertos, quienes han puesto el foco en la opacidad del pacto y las dudas sobre su viabilidad legal y económica.

El economista y director del Programa de Energía para América Latina en el Instituto Baker, Francisco Monaldi, expresó su alarma en redes sociales: «Tenemos que conocer los detalles del acuerdo […] Pero el monto de impuestos anunciado por el gobierno interino es insólitamente bajo. 209.000 millones por 65.000 millones de barriles, representa 3,2 dólares por barril». Monaldi subrayó que la «falta de transparencia» es muy alarmante. Esta cifra sugiere que el Estado venezolano recibiría menos del 5% del precio actual del crudo por cada barril extraído bajo este acuerdo, un punto que ha encendido las alarmas sobre si el pacto es un negocio o un expolio.

Expertos en derecho petrolero consultados por el canal France 24 advierten que, aunque Venezuela necesita la inversión para monetizar recursos que hoy son improductivos, el país corre el riesgo de profundizar un modelo extractivo que, sumado a la inestabilidad política y jurídica, podría no ser sostenible a largo plazo . Un análisis de la BBC coincide en que, para que la industria recupere su capacidad de producir tres millones de barriles diarios, se necesitan aproximadamente 100 mil millones de dólares, la misma cifra de inversión que promete el acuerdo, aunque su materialización aún es incierta.

El silencio sobre los detalles contractuales, como la duración del acuerdo (que algunos medios sitúan en 25 años y otros en 100) y la identidad de los operadores privados, ha generado un ambiente de incertidumbre. La inusual participación de Estados Unidos como accionista mayoritario a través de una nueva empresa, según reportaba Associated Press, añade una capa más de complejidad a un escenario donde la soberanía sobre los recursos y la legitimidad de la administración interina para comprometer el futuro petrolero del país están en el centro del debate.

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