El Salvador: aprueban reforma para instaurar la cadena perpetua
Por Agencia LQS
La iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele, permitiría prisión de por vida para homicidas, feminicidas y violadores, en un país sumido en un controvertido estado de emergencia.
Con 59 votos a favor de 60 posibles, el Congreso de El Salvador, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, dio luz verde la pasada semana a una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua, una figura actualmente prohibida por la Carta Magna del país centroamericano.
La iniciativa, que fue respaldada incluso por dos diputados del partido opositor ARENA, pasará ahora a estudio de la Comisión Política antes de ser ratificada en una próxima sesión plenaria. La única voz en contra fue la diputada Claudia Ortiz, del conservador partido VAMOS.
Durante el debate, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, justificó la medida al señalar que se aplicará a delitos graves como homicidios, feminicidios y violaciones, y que busca garantizar el “derecho de vivir sin miedo”. Horas antes, el presidente Bukele había anunciado en redes sociales que su gabinete de seguridad impulsaba la reforma, desafiando, con su típico tono chulesco y amenazador, a quienes se opusieran: “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, escribió el mandatario.
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La medida es la última de una serie de reformas impulsadas por el gobierno de Bukele que han generado fuertes críticas dentro y fuera del país. En julio de 2025, el oficialismo promovió otra enmienda constitucional para eliminar los límites a la reelección presidencial, lo que allanaría el camino para que Bukele se mantenga en el poder de forma indefinida .
La propuesta de cadena perpetua se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno, iniciada con la declaratoria de un estado de emergencia en marzo de 2022, justificada tras una ola de violencia pandillera. Dicho régimen de excepción, que ha sido prorrogado durante casi cuatro años, ha suspendido derechos constitucionales fundamentales y ha permitido la detención de más de 91,300 personas. Aunque el gobierno ha liberado a unas 8,000 que considera inocentes, organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias y han denunciado que la mayoría de los encarcelados bajo esta figura fueron arrestados sin un debido proceso.
Además, críticos del gobierno señalan que durante la represión también han sido detenidos periodistas, activistas y opositores políticos, quienes enfrentan acusaciones vagas, procesos colectivos y un acceso limitado a la defensa. Ante este escenario, la aprobación de la cadena perpetua se suma a las preocupaciones de quienes consideran que el gobierno de Bukele ha debilitado los pesos y contrapesos de la frágil democracia salvadoreña.
Funcionarios del gobierno han sostenido que la guerra contra las pandillas es una lucha necesaria y que los cabecillas capturados “jamás volverán” a las calles. La reforma constitucional ahora deberá superar la discusión en comisión y su posterior ratificación en el pleno legislativo para convertirse en ley.
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