Por una movilización social valenciana

Por Vicent Maurí Genovés*

Hay momentos en los que una sociedad debe decidir entre resignarse o actuar. El País Valencià atraviesa uno de esos momentos. No porque estemos ante una crisis pasajera, sino porque la suma de problemas que afectan a la mayoría social ha dejado de ser coyuntural para convertirse en un modelo de gobierno y de organización económica que amplía las desigualdades y reduce los derechos.

Durante años se ha instalado la idea de que la precariedad forma parte del paisaje, como si fuera inevitable que trabajar ya no garantice una vida digna, que acceder a una vivienda sea una carrera de obstáculos, que la juventud retrase indefinidamente su emancipación o que los servicios públicos sobrevivan sometidos a recortes, privatizaciones y falta de inversión. Nos quieren convencer de que no existen alternativas y de que debemos acostumbrarnos a vivir con menos derechos que las generaciones anteriores.

Sin embargo, nada de esto es inevitable. Las decisiones políticas tienen consecuencias. Cuando se priorizan las rebajas fiscales para quienes más tienen mientras se deterioran la sanidad, la educación o los servicios sociales, se está tomando partido. Cuando la vivienda se convierte en un activo financiero antes que en un derecho, también se está eligiendo un modelo de sociedad. Y cuando se anteponen los intereses de determinados grupos económicos al bienestar colectivo, el resultado siempre es el mismo: más desigualdad y mayor precariedad para la mayoría.

En el País Valencià estas dificultades se agravan por problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas. La infrafinanciación limita nuestra capacidad para desarrollar políticas públicas ambiciosas; el mercado laboral continúa sustentándose en sectores marcados por la temporalidad y los bajos salarios; el acceso a la vivienda expulsa a muchas familias de sus barrios y municipios, mientras la privatización avanza en ámbitos que deberían estar plenamente garantizados por las administraciones públicas.

A esta realidad se ha sumado el impacto de la DANA, que dejó al descubierto no solo la vulnerabilidad de nuestro territorio frente a los fenómenos climáticos extremos, sino también las enormes carencias en la gestión de la emergencia. La reconstrucción no puede entenderse únicamente como la reparación de infraestructuras. Debe servir para reconstruir comunidades, reforzar los servicios públicos, recuperar la actividad económica y garantizar que una tragedia de esta magnitud no vuelva a gestionarse con negligencia. Y eso exige asumir responsabilidades. La verdad, la justicia y la reparación son condiciones imprescindibles para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Frente a este panorama existe una realidad que pocas veces ocupa los titulares: miles de personas se organizan cada día para defender derechos. Lo hacen desde los centros educativos, los hospitales, los servicios de atención a la dependencia, el movimiento feminista, las plataformas por el derecho a la vivienda, las organizaciones ecologistas, los espacios unitarios contra la guerra y por el desarme, el movimiento pensionista, los colectivos de personas migrantes, las organizaciones LGTBI+ o las entidades que trabajan por la defensa de la lengua y la cultura propias.

Con demasiada frecuencia estas luchas avanzan por caminos paralelos. Cada conflicto parece aislado del resto, como si respondiera a problemas independientes. Sin embargo, todos tienen un origen común: un modelo económico y político que concentra riqueza y poder mientras traslada los costes sociales a la mayoría de la población. Esa es precisamente la razón por la que resulta imprescindible construir espacios de encuentro capaces de unir reivindicaciones diferentes sin diluir la identidad de quienes las protagonizan.

La unidad no significa uniformidad. Al contrario. La riqueza de un movimiento social reside en su pluralidad. Sindicatos, asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas, organizaciones feministas, colectivos ecologistas, entidades culturales y movimientos sociales pueden compartir objetivos estratégicos manteniendo su autonomía y sus propias formas de actuación. Lo importante no es que todos hagan lo mismo, sino que avancen en la misma dirección.

Por eso resulta necesario abrir un nuevo ciclo de movilización social en el País Valencià. Un proceso amplio, descentralizado y participativo que permita llenar de actividad reivindicativa centros de trabajo, pueblos, barrios y ciudades durante los próximos meses. Asambleas, debates, manifestaciones, concentraciones, actos culturales o marchas pueden convertirse en la expresión de una clase trabajadora y una ciudadanía que no acepta seguir perdiendo derechos.

Ese recorrido debería confluir en una gran movilización unitaria en València, capaz de representar a esa mayoría social que reclama salarios dignos, empleo estable, vivienda asequible, servicios públicos fuertes, igualdad efectiva entre mujeres y hombres, protección del sistema público de pensiones, derechos para las personas migrantes, respeto a la diversidad, una fiscalidad más justa, una financiación adecuada para el País Valencià, la defensa del territorio, de la paz, de la lengua y de la cultura, y una reconstrucción de las comarcas afectadas por la DANA basada en la transparencia, la justicia y la exigencia de responsabilidades.

La historia demuestra que los grandes avances sociales nunca llegaron por inercia. La jornada laboral, las pensiones, la educación pública, la sanidad universal o los derechos democráticos fueron posibles porque existieron generaciones que decidieron organizarse y ocupar el espacio público para defender el interés general. También hoy el futuro dependerá de esa capacidad colectiva para construir una mayoría social activa.

No faltan razones para movilizarse. Lo que hace falta es convertir esas razones en una lucha compartida y en una fuerza capaz de transformar la realidad. Porque solo cuando las luchas dejan de caminar solas y empiezan a reconocerse como parte de un mismo proyecto de transformación es posible cambiar el rumbo de un país. Y el País Valencià necesita, hoy más que nunca, una clase trabajadora y una ciudadanía organizada, unida en su diversidad y decidida a defender los derechos de la mayoría social.

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