La guerra de Sudán: un modelo de negocio basado en la violencia

Por Muhammad Shahzaib Hassan*

Dos años después, la catástrofe que se desarrolla en Sudán se describe a menudo como un colapso del orden o un fracaso de la diplomacia. Ambas descripciones son correctas, pero ocultan una verdad más profunda. La violencia en Sudán hoy en día se alimenta de una economía política en la que los actores militares, los mercados ilícitos y los patrocinadores externos se benefician de la prolongación del conflicto, mientras que la población civil es quien sufre el coste humano.

El estallido inmediato de combates abiertos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el 15 de abril de 2023 debe interpretarse en este contexto. El estallido no fue una ruptura repentina, sino el resultado previsible de un sector de seguridad inmerso en intereses comerciales y redes de clientelismo regional.

Las FAR no son simplemente un grupo paramilitar: son un actor económico con un amplio alcance comercial. Desde su transformación a partir de las milicias Janjaweed, las FAR y su liderazgo se han apropiado de importantes porciones del sector aurífero y otros negocios lucrativos. Investigaciones independientes estiman que la producción controlada por las FAR alcanzó casi diez toneladas de oro en 2024, una ganancia inesperada que ha financiado a combatientes, permitido la compra de armas y creado un incentivo estructural para perpetuar el conflicto en lugar de buscar una solución negociada.

El patrocinio externo ha amplificado e internacionalizado los incentivos locales. Organizaciones de derechos humanos y de información confiables han rastreado armamento avanzado de origen chino y drones sofisticados en los arsenales de las FAR, y varias investigaciones apuntan a reexportaciones canalizadas a través de intermediarios del Golfo. Estos flujos de armas no son lujos incidentales; alteran los cálculos en el campo de batalla, permiten los ataques contra la infraestructura civil y afianzan a los actores que se benefician de la inestabilidad continua.

El coste humanitario ha sido inmenso y sigue creciendo. El conflicto ha causado decenas de miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas; informes recientes sitúan el número de desplazados en más de diez millones y sigue aumentando, creando una de las mayores crisis de desplazamiento interno a nivel mundial. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud ha verificado repetidos ataques contra instalaciones y personal sanitario, lo que merma aún más la capacidad de tratar a los heridos y proteger a la población civil.

Desde la perspectiva de los incentivos, el patrón es evidente. A nivel micro, los comandantes de las FAR y sus redes empresariales afines obtienen rentas de las concesiones mineras, los gravámenes en los puestos de control y el dominio de las rutas comerciales; ingresos que se convierten en salarios, armas y clientelismo. Los contratistas militares privados y los operadores mercenarios se han beneficiado allí donde la extracción regulada les ofrece contratos y acceso. A nivel macro, los Estados regionales e intermediarios que proporcionan material, derechos de base o cobertura diplomática pueden alterar sustancialmente la trayectoria del conflicto y los cálculos de quienes combaten sobre el terreno.

Este diagnóstico exige una respuesta política diferente. La ayuda humanitaria es indispensable, pero por sí sola no puede poner fin a una guerra financiada por la extracción de minerales y el comercio ilícito. Por lo tanto, la comunidad internacional debe atacar las arterias de la economía de guerra. En la práctica, esto significa una aplicación rigurosa del embargo de armas de la ONU, el rastreo y la restricción de las exportaciones ilícitas de oro y otros minerales, la congelación coordinada de activos de redes identificables y el fortalecimiento de la cooperación en materia de inteligencia aduanera y financiera para bloquear las rutas aéreas y marítimas ilícitas utilizadas para el tráfico de armas y ganancias ilícitas.

Al mismo tiempo, es fundamental implementar y ampliar las medidas de protección. Son prioridades urgentes los corredores seguros para la evacuación de civiles, protección legal y recursos para hospitales y clínicas, así como financiación rápida y predecible para los Estados vecinos que acogen refugiados. La acción humanitaria debe contar con recursos que reduzcan la dependencia de los grupos de poder locales que utilizan el acceso a la ayuda como medio de presión; las condiciones y la supervisión independiente son esenciales para prevenir la cooptación.

Existe, además, un imperativo moral y legal de identificar y exigir responsabilidades a quienes se benefician de la violencia. Describir a Sudán como un “caos” despoja de capacidad de acción a los actores que fomentan activamente las condiciones de violencia. Cuando existen pruebas creíbles, los enjuiciamientos, las sanciones y la presión diplomática selectiva son herramientas legítimas para modificar la conducta. Si se demuestra que los Estados o intermediarios están reexportando armamento en violación de los embargos, deben afrontar consecuencias políticas y económicas por permitir y auspiciar el sufrimiento masivo.

Finalmente, cualquier solución duradera debe priorizar la capacidad de acción de Sudán. Las medidas internacionales deben fortalecer instituciones de transición creíbles, reforzar la supervisión de la sociedad civil y garantizar que los acuerdos económicos posteriores al conflicto no reproduzcan la economía de guerra. Una paz que simplemente reparta los ingresos entre ejércitos rivales será efímera; una paz que desmantele las estructuras que hacen rentable la violencia y restablezca una gobernanza responsable puede perdurar.

La actual tragedia de Sudán no es una casualidad histórica; es el resultado previsible de un sistema que se lucra con la violencia. Si la comunidad internacional realmente quiere evitar más matanzas, debe seguir el rastro del dinero y las municiones con la misma diligencia con la que sigue la retórica diplomática. Sólo cuando la guerra deje de ser rentable surgirán los incentivos para la paz. Es hora de actuar.

Foto de portada: El humo se eleva sobre la línea del frente, donde se producen enfrentamientos entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Jartum, Sudán, el 27 de diciembre de 2024. [Osman Bakır – Agencia Anadolu]
Sudán en LoQuesomos
* Nota original: Sudan’s war is a business model of violence.
Muhammad Shahzaib Hassan es graduado en Relaciones Internacionales y asistente de investigación en el Centro de Control de Armas y Desarme del Instituto de Estudios Estratégicos de Islamabad (ISSI, por sus siglas en inglés).
– Traducido por Sinfo Fernández para ‘Voces del Mundo’

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