Justicia belga: un tribunal rechaza una demanda contra el Estado por Gaza, mientras otro la reabre con un duro dictamen

Por Cecilia Remis

El sistema judicial belga ha ofrecido en los últimos meses dos respuestas aparentemente contradictorias sobre la responsabilidad del Estado en la crisis de Gaza. Mientras que un tribunal de primera instancia desestimó en septiembre de 2025 una acción urgente contra el gobierno por su «inacción», el Tribunal de Apelaciones de Bruselas ha reabierto parcialmente el caso en abril de 2026, dictaminando que Bélgica no actuó a tiempo para evitar un posible genocidio.

Un primer revés judicial (septiembre de 2025)

El 24 de septiembre de 2025, el tribunal de primera instancia francófono de Bruselas rechazó las tres demandas principales presentadas por el colectivo Droit pour Gaza, la Asociación Belgo-Palestina, la Coordinación Nacional de Acción por la Paz y dos particulares palestinos.

Los demandantes solicitaban:

• Prohibir el transporte aéreo de armas hacia Israel.
• Interrumpir los intercambios comerciales con los asentamientos israelíes.
• Denunciar o suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

Según informó VRT NWS, el tribunal argumentó que los demandantes no probaron que el Estado belga hubiera violado sus obligaciones internacionales. Sobre el transporte de armas, el fallo señaló que no se demostró que Bélgica hubiera autorizado envíos después del 7 de octubre de 2023 y destacó un acuerdo gubernamental de septiembre de 2025 para reforzar la prohibición. Respecto al comercio con asentamientos, el tribunal consideró que los textos internacionales invocados dejan un «margen de apreciación» al gobierno. Finalmente, sobre el acuerdo UE-Israel, indicó que ningún tratado obliga a Bélgica a denunciarlo.

Un giro histórico en apelación (abril de 2026)

Sin embargo, la historia tomó un rumbo diferente en el Tribunal de Apelaciones de Bruselas. Según publica el blog Causa Árabe (retomando información de El País y Primera Línea), el 2 de abril de 2026 se conoció que el tribunal había readmitido la demanda de las mismas ONG, fijando una audiencia pública para junio de 2026.

En un razonamiento considerado «histórico», los jueces de apelación declararon que son competentes para analizar si el Estado actuó a tiempo para evitar un genocidio, y concluyeron que Bélgica no lo hizo. El dictamen señala que, pese a la orden de medidas provisionales del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) del 26 de enero de 2024, que instaba a Israel a prevenir actos de genocidio en Gaza, el gobierno belga tardó más de un año en convocar una primera reunión para analizar la exportación de armas. Además, cuando las ONG presentaron su denuncia en septiembre de 2025, el Estado aún no había tomado «ninguna medida vinculante».

Por ello, los jueces concluyeron:

«El Estado belga no hizo inmediatamente todo lo que estaba en su mano para impedir el traslado de armas y material militar con destino a Israel […] que pudieran servir para cometer el delito de genocidio […] por lo que ha incumplido las obligaciones que le incumben».

Claves de la discrepancia

La aparente contradicción se explica por varios factores:

• Instancia judicial: El primer fallo fue de un tribunal de primera instancia (en procedimiento de urgencia o référé). La reapertura proviene de un Tribunal de Apelaciones, que tiene mayor jerarquía.
• Momento del análisis: La primera sentencia evaluó la situación en septiembre de 2025. La de apelación, emitida en marzo de 2026, analiza un período más largo, incluyendo la inacción belga durante más de un año después de la orden del TIJ.
• Alcance de la reapertura: El tribunal de apelaciones solo readmitió una parte pequeña de la petición original, pero esa parte es la más sustantiva: la obligación de prevenir el genocidio.

Reacciones y precedente

Las organizaciones demandantes celebraron la decisión como un «hito en el derecho internacional». Según Anne-Laure Losseau, del colectivo Droit pour Gaza, «la idea es que el principio de esta decisión es aplicable a todos los países firmantes de la convención contra el genocidio, así que podría inspirar a otros jueces».

Por su parte, el gobierno belga, que en enero de 2026 aprobó un decreto real para prohibir sobrevuelos de aviones con armas para Israel, aún no ha cumplido la mayoría de los compromisos anunciados en septiembre de 2025, según denunció Amnistía Internacional.

La audiencia final, fijada para el 1 de junio de 2026, decidirá si el Estado es formalmente declarado responsable. Mientras tanto, el caso belga se perfila como un posible precedente mundial para exigir a los países firmantes de la Convención contra el Genocidio que actúen de manera inmediata y efectiva para frenar crímenes internacionales.

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