La brecha entre promesas y acciones: el mundo suspende en la protección de la naturaleza
Por Luz Micelio
Un informe de la ONU revela que por cada dólar invertido en conservar la biodiversidad se gastan 30 en destruirla, y advierte que los objetivos para 2030 están lejos de alcanzarse. Guterres señala a las «relaciones de poder» como el obstáculo de fondo
La comunidad internacional afronta estos días una evidencia incómoda: sus compromisos para frenar la destrucción de la naturaleza no están a la altura del desafío. Un nuevo informe de Naciones Unidas, presentado el jueves 15 de octubre, en Ereván (Armenia), concluye que, aunque casi el 90% de los países ha establecido metas nacionales para proteger la biodiversidad, menos de la mitad avanza al ritmo necesario para cumplirlas antes de 2030.
El documento evalúa por primera vez los avances mundiales desde la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, un acuerdo histórico que fijó 23 objetivos para detener y revertir la destrucción de los ecosistemas. Entre ellos destaca el compromiso de proteger al menos el 30% de las tierras y los mares del planeta a finales de esta década. Sin embargo, los planes actuales solo permitirían alcanzar una protección del 26% de los ecosistemas terrestres y del 12% de los marinos.
«Existe una brecha entre la ambición y la acción», resumió el Secretario General de la ONU, António Guterres, durante la presentación del informe.
Progresos reales, pero insuficientes
El balance no es completamente negativo. Más de la mitad de los países ha elaborado planes para aplicar sus compromisos y más del 70% ha comunicado resultados. Además, pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones y empresas han presentado cerca de 5.000 compromisos voluntarios, una señal del creciente interés social por la conservación.
Pero ninguna de las 23 metas mundiales presenta un balance plenamente positivo. Los mayores retrasos se concentran en los objetivos más transformadores: aquellos destinados a cambiar las actividades económicas que impulsan la pérdida de biodiversidad, eliminar los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y movilizar los recursos necesarios para su protección. El informe también señala obstáculos como la falta de financiación, la escasa cooperación científica, el acceso limitado a tecnologías y la deficiente coordinación entre gobiernos, dificultades que golpean con especial dureza a los países en desarrollo.
La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, subrayó que es imprescindible aumentar «tanto la velocidad como la magnitud» de las medidas adoptadas en todos los sectores de la sociedad para alcanzar las metas de 2030.
Una economía que financia su propia destrucción
Si hay un dato que resume la contradicción del momento, es el que ofreció la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen: «Por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, todavía se gastan 30 dólares en destruirla».
El acuerdo mundial contempla movilizar 200.000 millones de dólares anuales para la biodiversidad, procedentes de fuentes públicas y privadas, pero las prioridades financieras siguen apuntando en la dirección opuesta. El informe State of Finance for Nature 2026, publicado por el PNUMA el pasado enero, cuantifica esa asimetría con precisión: en 2023 se destinaron 7,3 billones de dólares a actividades perjudiciales para la naturaleza —4,9 billones procedentes del sector privado, concentrados en utilities, industria, energía y materiales básicos, y 2,4 billones en subsidios públicos nocivos para combustibles fósiles, agricultura, agua, transporte y construcción—, frente a solo 220.000 millones a soluciones basadas en la naturaleza. De esa cantidad, casi el 90% procede de fondos públicos; la inversión privada fue de apenas 23.400 millones, un 10% del total.
Para cumplir los objetivos, la inversión en naturaleza debería multiplicarse por 2,5 hasta alcanzar los 571.000 millones anuales en 2030, una cifra que, paradójicamente, equivale a solo el 0,5% del PIB mundial. Andersen pidió reorientar los subsidios y los incentivos que financian actividades perjudiciales para los ecosistemas hacia prácticas que contribuyan a su conservación y restauración.
El poder, el verdadero obstáculo
La responsable del PNUMA recordó además que la pérdida de biodiversidad está estrechamente ligada al cambio climático. Superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento global aumenta el riesgo de degradación de los bosques, alteraciones de los ciclos naturales y daños irreversibles a los ecosistemas. Unas consecuencias que van mucho más allá de la desaparición de especies: amenazan la producción de alimentos, el suministro de agua, la salud y los medios de subsistencia de millones de personas.
Pero si hay un diagnóstico que eleva el tono del informe es el que formuló Guterres en la rueda de prensa posterior a la presentación. El Secretario General no se limitó a lamentar la falta de fondos: señaló directamente a las relaciones de poder como el obstáculo de fondo. «La industria de los combustibles fósiles todavía tiene demasiado poder. Quienes se enriquecen deforestando en muchas partes del mundo todavía tienen demasiado poder… Necesitamos cambiar esa relación de poder», afirmó.
Guterres también apuntó a una vía concreta para multiplicar los recursos disponibles: cada dólar invertido en los bancos multilaterales de desarrollo puede multiplicarse entre 5 y 8 veces, porque esas entidades pueden apalancar financiación en los mercados. Se trata, en sus palabras, de pasar de las «buenas intenciones» a decisiones presupuestarias, regulatorias y económicas coherentes con la magnitud del problema.
El Sur Global reclama un reparto justo
En esa misma dirección apunta la posición que Sudáfrica ha hecho pública de cara a la cumbre. Su viceministro de Medio Ambiente, Narend Singh, fue tajante: «La COP17 no puede ser otra conferencia que solo diagnostique la crisis de biodiversidad sin dar a los países los medios para actuar». Pretoria pedirá en Ereván un «paquete de implementación justo» que incluya financiación predecible y accesible, subvenciones públicas y financiación no basada en deuda —bajo los principios de equidad y responsabilidad histórica— y una atención especial a la información digital sobre secuencias (DSI) y al funcionamiento del Fondo de Cali.
La reclamación sudafricana refleja una preocupación compartida por buena parte de los países en desarrollo: sin medios de implementación reales, las metas globales quedan fuera de su alcance. No en vano, el propio informe identifica la falta de financiación, la cooperación científica limitada y el acceso restringido a tecnologías como los principales cuellos de botella, que afectan con especial dureza a las economías menos capacitadas.
Aprovechar lo que ya existe
Junto a las demandas financieras, otra voz autorizada introduce un matiz de eficiencia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha publicado su posición para la COP17 bajo el lema «Actuar por la naturaleza», con un argumento central: no hay que renegociar ni reinventar lo ya acordado. Existen abundantes datos, guías, estándares y evaluaciones científicas listos para usarse. El problema no es la falta de herramientas, sino que no se aplican.
Este enfoque complementa el diagnóstico de Guterres: los obstáculos no son solo el dinero y el poder, sino también la inercia burocrática y la duplicación de esfuerzos en la implementación. De poco sirve acumular informes si los países no traducen sus compromisos en políticas concretas.
Ereván, cita decisiva
El informe llega cuatro días antes de la inauguración de la COP17 sobre biodiversidad, que reunirá a representantes de los gobiernos del 19 al 30 de octubre en Ereván. La conferencia deberá examinar los progresos realizados desde 2022 y acordar cómo acelerar la aplicación de las metas mundiales, especialmente en materia de financiación, seguimiento y cooperación internacional. En el aire planea también el relevo institucional: Colombia entregará la presidencia de la COP16 a Armenia, en un traspaso que simboliza la continuidad del proceso pero que, por sí solo, no resuelve la brecha entre lo prometido y lo hecho.
Guterres instó a los gobiernos a cumplir sus compromisos financieros e incorporar la protección de la biodiversidad en sus presupuestos, regulaciones y decisiones económicas. Su advertencia final resume el espíritu del informe: «La naturaleza no prosperará solo con buenas intenciones».
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